Costa Rica: De normas fiscales, cláusulas de derecho aplicable y sumisión internacional

Por Juan José Obando

La sentencia número 000062-E-14 del 19 de enero de 2015, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica en el reconocimiento de la sentencia del caso californiano C&M Investment Group v. Powers viene a crear un curioso precedente en el siempre importante vínculo entre normas fiscales y derecho internacional privado. Esta decisión también resolvió sobre aspectos relativos a la sumisión internacional y la potestad de las partes para elegir el foro donde desean resolver sus disputas.

Siendo necesario resumir los hechos, lo relevante del caso se presenta cuando en un proceso de exequátur se solicitó el reconocimiento ante la Sala Primera de una sentencia californiana que condenó en daños y perjuicios al demandado por la violación de un contrato de servicios profesionales relacionado con la plantación, conservación y reforestación de árboles en la zona de Guanacaste, Costa Rica. La parte demandada alegó la supuesta imposibilidad para otorgar el reconocimiento dado que, en el contrato ambas partes omitieron el pago al momento de su celebración, del timbre fiscal a los contratos privados, establecido por el Código Fiscal de Costa Rica.

La parte solicitante, si bien no niega la falta de dicho pago, indicó -a nuestro juicio de forma correcta- que el contrato no formaba parte del elenco probatorio pues lo único que se pedía era el reconocimiento de la decisión extranjera y no un nuevo análisis del fondo del caso. La Sala Primera, sin embargo, realizó un análisis diverso y concluyó que el timbre fiscal no era necesario pues las partes habían pactado en el contrato la utilización del derecho de California, por ende, haciendo inaplicables las normas fiscales costarricenses, así como la competencia de los tribunales nacionales para revisar su aplicación.

Veamos por ello algunos detalles adicionales que permiten realizar diversas conclusiones en relación con este caso.

Por un lado, debe aclararse que el timbre fiscal que se exige para los contratos privados se encuentra como un requisito en una antiquísima ley, llamada Código Fiscal que data del 31 de octubre de 1885 (por cierto, una ley desfasada en relación con la realidad comercial internacional de nuestros días y que estimula el incumplimiento contractual y el deterioro del Estado de Derecho, así como se constituye en una injustificable barrera no arancelaria, tema que escapa al objeto de este artículo corto). Esta ley ha sido objeto de numerosas reformas y en 1984 (mediante ley #6955 de 1984), se estableció una seria sanción al contrato que no hubiese pagado el timbre fiscal al momento de su celebración: su ineficacia probatoria.

La jurisprudencia desarrollada a través de los años ha ido permitiendo entender que esa sanción al contrato privado no implica su nulidad absoluta sino únicamente la imposibilidad de utilizarlo como prueba. Por ello, en diversos procesos la misma Sala Primera ha aclarado que si las partes aceptan mediante confesión judicial la existencia del contrato y sus respectivas obligaciones, es precisamente esa confesión la que se utilizaría como prueba de la relación entre las partes, incluso si el timbre fiscal no fue pagado (ej: Voto 00683-2010 de las ocho horas veinticinco minutos del nueve de junio de dos mil diez). El problema, claro está, se presentaría si la parte demandada astutamente alega la inexistencia del contrato, lo cual impediría al tribunal el poder utilizar por ende el clausulado del mismo y premiando con ello a quien desee incumplir un contrato, incluso uno internacional.

Esto nos lleva a plantear la duda sobre la aplicación del timbre fiscal al contrato privado internacional. Tradicionalmente, en el derecho tributario, países como Costa Rica han seguido al criterio de territorialidad, de tal forma que únicamente aquellos contratos celebrados en Costa Rica, estarían sujetos a la disposición normativa fiscal. Sin embargo, el artículo 280 del Código Fiscal indica el presupuesto de aplicación más amplio posible para la exigencia del timbre fiscal (creado en el artículo 272.2) estableciendo que:

“Artículo 280.- Los documentos otorgados en país extranjero, pagarán el impuesto al tiempo de su presentación en la oficina pública en que deban ser exhibidos. En las estipulaciones en moneda extranjera, el impuesto se pagará convirtiendo aquella moneda a colones al tipo de ley, sin consideración al cambio que rija en la fecha del pago de la contribución de timbre.”

Con ello podemos notar que el legislador buscó extender el presupuesto de aplicación de la obligación tributaria al ámbito de los efectos, por mínimos que sean, en el territorio costarricense y no solamente al lugar de celebración del contrato. Este principio, llamado en doctrina de pertenencia económica (utilizado profusamente para el ámbito del impuesto sobre la renta), crea la obligación tributaria para las partes relacionadas con el contrato celebrado fuera de Costa Rica si el mismo es presentado en una oficina pública nacional.

Sin embargo, para el proceso de exequátur, no es posible alegar la norma indicada. En realidad, el proceso de exequátur en Costa Rica no implica una nueva revisión del fondo de la decisión, excepto si se vulneran normas de orden público internacional. De ahí que, la validez probatoria del documento privado no puede ser revisada nuevamente por la Sala Primera, la cual únicamente debe velar por el cumplimiento de las formalidades y requisitos indicados en el artículo 705 del Código Procesal Civil vigente.

En C&M Investment Group v. Powers, la Sala Primera no utilizó este razonamiento ni el indicado por la parte demandada para rechazar el argumento de la actora sobre la invalidez del contrato por falta del pago del timbre fiscal. En su argumentación, la Sala concluyó que:

“…en cuanto al pago del impuesto del timbre fiscal, con su multa en el contrato de servicios profesionales, deviene improcedente exigirla dentro de estos autos, por cuanto el aludido contrato en su cláusula 17, previó que: “Ley Reguladora. Por selección de las partes, este acuerdo y todas las preguntas relacionadas con el otorgamiento, validez o invalidez, capacidad de las partes y el cumplimiento de este Acuerdo, se interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de California, aplicable a los acuerdos otorgados y a ser cumplidos en su totalidad en dicho estado.”, con lo cual la exigencia sancionada en los artículos 272, 285 y 286 del Código Fiscal y 7 de la Ley de Reajuste Tributario no. 7088 de 30 de noviembre de 1987, para el caso no tiene injerencia, y por tal razón no resulta de recibo aquella solicitud, pues no corresponde a los tribunales nacionales pronunciarse en torno a la interpretación que de tal acuerdo establecieron los contratantes en dicha doctrina.

En tal virtud, el hecho de que la nacionalidad de las partes sean costarricenses, porque en éstas se ven involucradas personas jurídicas originadas e inscritas en Costa Rica, y que los bienes objeto del contrato se hallen al interior del país, no enerva, ni impide que los sujetos que suscribieran aquel acuerdo hayan deliberadamente establecido la mentada cláusula que excluía a la legislación patria de poder intervenir en la solución de cualquier conflicto surgido entre los ahí intervinientes, de modo que, en puridad de razones, si bien el fallo foráneo alude al incumplimiento del referido acuerdo, tal no se pretende aquí utilizar, pues ya fue objeto de expreso pronunciamiento por parte del tribunal extranjero a quien, -se reitera- los sujetos suscribientes le atribuyeron la competencia para pronunciarse en función a sus efectos.

El voto de la Sala genera grandes interrogantes para la doctrina iusprivada internacional. Por un lado, en relación con el tema fiscal puede observarse que la Sala Primera permite con su decisión, la sujeción a normas fiscales extranjeras siendo que con ello extiende el efecto de las normas de conflicto -dirigidas a los casos de derecho privado internacional- a la temática tributaria.

Esta decisión, además de realizar una extensión sin precedentes al ámbito fiscal, se realiza sin mayor justificación normativa. El Código Civil, en los artículos 18 y del 23 al 30, incluye las disposiciones sobre normas de conflicto que eran de indispensable referencia para la Sala Primera. Pero esta omitió hacer mención de los artículos indicados y se limitó a permitir la elección del derecho extranjero incluso para los temas fiscales, a pesar de que el artículo 18 del Código Civil establece como límite a la autonomía conflictual precisamente la existencia de normas de orden público. De ahí que el voto de la Sala, parece inadecuado al ser omiso en su justificación normativa, pero más grave aún, al vulnerar las disposiciones y límites que el sistema jurídico nacional así le establece.

El fallo de la Sala Primera, también toca la materia de la sumisión internacional dado que, en la redacción indicada anteriormente es notable como mezclan tanto el ámbito del derecho aplicable con el de competencia judicial internacional. Al observar la cláusula 17 del contrato, mencionada expresamente por la Sala, es notable que en ningún momento las partes realizan sumisión alguna a los tribunales de Los Ángeles, sino que únicamente remiten al derecho californiano como aplicable para el caso. Sin embargo, la Sala concluye que esa disposición fue suficiente para eliminar la competencia de los tribunales costarricenses.

Esta decisión contraviene otras múltiples sentencias emitidas por la Sala Segunda y otros tribunales de justicia del país en donde se había dado plena claridad a la diferencia entre las secciones de derecho aplicable y jurisdicción competente (Ej: voto 01417-2013 de las nueve horas quince minutos del once de diciembre de dos mil trece en donde la Sala Segunda indica que “El estudio de este problema, se ha bifurcado en dos ramas conocidas como la competencia judicial y la competencia legislativa. En el voto 247, de las 10:00 horas del 11 de agosto de 1995, esta Sala fue clara al explicar que la llamada competencia judicial, se preocupa por determinar “si el Juez de un país es competente para conocer de un asunto”, y la competencia legislativa, en cambio “hace referencia a la ley aplicable al fondo o a la forma de una relación jurídica de carácter internacional”). La Sala pudo analizar el instituto de la sumisión tácita, más no lo hizo por lo cual dejó un importante vacío científico en su análisis del caso en cuestión.

Por otra parte, la simple aceptación de la sumisión judicial internacional, al no existir un tratado que regule la materia es cuestionable. Las decisiones judiciales costarricenses han sido contradictorias en este tema. Por ejemplo, además del voto de la Sala Primera, en la sentencia 00422-2010 de las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, Tribunal Segundo Civil, Sección II admitió la existencia de dicha sumisión en un contrato internacional al expresar que “La renuncia a la jurisdicción en el contrato mencionado consta en forma expresa, y no hay ley que prohíba tal tipo de renuncia para una cuestión como la debatida en relación con el contrato celebrado el 10 de agosto de 2007, como sí la existe, por ejemplo, para los casos previstos en el artículo 47 del Código Procesal Civil, en los que se establece la competencia exclusiva del juez costarricense, con exclusión de cualquier otro, lo que se traduce en que una renuncia expresa a la jurisdicción nacional en esos supuestos, es improcedente.”

En contraposición a dicha tesis, el Tribunal de Familia en voto 736-2012 de las ocho horas y cuarenta y dos minutos del cinco de setiembre del dos mil doce, rechazó la posibilidad de modificar las reglas de competencia judicial internacional del artículo 46 del Código Procesal Civil, incluso eliminando la autonomía de las partes en la elección de un foro diverso al costarricense en un divorcio por mutuo consentimiento al expresar que “De utilizarse esta norma, como fundamento para resolver la especie, en la cual se debate si un juzgado de familia nacional es competente para conocer de una solicitud de homologación de un divorcio por mutuo consentimiento de dos personas domiciliadas en Canadá, hay que llegar a la inevitable conclusión de que ciertamente no es competente el órgano jurisdiccional patrio, en razón de que no se cumple con ninguno de los tres supuestos contemplados en la norma de cita”.

En lo personal, compartimos la tesis del Tribunal de Familia -que se observa en votos de la Sala Segunda también- y no del Tribunal Civil y la Sala Primera, esto a pesar de apoyar sin lugar a dudas la necesidad de aprobar normativamente la sumisión judicial internacional en Costa Rica con algunas pocas limitaciones. En el escenario actual, que además se agrava con el nuevo Código Procesal Civil que entrará en vigor en el 2017, no existe norma alguna que permita a las partes la elección del foro extranjero si las normas costarricenses otorgan, ya sea concurrentes o exclusivas, competencia judicial internacional a los tribunales nacionales.

Las reglas procesales, al considerarse de orden público y por ende irrenunciables -muy a nuestro pesar- no pueden ser dispuestas por las partes. La decisión de la Sala Primera en el caso C&M Investment Group v. Powers nos hace notar la dificultad de la materia y los retos gigantescos que existen en Costa Rica para depurar la doctrina nacional, así como mejorar las disposiciones normativas existentes.

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