España: la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil

Por Laura Carballo Piñeiro

La Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil viene a cumplir el mandato contenido en la Disposición Final Vigésima de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de aprobar una ley en esta materia en un plazo de seis meses. Con catorce años de retraso, esta ley pone fin, además, a la vigencia centenaria de los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (no derogados por la de 2000 en espera de la ley aquí comentada).

Su contenido va más allá de su enunciado en dos sentidos. En primer lugar, se aplica con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, por ejemplo, a la responsabilidad civil derivada de un ilícito penal. En segundo lugar, el contenido de la ley incluye no sólo los típicos casos de asistencia judicial internacional, sino también reglas sobre prueba e información del derecho extranjero, litispendencia y conexidad internacionales, además de un nuevo sistema autónomo de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras.

La ley se cierra, entre otras, con disposiciones adicionales relevantes para el espacio europeo de justicia en la medida en que se trata de reglas suplementarias y necesarias para la aplicación en España del Reglamento (UE) 1215/2015, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; y del Reglamento (UE) 650/2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

Precisamente, la ley comienza afirmando lo obvio, su carácter supletorio de instrumentos internacionales como los señalados y otros de importancia en esta materia; lo que se complementa con una referencia al sistema español de fuentes del derecho y la afirmación de la primacía de los tratados internacionales, así como del derecho de la Unión Europea.

De la ley destaca el que siente un principio general favorable a la cooperación, incluso en ausencia de reciprocidad, así como que establezca la autorización general de realizar comunicaciones judiciales directas, haciéndose eco de preceptos como el 8, 9 y 31 del Convenio de La Haya de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, y de instrumentos de soft law como la Guía Emergente respecto al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y Principios Generales para las comunicaciones judiciales.

El anterior régimen español de asistencia judicial internacional estaba desperdigado en varias normas que esta ley no deroga: el artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los artículos 276 a 278 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las previsiones del capítulo II del título IV del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Pero la nueva ley ya se ocupa en detalle de las solicitudes de cooperación jurídica en materia de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales y respecto a la obtención y práctica de la prueba. Además y esto es importante tenerlo en cuenta a efectos de lograr la cooperación y saber a quién dirigirse para obtenerla, designa al Ministerio de Justicia como autoridad central española.

El título II consta de un sólo precepto, el artículo 33, sobre prueba del derecho extranjero y que remite a la normativa ya existente, en particular el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, hay novedades en la medida en que este precepto se suma a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español entendiendo que la carga de la prueba del derecho extranjero corresponde a las partes (aunque el juez debe colaborar con ellas, como indica el Tribunal Constitucional). Tras esta declaración de principios, codifica que, en caso de que no se pueda probar el derecho extranjero, se aplicará el derecho español. Por lo demás, se aclara que ningún dictamen sobre derecho extranjero tendrá carácter vinculante para un juez español.

El título III se ocupa de la información del derecho extranjero. Además de admitir la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, se menciona expresamente que notarios y registradores podrán presentar solicitudes de información como los jueces. A estos efectos, la autoridad central española se ocupará tanto de tramitar la solicitudes de información de derecho extranjero presentadas por autoridades españolas, como las de derecho español procedentes de otros países.

La litispendencia y la conexidad internacionales se regulan en línea con lo dispuesto en el Reglamento Bruselas I bis y a las que ya nos hemos referido en posts anteriores: básicamente se suspende el proceso español si se cumplen una serie de condiciones en espera de que recaiga sentencia en el extranjero (arts. 39 y 40 de esta ley).

La guinda la pone, sin duda, el título V dedicado al ‘reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos’. El sistema es mucho más completo que el anterior comenzando por establecer entre las resoluciones susceptibles de reconocimiento, las definitivas dictadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, antes completamente olvidadas, así como las medidas cautelares y provisionales dictadas con audiencia de ambas partes.

El procedimiento de exequátur o reconocimiento a título principal se podrá utilizar también para obtener una declaración de no reconocimiento. Y se admite el reconocimiento incidental que sólo produce efectos en el marco del procedimiento judicial en el que se dicte. En todo caso, esta ley opta por la teoría de la extensión de los efectos y entiende que la decisión reconocida producirá en España los efectos que tenga en el ordenamiento de origen. En este contexto, también se prevé la adaptación de dichos efectos a los equivalentes en España si no pudiera realizarse en los términos prescritos en la decisión reconocida, por no ser conocidas las medidas contempladas. Igualmente, cabe la modificación de resolución extranjera reconocida en España, sin perjuicio de que también se pueda plantear nueva demanda.

Las causas de denegación del reconocimiento se detallan en el artículo 46 y son las usuales, tanto para resoluciones judiciales como para transacciones judiciales. Ha de destacarse que se ha previsto expresamente el caso de reconocimiento de decisión dictada en proceso colectivo en el extranjero, buscando que se respete el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por el acto o hecho allí decididos. Se prohíbe la revisión de fondo y se admite el reconocimiento parcial.

Otra novedad de la ley es que se regula la ejecución de decisión extranjera, para dejar claro que ésta sólo procede si reconocida a título principal en España. Se rompe así con el binomio ‘reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras’ que ha dado lugar a tantas confusiones.

En esta misma ley se regula en detalle el procedimiento judicial de exequátur que podrá plantearse, en función de la decisión extranjera, ante los Juzgados de Primera Instancia, de lo Social o de lo Mercantil. Contra su decisión ahora cabe no sólo recurso de apelación, sino también y en su caso, recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal.

Novedad es la reglamentación del reconocimiento de documentos públicos extranjeros, que serán ejecutables en España si tienen fuerza ejecutiva en el país de origen y no son contrarios al orden público español. Como también lo son las normas a propósito de acceso a los registros públicos españoles de resoluciones y documentos públicos extranjeros, para lo que no hace falta procedimiento especial. Esta reglamentación es particularmente destacable habida cuenta de los casos habidos en que se ha denegado el acceso, por ejemplo, al registro de la propiedad por hallarse la operación documentada por notario extranjero, a pesar de ejercer funciones equivalentes a la de uno español.

Por último, cerramos este breve comentario con la disposición adicional primera de esta ley, ya que especifica, aunque sin ánimo exhaustivo, cuáles son las normas especiales en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil por encontrarse reguladas en otras leyes. Téngase en cuenta que la enumeración se hace en el mismo sentido amplio con que esta ley entiende la noción de cooperación jurídica internacional, por lo que se incluyen no sólo reglas de asistencia jurídica internacional, sino también de reconocimiento, etcétera:

a) Los artículos 199 a 230 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b) Los artículos 25 a 31 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.
c) Los artículo 94 a 100 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
d) El artículo 67, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
e) El artículo 46 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
f) Las normas de la Ley y Reglamento Hipotecarios, así como del Código de Comercio y del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, reguladoras de la inscripción de documentos extranjeros en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.
g) Las normas de Derecho Internacional privado contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

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