Venezuela: el examen de los derechos adquiridos en sede de exequátur

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado mes de abril, un tribunal de instancia dictó una sentencia de exequátur a través de la cual dio el pase a una decisión española de divorcio. En tal decisión el tribunal, luego de verificar los requisitos formales para el reconocimiento, hizo algunas precisiones en relación con las situaciones jurídicas válidamente creadas al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero que vale la pena destacar.

Así, el tribunal comienza por reafirmar su competencia para conocer de la solicitud de exequátur de la Sentencia Nº 221/14 emanada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Hospitalet de Llobregat, Barcelona Reino de España mediante la cual se decretó el divorcio de los consortes aprobando el convenio regulador firmado por los mismos en fecha 15 de julio de 2014 de conformidad con el artículo 86 último párrafo del Código Civil y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nº 964/2014.

A continuación reconoce la presencia de elementos de extranjería, por lo cual para decidir, el sentenciador recurre en primer lugar al artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado que establece el sistema de prelación de fuentes y descarta la existencia de tratados que regulen la materia, vigente entre Venezuela y España.

Por tal razón, a falta de tratados, el tribunal recurre a las normas internas, específicamente al artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, disposición que establece los requisitos que debe cumplir la sentencia extranjera para que pueda surtir sus efectos en Venezuela.

En tal sentido, el sentenciador observa “…que el fallo presentado emanado por el Tribunal Español satisface las exigencias de nuestra Ley especial pues la sentencia dictada lo fue en materia civil, de igual manera el fallo se encuentra firme según certificación expedida por la secretaria de dicho juzgado en la cual expresa que el fallo fue depositado en el libro correspondiente, no versa sobre derechos reales sino personales, pues se decretó el divorcio de los cónyuges, el Órgano Jurisdiccional que profirió el fallo es competente por la materia; en relación a la citación del demandado en el caso de marras la misma no aplica por cuanto el procedimiento fue voluntario y no tiene información éste Juzgado que se halle pendiente ante algún Tribunal de la República un juicio sobre el mismo objeto y las mismas partes el cual haya iniciado antes de proferir la sentencia extranjera”.

Luego, el tribunal venezolano entra a analizar el tema de las causales de divorcio, tema que en Venezuela se ha relacionado, tradicionalmente, con el orden público.

En tal sentido, afirma el tribunal “Habiendo establecido la competencia y observado que en principio el fallo presentado cumple con los requisitos de eficacia es importante traer a colación las causales de divorcio que nuestra norma sustantiva civil establece siendo ellas las tipificadas en el artículo 185, las cuales son: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. Pero adicionalmente se añade la separación de cuerpos en divorcio luego de un año de haberse declarado judicialmente la primera, así como la modalidad prevista en el artículo 185-A el cual permite el divorcio por el alegato de la ruptura prolongada de la vida en común durante un lapso mayor a los cinco (5) años y en este caso el divorcio puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges o ambos debidamente asistidos por un profesional del derecho ante el tribunal competente según el derecho venezolano”.

Además, el sentenciador recuerda que el artículo 755 del Código de Procedimeinto Civil establece que “El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de cuerpos que no esté fundada en algunas de las causales establecidas en el Código Civil” y entiende que tal norma está relacionada con el artículo 23 de la Ley de derecho Internacional Privado, de acuerdo con el cual “El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. El cambio de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual”.

En opinión del sentenciador, el citado artículo 23 constituye “…la perfecta solución al conflicto de leyes siempre y cuando el cónyuge que intenta la demanda demuestra su domicilio antes de realizar la solicitud, con el objeto de armonizar el cambio de factor de conexión personal sustituyéndose la nacionalidad por el domicilio ello con el objetivo de evitar el fraude a la ley y a la vez dar solución a un eventual conflicto de leyes”.

Aclarado esto, el tribunal trae a colación el artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado:

“Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano”.

Se trata de una protección especial al derecho del foro, “…pues para que puedan coexistir armónicamente dos ordenamientos jurídicos los mismos no deben ser contrapuestos en extremo”.

La referencia al orden público en el artículo 5 “…se debe a que en ambos derechos debe existir una relación de identidad a los fines de ser aplicado internamente y así poder generar un acto jurídico válido”.

Nosotros no compartimos esta afirmación, pues la no identidad no es suficiente para descartar un Derecho extranjeros. Desde las primeras formulaciones de las cláusulas de orden público en los Convenios de La Haya se ha insistido en la necesidad de una manifiesta incompatibilidad para evitar, justamente, la evicción del Derecho extranjero con fundamento en simples diferencias.

No obstante, la decisión continúa afirmando que “Para comprender lo aquí expuesto es menester echar un vistazo al pasado y observar el artículo 6 del Proyecto Arcaya el cual fue el primer proyecto de ley de Derecho Internacional Privado en el año 1912, llamado así en honor a su redactor Pedro Arcaya el cual es del siguiente tenor: ‘Artículo 6: Salvo disposiciones especiales, no podrá desconocerse en la República los derechos adquiridos en el extranjero por efecto de las leyes en el respectivo país, en materias sobre las cuales tengan competencia no discutible según la ley Venezolana y siempre que su ejercicio no acarree medidas contrarias a lo dispuesto en el artículo 4’”.

“En la actualidad con el ánimo de ser más preciso se ha empleado el término ‘situaciones válidamente creadas’ por ‘derechos adquiridos’, en tal sentido cuando una decisión que contenga elementos de extranjería deba ser aplicada en el territorio de la República debe el Juzgador celosamente antes de darle el pase verificar que ambas legislaciones sean compatibles, pues la excepción que prevé la norma es que en primer lugar se cumplan los objetivos de las normas Venezolanas de conflicto, que el derecho Venezolano no reclame la competencia exclusiva en la materia respectiva y que se considere la excepción del orden público internacional”.

A pesar de reconocer que no hay tratados vigentes entre Venezuela y España que sean aplicables en este caso, el tribunal destaca la solución contenida en el artículo 8 del Código Bustamante (“Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional”.

“Acoge este sentenciador al criterio del maestro Parra-Aranguren en el sentido que dicha norma lo que hace es dar una solución y evaluar la validez de los derechos de acuerdo con el derecho que resulte aplicable y que en consecuencia el derecho subjetivo derivara del que resulte aplicable y que el derecho que será protegido es aquel creado como consecuencia del funcionamiento de la norma de conflicto del foro (que en nuestro en caso es el artículo 185-A del Código Civil Venezolano)”.

A continuación, la decisión pasa a examinar el Derecho aplicable utilizado por el tribunal español para dictar la sentencia, “[c]on el objeto de brindar mayor luminosidad a la presente motivación…”. Luego de tal examen, concluye que auque España fue tradicionalmente contraria al divorcio, actualmente tanto Venezuela como España aceptan que el matrimonio pueda disolverse por divorcio.

En el caso venezolano, “…no se admiten divorcios sino única y exclusivamente por las causales de ley taxativamente establecidas en el Código Civil (…) si bien es cierto que el matrimonio es la base de la institución familiar y ésta la asociación natural de nuestra sociedad, también es cierto que el derecho debe avanzar progresivamente ello con el objeto de poderle ser útil a la sociedad, el ordenamiento jurídico no debe ser arcaico o anacrónico, por cuanto el derecho que no se adapte a los nuevos tiempos poco ventajoso sería al pueblo Venezolano, atrás han quedado las primitivas costumbres que aseveraban que permitir la disolución del matrimonio a causa del divorcio conllevaba a la pérdida de valores ético-morales (…) no debe haber un empeño por parte del Estado en perpetuar las uniones matrimoniales con la argumentación que el matrimonio es la base de la familia, por cuanto dicho concepto ha sido superado en la actualidad al punto de afirmar como recientemente en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de mayo de 2014 en el expediente Nº 14-0094 con ponencia del Magistrado ARCADIO DE JESÚS DELGADO la cual entre diversas consideraciones modificó no solamente el trámite procesal del artículo 185-A, sino que lo reinterpretó a la luz de la novísima Constitución Nacional”.

Destaca el sentenciador que la interpretación de las normas del Código Civil debe hacerse a la luz de la Constitución, no solo por la posterioridad de la Constitución, sino por su natural supremacía. La Constitución es la “…columna vertebral del ordenamiento jurídico Venezolano en su artículo 334 ordena a los Jueces de la República asegurar su integridad y que en caso de incompatibilidad entre ella como norma suprema y una ley u otra norma jurídica se deben aplicar las disposiciones Constitucionales”.

“En el caso bajo estudio es menester que el artículo 185-A del Código Civil se interprete a la luz de los postulados Constitucionales de 1999 específicamente de los artículos 75 y 77 de nuestra Constitución Nacional, pues estos se encuentran estrechamente vinculados a la libertad del ser humano cuya importancia es de estricto orden público pues se trata de la protección a la familia y al matrimonio, por lo cual una interpretación no ajustada a la realidad no puede afectar la decisión correspondiente, por cuanto se insiste, se debe hacer una interpretación ajustada a la norma fundamental conforme al orden público vinculado al estado y capacidad de las personas”.

El tribunal concluye que si el Estado protege el matrimonio fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges por interpretación Constitucional, nadie puede ser obligado a permanecer con el vínculo en contra de su voluntad pues ambos cónyuges pueden solicitar el divorcio cuando lo deseen.

Fundamentado en esta afirmación, el tribunal otorga el exequátur a pesar que el divorcio dictado por el tribunal español no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 185-A del Código Civil, pues los excónyuges no estuvieron separados por más de cinco años, tal como lo exige la norma. Sin embargo, “…su intención es la de suspender la vida conyugal como en efecto lo hicieron en España por lo cual considera quien aquí decide que en aras de una armónica interpretación Constitucional lo ajustado a derecho es conceder el pase de la sentencia extranjera en el territorio de la República. Y ASÍ SE DECIDE”.

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