Argentina: réquiem para el arraigo en el Código Civil y Comercial

Por María Blanca Noodt Taquela

La sentencia dictada el 18 de septiembre de 2015 por la Cámara Nacional en lo Civil, sala L, en los autos “Eguiguren Laborde Valeria c/Chiramberro Larrategui Daniel Carlos s/ Exequatur y reconocimiento de sentencia extranjera” resolvió que la actora residente en el extranjero no debía prestar caución real para continuar el proceso, ante la excepción de arraigo opuesta por la demandada.

La excepción – acogida favorablemente por el juez de primera instancia – se fundó en el artículo 348 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que si el actor no tuviera domicilio en la República Argentina, ni bienes inmuebles en ella, será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda.
El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia en Argentina el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por ley 26.994, del 1 de octubre de 2014 y modificado por Ley 27. 077 del 16 de diciembre de 2014, cuyo artículo 2610 elimina el arraigo.

Artículo 2610. “Igualdad de trato. Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina.

Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado.

La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero.”

Esta norma regula una cuestión de Cooperación Judicial Internacional y por ende de Derecho Internacional Privado y no puede considerase como una cuestión meramente procesal, ya que está comprometido el acceso a la justicia y la eliminación de discriminaciones contra las personas de nacionalidad extranjera o con domicilio en el extranjero.

La distinción entre cuestiones procesales y cuestiones de cooperación judicial internacional tiene importancia en Argentina, porque de acuerdo con los artículos 5 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, la administración de justicia y la aplicación de las normas nacionales son facultades reservadas por las provincias. Por este motivo, existen veinticuatro Códigos Procesal Civil y Comercial, correspondientes a cada una de las veintitrés provincias argentinas y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica en los tribunales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los tribunales federales de todo el país.

Estas normas constitucionales han sido históricamente interpretadas en forma poco apropiada desde nuestro punto de vista, al pretender extenderlas a algunas cuestiones internacionales, tales como el reconocimiento de las sentencias extranjeras y otros aspectos de la cooperación judicial internacional.
Hasta la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación de 2014, la situación respecto del arraigo en Argentina, era la siguiente: existían varios tratados internacionales que habían eliminado el arraigo, pero subsistían las normas de fuente interna que lo contemplaban, en caso de que no existiera tratado aplicable.

Así, la Convención sobre Procedimiento Civil, adoptada en La Haya, el 1° de marzo de 1954, que elimina el arraigo (artículos 17 a 24), fue aprobada por Argentina por ley 23.502, quien depositó el instrumento de adhesión el 23 de septiembre de 1987 y entró en vigencia para Argentina el 9 de julio de 1988. Como la Convención se aplica solamente con relación a los Estados Partes, que son 49 al 1° de enero de 2016, no puede considerarse que su vigencia en Argentina haya “derogado” el art. 348 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ni las normas equivalentes de los Códigos Procesales.(1)

En el ámbito del Mercosur también fue eliminado el arraigo: el primer instrumento sobre cooperación jurisdiccional internacional adoptado en 1992, el Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, denominado “Protocolo de Las Leñas”, así lo dispone en sus artículos 3 y 4. Además, Argentina ha suprimido también la excepción por medio de tratados bilaterales firmados con Brasil, China, Federación de Rusia, Italia, Túnez y Uruguay.(2)

La tendencia a la eliminación del arraigo tiene como razón esencial el acceso a la justicia como derecho humano y es probable que ese valor fundamental haya impregnado las soluciones jurisprudenciales que fueron restringiendo la aplicación del instituto, en diversas situaciones que fueron ampliándose sucesivamente.(3)

La tendencia fue acentuándose hasta llegar al fallo dictado por el juez civil Fernando L. Spano en 2011, que declara improcedente el arraigo en un caso conectado con Grecia, que no es parte en la Convención de La Haya de 1954, con fundamento en los derechos humanos.(4)

No vamos a detallar en este comentario la copiosa jurisprudencia de tribunales argentinos que fue reduciendo la aplicación de la excepción de arraigo, por diversos motivos.

Nos parece importante dejar en claro que el artículo 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación de 2014 debe ser interpretado en el sentido de que ha derogado el art. 348 del CPCCN y todas las normas contenidas en los códigos procesales provinciales que permitían la oposición de la excepción de arraigo.

No puede haber sido otra la intención del legislador al incluir el tema en el nuevo Código sancionado en 2014. Por otra parte, si nos limitáramos a un supuesto carácter procesal del arraigo, ese encuadre no nos permitiría visualizar adecuadamente la institución como perteneciente a la cooperación judicial internacional y como un obstáculo para el acceso a la justicia.

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(1) Paredes, Sebastián “La cooperación jurisdiccional internacional en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina” en Desafíos del Derecho internacional privado actual, (dir.) Luciane Klein Vieira y Alberto do Amaral Júnior, São Paulo, 2016, en prensa, especialmente nota al pie n° 16. Agradezco la gentileza del autor de haber proporcionado el texto de su artículo antes de la publicación.

(2) Noodt Taquela, María Blanca “Sistematización normativa del Derecho Internacional Privado argentino” actualizada al 1° de agosto de 2015, disponible en http://www.derecho.uba.ar/, Portal académico, Asignatura: Derecho Internacional Privado, cátedra María Blanca Noodt Taquela, Material de estudio, punto 18.

(3) Argerich, Guillermo “El arraigo y su supresión por los tratados internacionales”, Doctrina Judicial – La Ley, Buenos Aires, tomo 1996-II, pp. 631-634; Fernandez Arroyo, Diego P. “Disposiciones de Derecho internacional Privado. Capítulo 2.Jurisdicción internacional” en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Julio C. Rivera y Graciela Medina, (dirs.), T. VI, Buenos Aires, Thomson Reuters- La Ley, 2014, pp. 825-827; Scotti, Luciana Incidencias del Código Civil y Comercial Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Hammurabi, 2015, vol. 10, par. 20, pp. 104-105; Vescovi, Eduardo “Aspectos generales del sector del Derecho Procesal Civil Internacional”, cap. 8 en Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, par.306-307, pp. 357-359.

(4) Juzgado Nacional en lo Civil n° 22, 29 de noviembre de 2011 Portoulis Nikolaos y otro c/ Paciaroni Roberto Luis y otros s/Daños y Perjuicios. Agradezco al doctor Fernando L. Spano la gentileza de haberme proporcionado el texto del fallo.

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