Uruguay: Breves reflexiones sobre la Sentencia Nº 100/2015 de 18 de marzo de 2015 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno

Por Rodrigo Almeida Idiarte*

Desde la aprobación del Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual de 1994 (en adelante “Protocolo de Buenos Aires”), los especialistas de nuestra disciplina, han reparado sobre los inconvenientes prácticos que genera la posibilidad de que el actor plantee su acción ante los jueces de su domicilio o sede social. Ello puesto que el literal c) del art. 7 del Protocolo de referencia, habilita la competencia del foro señalado en forma condicionada, requiriendo que el actor demuestre el cumplimiento de su prestación a tales efectos.
Si bien es prácticamente nula la potencialidad de que los jueces del domicilio o sede social del actor actúen a la luz de tal disposición – en tanto el precitado foro opera en la órbita de la jurisdicción subsidiaria -, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno (en adelante “TAC 5º”), en Sentencia No. 100/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el punto que nos convoca, adoptando una visión que pretende apartarse de las objeciones que le fueron atribuidas a la disposición que nos asiste.

La doctrina vernácula, ha detectado con razón que el lit. c) del art. 7 del Protocolo de Buenos Aires forja al juez actuante a prejuzgar, pues para resolver sobre la excepción de incompetencia deberá determinar si el actor cumplió o no con su prestación.

Sin embargo, tales objeciones pretenden ser superadas en la sentencia que se pasa a analizar, pregonándose una postura que a nuestro juicio no es satisfactoria.

Según surge de sus resultandos, la actora en autos optó por promover su acción ante los jueces de su domicilio de conformidad con la disposición que nos convoca. Sin embargo, el magistrado actuante en primera instancia, exigió de la actora, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones a los efectos de asumir competencia en el caso. Ello meritó la comparecencia de ésta, advirtiendo él a quo que “no ha quedado demostrado el cumplimiento de la prestación conforme a la normativa invocada, declarándose incompetente para entender en la causa”. Sobre tal pronunciamiento, se interpusieron los recursos de reposición y apelación en subsidio, debiendo el TAC 5º resolver sobre el agravio articulado.

El precitado cuerpo de magistrados revoca la resolución impugnada entendiendo que “en la subcausa, el proceso que se anuncia es ordinario, de manera que la comprobación del cumplimiento de la prestación por parte del actor y su examen judicial no han de llevarse a cabo de modo definitivo ni implicando resolución sobre el fondo del objeto litigioso, sino que han de llevarse a cabo de modo provisorio, prima facie, al solo efecto de verificar si se configura competencia internacional al abrigo de la norma citada” (el resaltado nos pertenece).

Propicia asimismo una analogía que se produce entre tal demostración y la disposición de medidas cautelares al indicar que “la situación parece ser análoga a la que se plantea en materia de medidas cautelares, donde doctrina y jurisprudencia pacíficas destacar el carácter provisorio, sumario, hasta superficial, que tiene el examen judicial de las cuestiones de mérito, sin que ello determine prejuzgamiento o impida el oportuno análisis de todas las cuestiones de fondo del litigio, una vez oídas ambas partes con todas las garantías, en la eventual sentencia definitiva”.

Prima facie, la lectura que sobre el punto esboza el TAC 5º puede resultar atractiva, en tanto pretende matizar el acceso a la justicia sin que el magistrado actuante prejuzgue al pronunciarse sobre su competencia. Sin embargo, el TAC 5º no ofrece una lectura que permita disipar las inconsistencias sobre las que nuestra doctrina vernácula ha reparado.

En efecto, para explicitar esta hilación de advertencias que la sentencia en cuestión nos merece, resulta menester introducirnos – someramente – en conceptos que hacen al Derecho Procesal, reflejando que las diversas ramas jurídicas no se presentan en los hechos como compartimentos estancos.
En este sentido, debe advertirse que la pretensión que se ventiló en los autos sobre los que recae la resolución, responde al proceso de estructura ordinaria de conformidad con los postulados que emanan de nuestro Código General del Proceso (en adelante “C.G.P.”). Aunque sin pretensiones de inmiscuirnos en la secuencia de actos que constituyen la precitada estructura, debemos formular una serie de consideraciones, a saber:

(i) luego de haberse interpuesto la demanda, el magistrado efectúa un control de admisibilidad sobre el acto inicial, pudiendo hacer relevo de los presupuestos procesales que no se encontraren presentes (arts. 119 y 133.2 del C.G.P.); (ii) el demandado podrá contestar la demanda oponiendo excepciones, entre ellas la de incompetencia (art. 133.1 num. 1 del C.G.P.), la que según presumimos, se opondrá en los casos en que el actor escogiere tal foro, en tanto el punto a debatir por el demandado podrá ser – o mejor dicho, será – el cumplimiento del actor en su prestación; (iii) en el decurso de la audiencia preliminar, el magistrado deberá dictar una sentencia interlocutoria, la que en la jerga procesal se reconoce como “despacho saneador”, resolviendo sobre las excepciones opuestas a los efectos de depurar aquellas cuestiones que exceden el fondo del asunto (art. 341.5 del C.G.P.).

Sin embargo, los agravios que dieron mérito al pronunciamiento del TAC 5º, no se generaron por el dictado del despacho saneador, sino por una resolución dictada en forma previa a que tal oportunidad procesal ocurriera.

Tal como se ha expresado, el TAC 5º afirma que el cotejo de tal cumplimiento en la etapa en que se ha efectuado, es meramente provisorio. En este curso de pensamiento, el precitado cuerpo de magistrados efectúa una analogía entre la acreditación que nos aqueja y la disposición de medidas cautelares, encontrando como nexo la provisoriedad, y el pronunciamiento superficial sobre el fondo de la cuestión sin que ello acarree con prejuzgamiento alguno.

Ahora bien, si extrapolamos la provisoriedad que atañe a las medidas cautelares a la demostración de la prestación por parte del actor que nos determina la competencia del tribunal en tales hipótesis, debemos precisar el momento en que cesa su provisoriedad y culmina ese “tiempo intermedio”.

Consideramos que a diferencia de las medidas cautelares, el carácter provisorio en estos casos debe cesar al momento en que el magistrado dicte el despacho saneador (en la precitada estructura), pronunciándose sobre su competencia. En esta oportunidad es que al resolver sobre la excepción de incompetencia, el tribunal se declarará competente si considera que el actor cumplió efectivamente con su prestación, incurriendo de esta forma en prejuzgamiento. La provisoriedad no cesa en otro momento, pues es ésta la oportunidad sobre la que opera la preclusión para que el magistrado determine la competencia según el tracto procesal que se ha otorgado por nuestro legislador, y que se enmarca dentro de los elementos de carácter ordenatorio (art. 133.2 C.G.P.).

Y aunque el TAC 5º cite con recelo fragmentos de las deficiencias prácticas que la doctrina ha expresado sobre la disposición objeto de nuestro análisis, arriba a la misma solución que pasamos a detallar al expresar que “Cabe finalmente agregar que ni siquiera la determinación de la competencia realizada en este momento se halla exenta del control de la contraparte o del Tribunal en la fase de saneamiento de la audiencia preliminar, como sucede en cualquier proceso en que ab initio se considera el tema, que puede ser materia de cuestionamientos de partes o reexamen oficio del Tribunal, según los casos, de conformidad con la normativa procesal nacional”.

Tal como venimos de detallar, esta “novedosa” visión exteriorizada por el TAC 5º, no hace más que aplazar el momento en que el juez deba toparse con los insalvables problemas sobre los que la doctrina nacional ha reparado. Es así que, ratificamos que el foro contenido en el literal c) del art. 7 del Protocolo de Buenos Aires obliga al juez actuante a prejuzgar, resultando una opción nada recomendable.

En efecto, resultará de gran ilustración la sentencia que pudiere devenir sobre una eventual impugnación al despacho saneador que se decretare en este proceso, la que efectivamente marcará un camino en el modo de comprender la disposición en examen.

Por el contrario, sí planteamos un matiz a este respecto en concordancia con lo que el propio TAC 5º dispone en la sentencia de referencia: los problemas que hemos detectado no parecen gravitar cuando la pretensión deba sustanciarse por un proceso de estructura monitoria.

Sobre este extremo, el TAC 5º ha expresado que “En procesos de estructura monitoria, tal comprobación y análisis liminares en nada dificultarían el acceso a la Justicia o el dictado de decisiones de mérito en la oportunidad debida y sin prejuzgar, pues en esa estructura el Tribunal ha de resolver oyendo solamente al actor, sobre el fondo de la pretensión, sin perjuicio de la eventual impugnación posterior de su decisión a través de excepciones”.

Sin dudas, esta circunstancia constituye la válvula de escape a los problemas sobre los que hemos insistido. Como es sabido, la particularidad que atañe a los procesos de estructura monitoria es que luego de promovida la demanda el juez efectúa un contralor sobre tal acto, dictando una providencia inaudita altera pars, en la que se pronuncia sobre el fondo del asunto.

Sin embargo, debe advertirse que usualmente las pretensiones basadas en relaciones jurídico-contractuales se sustancian por el proceso de estructura ordinaria (como en el caso de referencia), de manera que esta precisión cobra vigor en el plano teórico, pero no es suficiente en la práctica.
Por ello, se insiste con las objeciones que al foro en cuestión ha planteado la doctrina, acarreando insalvables problemas que no se superan sin que el juez actuante incurra en prejuzgamiento.

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* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Procesal I y II de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

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