Venezuela: El acceso a la justicia y la prueba del carácter ejecutoriado de la sentencia extranjera de divorcio en sede de exequátur

Por Claudia Madrid Martínez

La solicitud de reconocimiento de una sentencia extranjera supone la presencia de los llamados elementos de extranjería que hacen que la relación pueda ser calificada como internacional y, ante una relación de este tipo, debe recurrirse al sistema de fuentes de Derecho internacional privado, consagrado en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.

Así, las relaciones de carácter internacional estarán sometidas, en primer lugar, a los tratados internacionales vigentes entre Venezuela y los demás Estados vinculados a la misma, y, en defecto de tratado, se aplicarán las normas internas de Derecho internacional privado. Todo ello acompañado de la analogía y los principios de Derecho internacional privado generalmente aceptados, como herramientas de integración de las lagunas del sistema.

Ahora bien, todas las fuentes vigentes para Venezuela en materia de eficacia extraterritorial de sentencias, exigen la prueba del carácter definitivo o de cosa juzgada de la sentencia cuyo reconocimiento se solicita.

En efecto, el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros (1911) dispone, en su artículo 5,b que las sentencias dictadas en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado si, entre otros requisitos, la decisión tiene “el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha expedido”.

Por su parte, el artículo 2,g de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros establece que las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si tienen “el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados”.

Finalmente, la Ley de Derecho Internacional Privado, en su artículo 53,2, incluye como requisito de reconocimiento el que las sentencias extranjeras tengan “fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas”.

Con respecto a este requisito, la doctrina venezolana ha admitido que “es el derecho del Estado sentenciador y no el del Estado venezolano el que determina el carácter de cosa juzgada de la sentencia extranjera de que se trata” (Hernández/Bretón). De manera que, con fundamento en la regla Lex fori regit processum –consagrada por el artículo 56 de la Ley de Derecho Internacional Privado–, será el Derecho del tribunal que dictó la sentencia cuyo reconocimiento se pretende, el competente para determinar en qué casos una sentencia emitida por sus tribunales tendrá el carácter de ejecutoriada o fuerza de cosa juzgada.

Según ha admitido la doctrina procesal, si no existen contra la sentencia medios de impugnación que permitan modificarla, se entiende que ella tiene autoridad y eficacia de cosa juzgada. En tal caso, se afirma, la sentencia tendrá carácter definitivo (Couture). A esta cualidad se refieren las normas ya citadas.

Ahora bien, cuestión distinta es la referida a la prueba del carácter definitivamente firme de la sentencia en cuestión. La propia Convención Interamericana, en su artículo 3,c, dispone que la solicitud de cumplimiento de la sentencia extranjera deberá estar acompañada de ciertos “documentos de comprobación indispensables”, entre ellos “Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada”.

Tradicionalmente, la jurisprudencia venezolana ha admitido como prueba del carácter de cosa juzgada, la declaración hecha en la propia sentencia. Así, en el proceso de reconocimiento de una sentencia de divorcio dictada por la Corte del Circuito Judicial 11ro y para el Condado Dade, Florida, Estados Unidos de América, se afirmó:

“2. Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en la cual fue pronunciada, lo cual se constata del encabezado de la sentencia, que consta al folio 8 del expediente, en donde textualmente se señala el carácter definitivo de ésta, de la siguiente manera: ‘SENTENCIA FINAL DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO’ (Sic)” (resaltado en el original).

También lo admitió así un Tribunal Superior al conocer del exequátur de una sentencia argentina de divorcio, pero esta vez sobre la base del artículo 53,2 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En esta decisión se afirma:

“Que la sentencia de divorcio dictada el 18 de marzo de 2005 tiene carácter de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en la cual fue debidamente pronunciada, por cuanto se evidencia de su contenido que declaró disuelto el vínculo matrimonial en un juicio por divorcio”.

En un caso similar, reconocimiento de una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo decretado en Argentina, se afirmó:

“Tiene fuerza de cosa Juzgada de acuerdo a la Ley del Estado en la (sic) cual fue pronunciada, vale decir, tiene plena fuerza, tal como se evidencia de la copia de la sentencia, razón por la cual cumple con el extremo segundo del artículo supra transcrito”.

Otra manera de tener evidencia de la definitiva firmeza de la sentencia extranjera cuyo reconocimiento se solicita, ha sido a través de la constatación de ausencia de recursos en su contra. En efecto, en una decisión de un Tribunal Superior, en reconocimiento de una sentencia argentina de divorcio se afirmó:

“b) De las actas procesales no se desprende que las partes ejercieran recurso alguno en contra de la sentencia evaluada, por lo que tiene fuerza de cosa juzgada y cumple con el extremo segundo del artículo mencionado”.

La posibilidad de deducir el carácter de cosa juzgada de una sentencia extranjera a partir de su propio contenido ha sido también aceptada en aplicación de la Convención Interamericana. En efecto, en sentencia de fecha 1 de marzo de 2012, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia admitió:

“La sentencia dictada en fecha 8 de julio de 2004, por el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla, Atlántico de la República de Colombia, la cual declaró el divorcio del matrimonio católico de los ciudadanos CARMEN NOVOA ÁLVAREZ y JAIME PÁJARO LORET, tiene fuerza de cosa juzgada y se encuentra ejecutoriada en el Estado que fue dictada (Colombia), según se evidencia de la copia certificada y legalizada de la sentencia que aparece al folio 5 del expediente”.

En definitiva, podemos afirmar que la jurisprudencia venezolana, de la cual la citada en este escrito es solo una muestra parcial, ha admitido la prueba del carácter ejecutoriado y la autoridad de cosa juzgada de la sentencia extranjera, incluso en aplicación de la Convención Interamericana, a partir de menciones hechas en el texto de la propia sentencia. Tal como ocurre con la orden de registro contenida en algunas sentencias, lo cual, como se sabe, constituye la ejecución de las sentencias constitutivas, cual es el caso de las sentencias de divorcio.

La exigencia, en algunos casos, de un certificado de ejecutoriedad emitido por el juez que dictó la sentencia extranjera, cuando del contenido y características de la propia sentencia se pueda concluir su carácter definitivamente firme, puede considerarse como la imposición de un obstáculo inútil al derecho de acceso a la justicia, como una formalidad innecesaria en los términos del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Debemos aclarar que no es la exigencia de la cosa juzgada de la sentencia extranjera lo que consideramos innecesario. Ello es un requisito exigido tanto en el Acuerdo Boliviano (art. 5,b), como en la Convención Interamericana (art. 2,g) y en la Ley de Derecho internacional privado (art. 53,2). Lo que entendemos innecesario es la exigencia de una prueba adicional, costosa en términos de tiempo y dinero, cuando lo que se desea probar –el carácter definitivo de la sentencia–consta en el texto de la propia sentencia.

Finalmente, conviene citar la interpretación constitucionalizante del divorcio, asumida por la Sala Constitucional, en la sentencia del caso Correa Rampersad, ya comentada en este Blog.

En esta decisión, entre otras, cosas se admitió:

“…en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio. Así se declara.

En consecuencia, deberán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección. La homologación del acuerdo acerca de las instituciones familiares será requisito necesario para la declaratoria del divorcio”.

Se trata de una forma de divorcio en la cual se privilegian los derechos de libre desenvolvimiento de la personalidad y de tutela judicial efectiva para favorecer el deseo de los cónyuges de disolver el vínculo conyugal. Estos derechos podrían verse vulnerados al imponer una prueba innecesaria para el reconocimiento de la sentencia extranjera de divorcio.

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