Argentina: Vergara, Walter Ricardo y otro vs. Reino de España. Reflexiones sobre la continuidad del criterio de la inmunidad de jurisdicción

Por Paula M. All* y Florencia S. Wegher Osci**

I. Introducción

La inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros constituye un ejemplo típico de vinculación estrecha entre el Derecho internacional público y el Derecho internacional privado, una zona gris en la que no sólo no hay una prevalencia de uno sobre otro sino que, además, es un tema que se encuentra en constante evolución.

De esta forma, es posible visualizar de qué manera se entrecruzan e interrelacionan conceptos del Derecho Internacional público (el Estado como actor, como sujeto), del Derecho internacional privado (por referirse los litigios a relaciones de naturaleza privada) y del Derecho procesal internacional (ya que a inmunidad constituye una excepción a la competencia de los tribunales judiciales estatales que tiene la capacidad de afectar la protección de ciertos derechos individuales).

De allí que resulte necesario analizar qué tipo de posturas legislativas y jurisprudenciales han asumido los países como respuesta al interrogante de si resulta posible que un Estado sea sometido a juicio ante los tribunales de otro Estado.

La cuestión es delicada y, al respecto, existen dos posiciones. De un lado, la teoría de la inmunidad absoluta o incondicionada según la cual existe una imposibilidad de que un igual juzgue a otro igual. Es ésta la posición clásica que sostiene que aún cuando un país realice actividades propias de los sujetos privados trabándose en relaciones jurídicas con éstos, no podrá ser demandado sino ante sus propios tribunales.

La única posibilidad de litigar ante jueces foráneos se presenta cuando el Estado demanda, o en el supuesto de que sea demandado cuando consiente la jurisdicción de tales jueces. Considerando a tal criterio como la consagración de un privilegio injustificado, con el paso del tiempo se han formulado una posición aludida como de la inmunidad restringida o limitada.

Lo esencial del pensamiento de quienes rechazan la inmunidad absoluta parte de distinguir entre los actos que el Estado lleva a cabo en ejercicio de su poder público, de aquellos actos en los que el Estado es parte en relaciones jurídicas de derecho privado.

Con respecto a los primeros, la inmunidad se encuentra justificada, mientras que en relación con los segundos el Estado debe ser tratado como un sujeto privado, pudiendo ser llevado ante los tribunales de cualquier país para dirimir sus conflictos. Sin embargo, más allá de los criterios generales aceptados, no deja de ser cierto que en algunas ocasiones la distinción entre tales tipos de actos suele generar problemas.

Históricamente, la inmunidad jurisdiccional y de ejecución del Estado extranjero se ha fundado en la soberanía o independencia jurisdiccional de los Estados, la par in parem non habet imperium, la cortesía internacional y la dignidad misma de los países.

De acuerdo al principio de inmunidad de jurisdicción, los tribunales judiciales de un Estado deben abstenerse de ejercer jurisdicción en procesos en los cuales otro Estado resulte demandado sin el consentimiento de este último.

La inmunidad tiene diversos alcances y no es casual que los precedentes judiciales del siglo XIX se encuentren impregnados de la tesis de la inmunidad absoluta, mientras que con el correr del tiempo se haya operado un cambio hacia la posición de la inmunidad restringida, coincidiendo quizás con el hecho de la irrupción del Estado en el comercio exterior en un marco de transición del modelo de economía liberal hacia un mayor intervencionismo estatal en la actividad económica.

De esta manera, la tesis restrictiva de la inmunidad de jurisdicción abre la posibilidad de que los tribunales nacionales dicten sentencias en las cuales condenen a un Estado extranjero que se ha visto involucrado en un litigio, y que no sólo se decreten en el juicio medidas precautorias o conservativas de carácter procesal contra el Estado extranjero hasta que se dicte el fallo, sino que en el supuesto de que el Estado extranjero no cumpla voluntariamente con lo establecido en la sentencia, sea factible proceder a la ejecución de los bienes del Estado extranjero para satisfacer las acreencias del acreedor.

II. La legislación y la jurisprudencia argentina

En 1958 Argentina dictó el decreto-ley 1285, cuyo art. 24 inc.1, 2° párrafo dice que no sedará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente la conformidad de ese país para ser sometido a juicio. Luego el decreto 9015 de 1963 agregó en un 3er. párrafo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo declare respecto de un país extranjero la falta de reciprocidad mediante un decreto debidamente fundado. Es decir que, si se emitía un decreto de estas características, el Estado extranjero quedaba sometido a la jurisdicción argentina en las cuestiones o aspectos señalados en la declaración.

Desde fines del siglo XIX, a partir del texto de los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional (actualmente arts. 116 y 117 después de la reforma constitucional de 1994), se ha ido conformando una base interpretativa ratificada por textos legales consistentes en la imposibilidad de someter a juicio ante tribunales argentinos a un Estado extranjero sin requerir previamente su “consentimiento o asentimiento”.

De esta forma, la falta de voluntad positiva quitaba jurisdicción a los tribunales nacionales. Sin embargo, en la últimas dos décadas se han producido cambios que han culminado en el dictado de la ley 24.488 de 22 de junio de 1995 relativa a la inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos. No obstante, la sanción de esta norma no desplaza ni deja sin vigencia el requisito establecido por el art. 24 del decreto 1285/58, por lo que continúa siendo necesario obtener conformidad del Estado extranjero para su sometimiento ante los tribunales nacionales.

En la jurisprudencia argentina pueden diferenciarse dos etapas: la primera con una clara aceptación de la teoría de la inmunidad absoluta del Estado (ver, entre otros, los fallos de la CSJ en “José B. Zubiaurre c/ Gobierno de Bolivia” (1899), “Fisco Nacional c/ Rodolfo Monez Cazón y otro” (1916), “Roldán c/ Embajada de Vietnán del Sur” (1974), “Samuel Gómez c/ Embajada Británica s/ despido” (1976), y, la segunda, con una recepción a partir de 1994 de la tesis de la inmunidad restringida.

El 22/12/1994 la Corte Suprema falla en la causa “Manauta, Juan J. y otros c. Embajada de la Federación Rusa s. daños y perjuicios”, relativa a una demanda por falta de aportes previsionales, reflotando la discusión entre los fundamentos de la inmunidad y las diferentes tesituras frente a este problema y, en definitiva, termina cambiando su posición “tradicional”.

El cambio de opinión del máximo Tribunal argentino se basó en cuatro argumentos:

a) la distinción entre actos de imperio y de gestión;

b) el cambio en los usos y costumbres internacionales;

c) la situación de desamparo que se da en este tipo de reclamos respecto de quienes accionan por el reconocimiento de sus derechos; y

d) el tratamiento otorgado a la República Argentina por otros Estados, aun en casos en que el carácter de “actos de gestión” era muy dudoso y, por ende, estaba controvertido.

La adopción del fallo “Manauta” resulta paradigmática ya que la Corte adopta el criterio de la tesis de la inmunidad de jurisdicción restringida e impulsa, en cierta forma, que el 31 de mayo de 1995 se sancionara la ley 24.488, la cual establece en su artículo 1 que los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos en los términos y condiciones allí establecidas. Sin embargo, el art. 2 dispone que “no podrán invocar” esa inmunidad en los supuestos que allí se describen (ocho en total).

En realidad, nadie puede impedir que se invoque la inmunidad; lo que surge de la normativa es que no será admitido el planteo en los supuestos enumerados en el citado artículo.

En lo que nos interesa en esta oportunidad, es dable destacar que el tercer inciso del artículo 2 hace referencia a las actividades iure gestionis (“…actividad industrial o comercial llevada a cabo por el Estado extranjero…”) y agrega, que la jurisdicción de los tribunales argentinos debe surgir del contrato invocado o del derecho internacional.

Haciendo una lectura crítica de la norma puede decirse que con imprecisión se está haciendo referencia a la necesidad de que exista jurisdicción internacional argentina para entender en la causa, presupuesto sin el cual no se presentaría nunca el problema de la demandabilidad del Estado extranjero ante nuestros tribunales.

La Corte Suprema en los fallos posteriores a “Manauta” ha reiterado la doctrina allí expresada y ha encuadrado el accionar del Estado extranjero en alguna de las causales enumeradas en el art. 2 de la ley 24.488.

Así, pueden citarse, entre otros, “Mercedes Noemí c/ Korea Trade Center s/ despido” (1996), “Cereales Asunción S.R.L. v. Administración Nacional de Navegación y Puertos de la República del Paraguay” (1998), “Saravia, Gregorio c. Agencia de Coop. Internacional del Japón” (1998), “Cereales Asunción S.R.L. c. Administración Nacional de Navegación y Puertos de la Rep. Del Paraguay” (1998), “Duhalde, Mario Alfredo c. Organización Panamericana de la Salud -Organización Mundial de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana” (1999), “Coronel Oscar Antonio y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ accidente en el ámbito militar y de las fuerzas de seguridad” (2000), “Ceresole, Norberto Rafael c/ República de Venezuela” (2001), Vallarino, Edelmiro Osvaldo c. Embajada del Japón” (2005), “S. A., F. c. Embajada de Portugal” (2005), “Davidoff, Constantino c. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte” (2007), “Clementi, Edgar Omar y otro c. Embajada de la Federación Rusa y otros s/ cumplimiento de contrato” (2011), “M., C. I. c. Embajada de la República de Indonesia s/ despido” (2013).

Sin perjuicio de las críticas que puede efectuarse a esta ley en cuanto a su redacción, creemos que ha sido importante para Argentina adoptar por ley un marco normativo certero que establezca la postura que implica terminar con la tesis de la inmunidad absoluta que se mantuvo hasta el fallo de la Corte Suprema en “Manauta”.

Ahora bien, la ley 24.488 omite el tratamiento de las inmunidades de ejecución y el embargo de los bienes de un Estado extranjero. Ante esta laguna hay quienes se han pronunciado en el sentido de que sería necesario un nuevo planteo de inmunidad para obtener la ejecución o el embargo, tomando como base el art. 34.2 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

En materia de inmunidad de ejecución, la Corte en el caso “Blasson, Beatriz Lucrecia G. c/ Embajada de la República Eslovaca” (1999), revocando las anteriores decisiones ordenó el levantamiento del embargo preventivo sobre la cuenta corriente de titularidad de la Embajada.

Entre otras, las argumentaciones del tribunal giraron en torno a que no existía en la Argentina una norma de derecho interno que regulara específicamente el conflicto de inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros y que, ante este vacío, el caso debía ser resuelto de conformidad a las normas y principios del derecho internacional, agregando que las medidas ejecutorias contra bienes de un Estado extranjero que implican el empleo de la fuerza pública del Estado del foro, afectan gravemente la soberanía e independencia del Estado extranjero, razón por la cual no cabe extender las soluciones sobre inmunidad de jurisdicción a los casos de inmunidad de ejecución ya que la renuncia a la primera no importa, de por sí, la dimisión a la segunda inmunidad.

Este criterio fue seguido en “Louge A. Beltran y otro c. Gobierno de Su Majestad Británica s/ incidencia de embargo” (2000) y en “Obras Sanitarias de la Nación v. Embajada de la URSS- Representación comercial de Rusia” (2001). Asimismo, resulta interesante el voto en disidencia de Boggiano en el Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa “Torres, Norma c/ Embajada del Reino de Arabia Saudita” (2005). Sosteniendo este criterio jurisprudencial, recientemente, la Corte Suprema resolvió en “Premiani, Vicente Nazario c. Embajada del Reino de Arabia Saudita s/ despido”(2014) la improcedencia de una medida cautelar decretada sobre bienes alcanzados por la protección conferida por el art. 22 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.

III. El caso “Vergara, Walter Ricardo y otro c/ Reino de Espala s/ civil y comercial-varios

1. Hechos

Walter Ricardo Vergara y María Silvia Álvarez viajaron a España con el fin de asistir a la bofa del hermano de uno de ellos. Al arribar al aeropuerto de Barcelona, las autoridades del “Control de Frontera” (empleados pertenecientes a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil –dependiente del Ministerio del Interior de España) luego de preguntarles sobre los motivos del viaje, “los interrogaron, mantuvieron arrestados en dependencias del aeropuerto para, finalmente, denegarles el ingreso y enviarlos de regreso al país”.

2. El planteo del actor y el problema de fondo

Ante lo ocurrido, Vergara y Álvarez entablaron una demanda ante los jueces argentinos contra el Reino de España por daños y perjuicios. En este sentido, adujeron haber sufrido tratamientos vejatorios por parte de las autoridades, que se manifestaron en comentarios discriminatorios, alojamiento en sitios inadecuados y en condiciones inhumanas, permanente privación de libertad y falta de asistencia legal efectiva”. Sostuvieron que los habían sometido a tratos crueles y degradantes, incomunicándolos y deportándolos finalmente.

El problema de fondo es la competencia de los jueces argentinos para entender en un caso en el cual dos particulares demandan a un Estado extranjero que posee inmunidad y el alcance de dicha inmunidad.

3. La decisión de los tribunales inferiores argentinos

El Juez Federal n° 2 de Córdoba, como magistrado de primera instancia interviniente, ordenó que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, se le requiriera al representante diplomático del Reino de España en la Argentina la conformidad de aquel Estado para ser sometido a juicio, en los términos de los establecido en el art, 24 del decreto ley 1285/58.

En respuesta a esta solicitud, la Embajada española comunicó que no se sometería a los tribunales argentinos “por considerar que los actos que se le reprochan en la demanda son actos iure imperii, es decir, realizados por el Estado español en ejercicio de su soberanía”.

Ante la respuesta, el juez de primera instancia consideró que correspondía aplicar el principio de inmunidad de los Estados extranjeros y, por ende, se declaró incompetente para entender en la demanda contra el Reino de España.

Los actores apelaron dicha decisión y la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el pronunciamiento de primera instancia, al considerar que el control de las fronteras y las actividades desplegadas en este sentido encuadraban dentro de lo que se conoce como actos de imperio –iuri imperii–, y que se encontraban por tanto comprendidos dentro de la regla general de inmunidad de los Estados extranjeros, establecida por la ley 24.488.

Por otra parte, consideró que el Reino de España –como parte demandada- no había prestado su conformidad para ser sometido a juicio, y destacó que la sujeción de un Estado soberano a los tribunales de otro, en contra de su voluntad, “podría generar un peligro para las relaciones entre los gobiernos involucrados y afectar la paz de las naciones en perjuicio del interés público internacional”.

4. El recurso extraordinario interpuesto y las argumentaciones de la actora

Contra el pronunciamiento de la Cámara, los actores interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte, el cual resulta admisible toda vez que el tema planteado refiere al alcance de la inmunidad de los Estados extranjeros y por ende “se relaciona con un principio elemental de la ley de las naciones que revela un inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia deba ser establecida” por dicho tribunal.

Por otra parte, “la sentencia apelada tiene carácter definitivo dado que impide someter el caso a los tribunales argentinos y, por consiguiente, obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de carácter constitucional”. Es decir, en el caso se encontraba en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter federal.

La parte actora se agravia alegando que el a quo omitió el tratamiento de lo establecido en el art. 2 de la ley 24.488 (especialmente lo previsto en su inc. 5 relativo a delitos y cuasidelitos) y consideró que por esa vía se encontraría habilitada la jurisdicción de los tribunales argentinos para entender en la causa, posibilitando de esta forma responsabilizar civilmente al Estado español.

Asimismo, esgrime que la decisión de la Cámara Federal es contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa “Manauta”, en la cual el Tribunal adoptó la teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción. Finalmente, enfatizó que la sentencia de segunda instancia desconocía sus garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción, igualdad ante la ley, defensa en juicio y debido proceso de ciudadanos argentinos que pretenden el amparo de los jueces argentinos.

5. El dictamen de la Procuración General de la Nación

Con respecto a lo procedimental, la Procuración entiende que el recurso es formalmente admisible y, en cuanto al fondo del asunto, en su opinión la Cámara “ha resuelto en forma adecuada los planteos formulados por los actores con respecto a la incompetencia de los tribunales locales” para decidir en el caso.

Así, precisa que “no es ocioso recordar que en materia de demandas promovidas contra un Estado extranjero, como principio, éste no se halla sometido a las jurisdicciones de otros Estados conforme a una sólida y aceptada norma de Derecho internacional, sin perjuicio de que ello pueda ser dejado de lado en algunos supuestos. Tal inteligencia ha sido sostenido por la Corte en la causa “Manauta” y, posteriormente, adoptada en la ley 24.488”.

De esta forma, el dictamen dispone que en base a la ley 24.488 surge con claridad que “la inmunidad de jurisdicción sigue siendo el principio (art. 1), aunque restringida a los actos iure imperii, mientras que sus excepciones se encuentran expresamente previstas en el art. 2 del mismo cuerpo normativo”. En el caso analizado, la Procuración estima que “tales hechos no pueden ser incluidos entre las excepciones previstas en el art. 2, en especial la del inc. e –como sostienen los apelantes-, dado que el supuesto allí establecido se refiere únicamente a los delitos y cuasidelitos cometidos en el territorio nacional y, por lo tanto, no puede extenderse a los producidos en el territorio extranjero (…)”.

En tales condiciones, sostiene que “si bien el principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros no alcanza a su actividad comercial (actos iure gestionis) (…), ello no alcanza a situaciones como la de autos, pues no cabe suponer que las acciones aquí denunciadas puedan ser consideradas como parte de aquélla, antes bien, opino que los hechos aquí cuestionados trasuntan el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por tanto, están comprendidos en el art. 1 de la ley 24.488”.

Finalmente, el dictamen señala que al no haberse producido la renuncia por parte del Reino de España, y dado que el objeto de la pretensión no encuadra en las excepciones previstas al principio de inmunidad de jurisdicción, corresponde confirmar la sentencia de Cámara apelada.

6. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia

Según el máximo tribunal, la indemnización de daños y perjuicios derivados de la actividad de órganos del Estado extranjero en el puesto de control de fronteras del Aeropuerto de Barcelona, no puede ser incluida entre las excepciones previstas en el art. 2, inc. e de la ley 24.488 por haber sido cometidas dentro de los límites territoriales del Estado demandado. Por otra parte, tampoco puede tal conducta ser calificad como acto de iure gestionis.

En el considerando 4° de la sentencia, expresa “que se trata de una actividad que trasunta el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por lo tanto, está comprendida en el art. 1 de la ley 24.488 de Inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos, de tal forma que verificar el examen de los actos de un Estado soberano por los tribunales de otro y acaso declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero, llevaría sin duda a poner en peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones, entre otros, y dictamen de esta Procuración”.

El Tribunal remarca en la sentencia que la cuestión que se debate guarda analogía por la resuelta en los autos “Louge, A. Beltrán y otro c/ Gobierno de su Majestad Británica c/daños y perjuicios (de fecha 10/06/2014), “a cuyos términos y conclusiones cabe remitir en aras de brevedad”.

De esta forma, la Corte en fecha 15/03/2016 –con votos de los jueces Lorenzetti, Higton de Nolasco y Maqueda-, siguiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal, declaró formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmó el pronunciamiento de los tribunales inferiores determinado la incompetencia de los tribunales argentinos para entender en la demanda interpuesta contra el Reino de España.

IV. Los antecedentes más recientes: “Crostelli, Fernando y otros c. EN – M. Economía”, “Claren Corporation c. Estado Nacional -Arts. 517/518 Cód. Procesal Civ. y Com. Exequátur- s/ varios”, “Louge A. Beltrán y Otro c. El Gobierno de su Majestad Británica s/ daños y perjuicios” y “Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c. República italiana s/ proceso de conocimiento”

Durante 2014, la Corte Suprema atendió una serie de casos referidos al reconocimiento de sentencias obtenidas en Estados Unidos que ordenaban el pago de bonos de deuda externa emitidos por Argentina. Las decisiones en los casos “Crostelli” y “Claren”, abordaron el problema de la inmunidad –tanto de jurisdicción como de ejecución del Estado argentino–, resolviéndose en ambas oportunidades rechazar el reconocimiento de las decisiones extranjeras en favor de la regla de inmunidad del Estado argentino, entre otros argumentos esgrimidos por los magistrados (cuyo análisis excedería el propósito de esta reseña).

La alegación de inmunidad por parte de Argentina resultaba una estrategia controvertida, toda vez que los bonos contaban con una cláusula de prórroga de jurisdicción que le permitiría a los acreedores recurrir a los tribunales de los Estados Unidos para hacer efectivo el cobro de sus derechos.

En su sentencia del 10/06/2014 “Louge A. Beltrán y Otro c. El Gobierno de su Majestad Británica s/ daños y perjuicios” la Corte Suprema confirmó el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que hizo lugar al pedido de al pedido de inmunidad de jurisdicción efectuado por el Gobierno de su Majestad Británica, al entender que la indemnización por daños y perjuicios reclamada por los actores tenía su origen en un acto iure imperii y, en consecuencia, no se encontraba encuadrada en el supuesto de excepción del art. 2, inc. c de la ley 24.488.

La controversia se enmarcaba en una compraventa internacional de mercaderías para la importación de semillas de papas, respecto de la cual el Gobierno de Gran Bretaña había expedido un certificado fitosanitario.

Sin embargo, las mismas fueron remitidas pues no habrían sido aptas para su comercialización o cultivo por la presencia de enfermedades cuya naturaleza haría imposible su ingreso al país. El máximo Tribunal determinó el alcance del término “actividad comercial o industrial” en el ámbito del art. 2 inc. c de la ley 24.488, “con apoyo en la Convención Europea sobre inmunidad de jurisdicción de los Estados, en la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 2004 (…) y en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del caso ´Cereales Asunción´”.

En este contexto, la Corte confirmó la sentencia, siguiendo el dictamen de la Procuración Fiscal, señalando que “la expedición del certificado se trata de una actividad que trasunta el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por lo tanto, está comprendida en el art. 1 de la ley 24.488, de tal forma que verificar el examen de los actos de un Estado soberano por los tribunales de otro y acaso declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero llevaría sin duda a poner en peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones”.

En oportunidad de decidir sobre un caso que involucraba a la República Italiana, “Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c. República italiana s/ proceso de conocimiento”, la Corte Suprema en fecha 05/11/2013 hizo lugar al recurso extraordinario federal, por considerar que la cuestión relativa a la inmunidad de los Estados configura un principio elemental de la ley de las naciones, desprendiéndose de ello su carácter federal y la consecuente competencia del máximo Tribunal.

En este sentido, atendiendo a la vigencia del decreto ley 1285/58 determinó, contrariamente a lo resuelto sobre el punto por el a quo, que no habiéndose seguido en el caso el debido procedimiento establecido por el decreto-ley 1285/58 (todavía vigente conf. Fallos: 328:2522) para dar curso a la demanda contra un Estado extranjero que indica la obligación de “(…) requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”, corresponde admitir el planteo de nulidad formulado por la parte demandada.

Sin embargo resolvió que dado que la contienda no se vinculaba con actos de gobierno, sino con el cumplimiento de un cargo contenido en un legado en favor del gobierno italiano, la razón de ser de la inmunidad jurisdiccional no se veía configurada. En consecuencia, declaró parcialmente procedente el recurso extraordinario, y decretó la nulidad de lo actuado, desestimó el planteo de inmunidad de jurisdicción introducido por la demandada y ordenó la continuación del trámite mediante la adecuada sustanciación de la pretensión de fondo.

V. Conclusiones

El principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados, fundado en la independencia, la cortesía internacional y la dignidad de los países, implica que una nación soberana no puede ser perseguida ante tribunales foráneos. Esto ya era pronunciado en 1849 por la Cour de Cassation francesa en “Gobierno Español c. Cassaux” y, con anterioridad, en 1812 el Tribunal Supremo de Estados Unidos en “The Schooner Exchange v. McFaddon” mencionaba la existencia de un uso general en materia de inmunidad del Estado extranjero y una opinión general derivada de dicho uso, reconociendo la inmunidad absoluta del Estado extranjero.

Con el paso de los años la tesis de la inmunidad absoluta ha dado paso a la posición de la inmunidad restringida que parte de la distinción entre actos de iure imperii y de iure gestionis, reservando la aplicación del principio de inmunidad sólo respecto de aquellos actos en los cuales el Estado actuara en ejercicio del poder público.

Ahora bien, todo aquello que se vincule con la consagración de inmunidades jurídicas, en cualquiera de sus manifestaciones o dimensiones, constituye un privilegio y, como tal, amerita un minucioso análisis para determinar cuándo y bajo qué condiciones es justo admitirla.

En esta línea, la República Argentina ha evolucionado hacia la tesis de la inmunidad relativa con la sanción de la ley 24.488 pero, sin embargo, su avance no ha sido completo ya que se mantiene la inmunidad absoluta de ejecución. Como consecuencia, el mayor inconveniente es la apertura de jurisdicción en un relativamente amplio tipo de causas, que luego carecen de una posibilidad de obtener el cumplimiento forzado de las sentencias condenatorias, con lo cual el avance producido en la materia queda “a mitad de camino”.

La ley 24.48 en términos comparativos, se asemeja en líneas generales los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes de 2004. Este tratado multilateral con vocación universal que articula un enfoque global frente al tema sólo ha sido ratificado a la fecha por 18 Estados (entre los cuales el único país latinoamericano es México que ratificó en 2015), necesitando alcanzar un total de 30 ratificaciones para que se produzca su entrada en vigor.

En los dos textos se recepta la inmunidad de jurisdicción, la que resulta excepcionada en aquellos supuestos que la misma normativa establece, aunque debe destacarse que en orden a este punto existen diferencias entre el texto argentino y el convencional. Mientras que la ley argentina calla, la Convención de 2004 va más allá y declara expresamente la inmunidad de ejecución, aunque la misma no es absoluta sino restringida, admitiéndose la traba de embargos y medidas coactivas.

La línea jurisprudencial seguida desde el fallo “Manauta” hasta la actualidad no hace sino reafirmar la posición adoptada en ese momento. El fallo que comentamos no constituye una excepción y, en ese sentido, tanto los tribunales inferiores, como el dictamen de la Procuración y la sentencia de la Corte Suprema ratifican que, salvo los casos contemplados en los 8 incisos del art. 2 de la ley 24.488 en los cuales no es dable que los Estados extranjeros aleguen su inmunidad, de acuerdo al art. 1 de la citada normativa, los mismos son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos.

Todavía más, de acuerdo al art. 4 de la ley argentina, la presentación de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos para invocar la inmunidad de jurisdicción, no pude ni debe interpretarse como aceptación de competencia.

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* Profesora Titular de Derecho internacional privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Investigadora del Centro de Investigaciones- Secretaría de Ciencia y Técnica, FCJS- UNL.

** Ayudante de Cátedra de Derecho internacional privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Becaria de Doctorado de la Universidad Nacional del Litoral – Secretaría de Ciencia y Técnica, FCJS- UNL.

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