Venezuela: las causales de divorcio y el Derecho internacional privado venezolano

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 2 de junio de 2015, la Sala Constitucional decidió la revisión constitucional de la sentencia Nº 0319, dictada por la Sala de Casación Social el 20 de abril de 2012, en la que se declaró sin lugar el recurso de casación contra una sentencia de instancia que disolvió el vínculo conyugal entre Francisco Anthony Correa Rampersad y María Cristina Santos Boavida. El recurso de revisión fue interpuesto por el primero, de allí que la decisión sea conocida en el foro como la sentencia Correa Rampersad.

Antes de conocer el resultado de la revisión constitucional conviene tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, “El tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o separación de cuerpos que no esté fundada en las causales establecidas en el Código Civil”.

El Código Civil, por su parte, dispone en su artículo 185:

“Son causales únicas de divorcio:
1º El adulterio.
2º El abandono voluntario.
3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común.
4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución.
5º La condenación a presidio.
6º La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común,
7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.

También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges.

En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior.

185-A.- Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común…”.

Ahora bien, luego de hacer algunas consideración sobre el divorcio remedio y de reconocer que la base del matrimonio es la autonomía de la voluntad, fuerza que también podría terminar con él, la Sala realiza una “interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil”, con lo cual:

“…las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento”.

El cambio que esta sentencia introduce en el Derecho civil venezolano –cambio que la Sala Constitucional exhorta al poder legislativo a considerar en una futura revisión de las normas en materia de divorcio– se proyecta sobre el Derecho internacional privado en su triple contenido: determinación de la jurisdicción, determinación del Derecho aplicable y reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las sentencias. Veamos.

En relación con la jurisdicción, destaca en primer término, el reconocimiento de la posibilidad de tramitar el divorcio como una cuestión de jurisdicción voluntaria, un asunto en el cual no hay contradictorio y que puede llevarse a través de un procedimiento no contencioso. De hecho, la sentencia cita casos de sistemas jurídicos que, en su opinión, han abandonado el sistema de causales e incluye en su lista casos de divorcio notarial o administrativo.

En todo caso, tratándose de supuestos de jurisdicción voluntaria, se activarían los criterios contenidos en la única norma de nuestro sistema que regula la materia: el artículo 330 del Código Bustamante, de manera que tendrán jurisdicción los tribunales a los cuales el solicitante decida someterse y “salvo el Derecho local contrario” y, en ausencia de sumisión, tendrán jurisdicción los tribunales del lugar donde tenga su domicilio la persona que dé lugar al procedimiento.

Estos criterios se aplicarían incluso ante Estados no parte del Código Bustamante, como un principio de Derecho internacional privado general aceptado, ex artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado venezolana, pese a la recomendación general de no atender a esta fuente cuando se analiza el tema de la jurisdicción.

En todo caso, a lo largo de la sentencia pueden leerse algunas informaciones que harían innecesario el recurso a los criterios atributivos de jurisdicción. Por ejemplo, la Sala afirma:

“…negar la posibilidad a un individuo de acudir a los órganos jurisdiccionales para encontrar solución a un conflicto parece confiscar al derecho su función de ordenador de la conducta humana y un medio de resolución de conflictos”.

Una afirmación como ésta que está fundamentada, según reconoce la Sala, en una interpretación de las normas sobre divorcio a la luz de dos de los derechos reconocidos en la Constitución de 1999 –el libre desenvolvimiento de la personalidad y el acceso a la justicia– podría conducir a la construcción de un nuevo criterio de jurisdicción por vía jurisprudencial. Recordemos que esto ya ha ocurrido con la aplicación del principio del bien superior del niño como criterio de jurisdicción, en sentencias comentadas con anterioridad en este Blog.

Así, Venezuela podría dar lugar a un foro favorable para el divorcio, sin exigir mayores requisitos para el establecimiento de su jurisdicción.

En lo que respecta a la determinación del Derecho aplicable, ha de tenerse en cuenta que el citado artículo 755 del Código de Procedimiento Civil era considerado como una norma de extensión que indicaba la aplicación necesaria de las normas de divorcio del Código Civil. De manera que las causales, en los casos de divorcio planteados ante tribunales venezolanos, estarían siempre sometidas al Derecho venezolano.

Desde luego esta norma no ha sido derogada por la sentencia, mas deberá ser interpretada a la luz de su dispositivo. El cual también incide sobre la interpretación de los artículo 52 y 54 del Código Bustamante, pues estas normas son bastante cuidadosas con el tema de las causales.

En efecto, de conformidad con el artículo 52, el divorcio estaría sometido al Derecho del domicilio conyugal, pero “…no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición del domicilio, si no las autoriza la ley personal de ambos cónyuges”. Luego, el artículo 54 somete directamente las causales al Derecho del juez si coincide con el domicilio de los cónyuges. Ambas normas, entre las cuales no hay mucha compatibilidad, pierden sentido pues si el divorcio se demanda en Venezuela, la causal será irrelevante.

En el caso del artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado, podríamos preguntarnos si la previsión de su aparte único en el sentido de admitir el cambio de domicilio del cónyuge demandante solo después de un año de haber ingresado al territorio de un Estado con el propósito de establecer en él su residencia habitual, seguiría siendo exigida luego de reconocer la supremacía del principio pro actione.

Según afirma la Sala, “…cuando se determinan previamente y se encasillan como causales únicas para demandar el divorcio, aquellas previamente descritas por el legislador y se niega al cónyuge exponer y sostener ante los órganos jurisdiccionales un motivo distinto a los enumerados por la Ley para disolver el vínculo conyugal que voluntariamente creó se desconoce el derecho a obtener una tutela judicial efectiva”.

Los requisitos de acceso a la justicia no deben frustrar injustificadamente el derecho de acción, en opinión de la Sala, con lo cual se asume un concepto bien particular de acción, como el derecho a obtener un sentencia favorable: “…el ciudadano puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener una sentencia que satisfaga su pretensión”.

En definitiva, la determinación de la jurisdicción y del Derecho aplicable podrían comenzar a responder a una regla sencilla que, a partir de la concepción del matrimonio como un contrato, podría formularse así: si usted quiere divorciarse en Venezuela conforme al Derecho venezolano, sin necesidad de alegar y probar una causal consagrada en el Código Civil, ¡usted puede hacerlo!

Finalmente, en relación con la eficacia extraterritorial de sentencias, ya ha comenzado a observarse la influencia de la sentencia Correa Rampersad.

Antes de analizar tal influencia, destaquemos que la sentencia admite una especie de calificación lex causae de las decisiones extranjeras, y atiende a lo que al respecto de su naturaleza establece el Derecho del Estado que las emite. Así, a partir de la asimilación a las sentencias de las actas notariales que dan fe de un divorcio voluntario consagrada por la mayoría de los sistemas que admiten este método, la Sala afirma que tales actas –o, en su caso, la homologación de los acuerdos de divorcio– serán tratadas como sentencias y que deberán pasar por el procedimiento de exequátur a los fines de su registro en Venezuela.

Ahora bien, el reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio en Venezuela ha girado en torno al tema de las causales, ex artículo 755 del Código de Procedimiento Civil. Así, en los inicios, la causal por la que la sentencia extranjera ordenaba la disolución del vínculo conyugal debía coincidir exactamente con las consagradas por el Derecho venezolano.

En una segunda etapa, comenzó a admitirse que la causal debía ser análoga a las consagradas por el Derecho venezolano. En esta etapa, comienzan a reconocerse sentencias extranjeras que admitían el divorcio por incompatibilidad de caracteres, lo cual se consideraba como una causal análoga a la forma de divorcio consagrada por el ya citado artículo 185A del Código Civil venezolano.

Notemos que tal revisión de la causal es contradictoria con el análisis meramente formal que caracteriza el proceso de reconocimiento de la sentencia extranjera. Sin embargo, la inclusión del orden público material como requisito para el reconocimiento justificaba tal revisión, incluso en el marco de la Ley de Derecho internacional privado, cuyo artículo 53 no hace mención alguna a este requisito.

Ahora nos encontramos en una nueva etapa en la cual la causal no se revisa. En nuestra opinión, la no revisión de la causal de divorcio se corresponde con la ya citada naturaleza formal del reconocimiento. Nos preocupa, sin embargo, el motivo de tal actitud. En las decisiones de exequátur posteriores a la sentencia Correa Rampersad puede leerse una fórmula de estilo según la cual:

“La Sala acoge el criterio jurisprudencial precedentemente transcrito dictado con ocasión de una revisión constitucional interpuesta en el juicio de divorcio intentado por María Cristina Santos contra Francisco Anthony Correa Rampersad, y en este sentido, lo aplica igualmente a las solicitudes de exequátur de disolución de vínculo conyugal en las cuales, en su mayoría, los tribunales extranjeros no hacen referencia ni fundamentan su decisión en causal alguna. En consecuencia, en los casos de exequátur, como el presente, las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio en el extranjero por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común citada en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento, sin que ello vulnere el orden público interno, como era habitual analizar en sentencias precedentes. Así se establece”.

En definitiva, el divorcio en Venezuela ha cambiado, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito del Derecho internacional privado. Las posibles violaciones al orden público o el posible aumento de los casos de fraude a la Ley solo podrán apreciarse a futuro. Estaremos pendientes de la jurisprudencia.

4 comentarios en “Venezuela: las causales de divorcio y el Derecho internacional privado venezolano

  1. Con algo de duda, en caso de q la esposa se marche al extranjero ya separada no legalmente de su esposo pero si en convivencia. Ella notaria su acta de matrimonio que intención expresa ejecuta allí con esta acción, puede aun el esposo introducir una demanda de divorcio ante el ente competente.

  2. Un matrimonio que no duro ni 1 año. Puede ser disuelto despues de 9 años.?.ambos ya separados despues de 10 meses de casados.
    Ambos viven fuera de Venezuela.
    Nunca registraron el matrimonio en el consulado.
    Estos pueden casar en su local de residencia?

    1. Estimado lector, en Cartas Blogatorias no prestamos asesoría jurídica. Este tipo de preguntas debe hacerlas a una profesional especializado en la materia

  3. Buenos días Qué sucede si existe una sentencia de divorcio en el extranjero y en venezuela esta en curso el divorcio por las mismas partes…Gracias
    y quien demandó en venezuela quiere continuar con el juicio porque pretende divorciarse acá y no tramitar el exequatur. Qué haría el Tribunal si se presentara dicha sentencia ejecutoriada como prueba para el divorcio en Venezuela.
    Gracias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *