Brasil: MERCOVI vs. COMAB, Homologación de laudo arbitral extranjero

Por Renata Alvares Gaspar

El 23 de noviembre de 2015 ha pasado en juzgado la decisión adoptada por el STJ, en sede de homologación de laudo arbitral extranjero, en que este tribunal reconoció -y por lo tanto le abrió la vía ejecutiva judicial en Brasil- el laudo proferido por un tribunal arbitral internacional con sede en Uruguay que, el 17 de junio de 2010, decidió en contra de la Comisión Mixta Argentina-Brasileña (COMAB), por un monto de R$9.590.328,35 y R$16.796.201,83.

de seguidas se cuenta como se han desarrollado los hechos que conllevaron al punto central del argumento contra la homologación del laudo en cuestión.

La COMAB se creó en 1989, mediante acuerdo celebrado entre Argentina y Brasil (aprobado por la Ley 23.772, mediante Decreto Legislativo 82/90), para que fuesen iniciados los trabajos de preparación para la construcción y explotación de un puente internacional sobre el Río Uruguay, a través del cual se unirían las ciudades de Santo Tomé (provincia de Corrientes) y São Borja (Estado do Rio Grande do Sul).

Entre las obligaciones de la COMAB estaban la convocatoria y gestión de una licitación para la construcción del puente (obra pública). Además, la COMAB sería responsable de gestionar, tras la licitación, la ejecución de la obra y la administración del contrato internacional en cuestión.
La MERCOVIA S/A entra en este “juego”, al ser seleccionada por la COMAB, como concesionaria de la obra en cuestión.

Se cuenta en los hechos del proceso de reconocimiento, que en un determinado momento (del cual no hemos podido encontrar documento oficial que diera cuenta con exactitud), MERCOVIA S/A instauró un procedimiento arbitral contra la COMAB, por no haber llegado a un acuerdo con el Organismo Internacional en cuestión, sobre la necesidad de realizar un ajuste económico-financiero del contrato de concesión de obra pública. En función de ello, las partes firman un acuerdo el 1 de octubre de 2002, en el cual se previó que la COMAB pagaría a MERCOVIA el monto de R$17.561.919,00 (reales) en tres cuotas iguales y sucesivas en los meses de mayo, junio y julio de 2003, a titulo de ajuste económico-financiero contractual.

No obstante, aún considerando los informes presentes en el proceso judicial indicado, consta que COMAB no cumplió con el acuerdo citado, razón por la cual en noviembre de 2008 las partes celebran un acuerdo arbitral, fijando como objeto de este segundo arbitraje, el referido incumplimiento del pacto.
El procedimiento arbitral se desarrolló normalmente y en el 17 de junio de 2010, el tribunal elegido por las partes dictó sentencia por la cual condenó COMAB al monto ya indicado en el primer párrafo de este comentario (R$9.590.328,35 y R$16.796.201,83, todo ello en reales).

No habiendo, una vez más, cumplimiento voluntario del laudo válidamente dictado por parte de la COMAB, MERCOVIA no tuvo más remedio que intentar la demanda de homologación ante el STJ brasileño, con la finalidad de que la vía ejecutiva judicial se abriera, para que el laudo fuese cumplido bajo orden judicial (incluyendo medidas judiciales de expropiación de bienes de la deudora, si fuese el caso).

Así fue la aventura hasta la llegada del asunto al STJ.

En el tribunal de homologación de Brasil (STJ), la COMAB fue debidamente citada y presentó contestación. Como argumento principal afirmó que no había sido respetado el debido proceso en el arbitraje, dado que Brasil debió haber sido integrado al procedimiento. Además, esgrime no ser parte legítima en el procedimiento arbitral.

Como ya he comentado en otras oportunidades en Brasil, el Ministerio Público Federal actúa en los procesos de homologación, como custos legis. De tal forma que intimado, el MPF opinó en favor del reconocimiento bajo los siguientes argumentos que merecen ser transcritos:

“La cuestión de la legitimidad argumentada por COMAB, sostenida igualmente por la Unión (Estado), no puede prevalecer toda vez que en el primer arbitraje, que ha tenido como objeto el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contracto internacional de concesión de obra pública, la Unión (Estado) a través de los respectivos ministerios de relaciones exteriores, de transporte y de hacienda, reconoció la validez del acuerdo celebrado entre la COMAB y la requerida, lo que ha sido debidamente homologado por el Tribunal Arbitral, no cabiendo, en este momento, negarse la legitimidad antes reconocida” .

Tal contestación de legitimidad de parte, lleva a COMAB a pedir que el laudo no sea homologado, por ofensa al orden público.

El STJ, una vez más, de forma acertada concede el reconocimiento, afirmando que en sede de reconocimiento no caben tales alegaciones, pues se trata de un proceso “delibatorio”, que solo busca averiguar las exigencias formales de la sentencia extranjera homologanda. El tribunal estatal referido ha entendido que los requisitos han sido todos cumplidos y que los argumentos esgrimidos debían hacerse valer en el arbitraje y no en el proceso de reconocimiento.

De tal forma que, textualmente, decide el tribunal que

“2. Los argumentos propuestos por la Requerida no tienen lugar en el presente requerimiento de homologación de sentencia extranjera, más en el proprio ámbito del procesamiento arbitral. 3. Además, la COMAB posee personalidad jurídica internacional, siendo la parte legítima indicada por la República Federativa de Brasil y la República Argentina para figurar en demandas judiciales llevadas a los tribunales arbitrales. 4. Pedido de homologación concedido […]”.

Decidiendo de esta forma, el STJ una vez más demostró que en Brasil los temas de reconocimiento u homologación de decisiones extranjeras –sean ellas judiciales, religiosas o arbitrales– están estrictamente dentro del ámbito jurídico y no político.

Con ello va consolidando su posición en favor del arbitraje, no permitiendo que argumentos espurios o meramente legalistas impidan que una decisión arbitral, válidamente obtenida con arreglo al contrato y a las normas jurídicas aplicables, produzca efectos jurídicos en Brasil.

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