Venezuela: los derechos humanos y el reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio

Por Claudia Madrid Martínez

Antes de publicarse la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 2 de junio de 2015, en la cual se extendieron las causales de divorcio a “…cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común”, un tribunal de instancia se fundamentó en los derechos humanos para otorgar el exequátur a una sentencia de divorcio extranjera.

En efecto, en fecha 8 de abril de 2015, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas otorgó el exequátur a una sentencia dictada por un tribunal español, en la cual se pronunció el divorcio por mutuo acuerdo, de dos venezolanos domiciliados en España.

En esta decisión, que no difiere en su estructura de las que se dictan en Venezuela sobre la materia, se hizo, no obstante, un interesante análisis en relación con las causales de divorcio y su injerencia en el reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio.

Así, el tribunal comienza por reafirmar su competencia para decidir cuando, como en el presente caso, la sentencia extranjera puso fin a un proceso de carácter no contencioso, para luego destacar que se trata de un caso de Derecho internacional privado, el cual, al no haber tratados internacionales sobre la materia entre Venezuela y España, deberá ser decidido de conformidad con la Ley de Derecho internacional privado.

El artículo 53 de este instrumento establece los requisitos generales para el reconocimiento de sentencias extranjeras en Venezuela, en los siguientes términos:

“Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas;
2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio;
4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera”.

Luego de constatar el cumplimiento de estos requisitos, el sentenciador entra a analizar la orden contenida en el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil venezolano, norma de conformidad con la cual: “El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de cuerpos que no esté fundada en algunas de las causales establecidas en el Código Civil.”

Con fundamento en esta norma, la jurisprudencia venezolana ha tendido a rechazar las sentencias extranjeras de divorcio fundadas en causales que no sean, al menos, análogas a las consagradas por el Código Civil venezolano, en su artículo 185.

En este caso concreto, el juez destaca la necesidad de respetar las situaciones jurídicas válidamente creadas en el extranjero, sobre la base del artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado, de manera que “Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano”.

Sugiere así el juez que el divorcio pronunciado por un tribunal extranjero puede ser entendido como una situación jurídica válidamente creada, que ha de producir efectos en Venezuela, siempre que no sea contraria al orden público.

Luego, hace el juez una exposición sobre la forma en que históricamente los diversos ordenamientos jurídicos han consagrado el divorcio y la manera en que ha de entenderse modernamente, de manera que las diferencias que, a nivel de las causales puedan contener los diversos ordenamientos jurídicos, no debería producir problemas de orden público.

En efecto, en este caso no se verificaron los 5 años de separación de los cónyuges, que exige el artículo 185-A del Código Civil venezolano, para pronunciar el divorcio por mutuo acuerdo, por lo que en principio, la sentencia extranjera correría el riesgo no ser reconocida. Sin embargo, el juez fue más allá y destacó que si el matrimonio comenzaba por obra del mutuo consentimiento de las partes, podría terminar por la misma razón.

En tal sentido, afirma el sentenciador, “…en la actualidad se protege al matrimonio fundado en el libre consentimiento, es decir, no basta solamente que ambos hayan querido contraer el vínculo jurídico sino que es menester que ambos cónyuges deseen permanecer con el mismo…”.

Y añade: “En el caso bajo estudio es menester que el artículo 185-A del Código Civil se interprete a la luz de los postulados Constitucionales de 1999 específicamente de los artículos 75 y 77 de nuestra Constitución Nacional, pues estos se encuentran estrechamente vinculados a la libertad del ser humano cuya importancia es de estricto orden público pues se trata de la protección a la familia y al matrimonio, por lo cual una interpretación no ajustada a la realidad no puede afectar la decisión correspondiente, por cuanto se insiste, se debe hacer una interpretación ajustada a la norma fundamental conforme al orden público vinculado al estado y capacidad de las personas”.

La decisión incluso se hace eco de carácter estrictamente consensual del matrimonio reconocido por los artículos 23,3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 17,3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 16,2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo contenido se hace irrenunciable en Venezuela, en virtud del artículo 19 de la constitución.

En definitiva, el tribunal estimó que las partes “solicitaron el divorcio ante las autoridades Españolas, solicitud que les fue debidamente proveída tal y como se evidencia en la sentencia de divorcio que anexaron en copia certificada y que si bien es cierto no poseen la separación fáctica de cinco (5) años para solicitar voluntariamente el divorcio, no es menos cierto que su intención es la de suspender la vida conyugal como en efecto lo hicieron en España por lo cual considera quien aquí decide que en aras de una armónica interpretación Constitucional lo ajustado a derecho es conceder el pase de la sentencia extranjera en el territorio de la República”.

con esta decisión se contribuye a garantizar lo que, en nuestra opinión, es el fin esencial del Derecho internacional privado: garantizar la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio.

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