México: constitucionalidad de la exigencia de emplazamiento personal para exequátur de sentencia extranjera

Por María Mercedes Albornoz

Hace unos meses, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció acerca de la constitucionalidad de la exigencia de que haya habido emplazamiento personal en el proceso llevado a cabo en el extranjero, cuya sentencia definitiva se pretende hacer reconocer y ejecutar en territorio mexicano.

La parte recurrente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra una resolución de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha 24 de septiembre de 2013, que declaraba improcedente la homologación de una sentencia extranjera dictada en Estados Unidos de América. El amparo fue negado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en audiencia constitucional del 17 de febrero de 2014.

El recurso de revisión interpuesto fue resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en fecha 26 de junio de 2014 se declaró incompetente para conocer problema de constitucionalidad del artículo 1347-A del Código de Comercio planteado por la quejosa y ordenó remitir los autos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución que en esta ocasión reportamos fue tomada por dicha sala del más alto tribunal de manera unánime, el 11 de marzo de 2015 (Amparo en Revisión 486/2014).

El artículo 1347-A, fracción IV, del Código de Comercio establece como uno de los requisitos para que proceda la ejecución en México de una sentencia extranjera que “el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal”. La quejosa pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de dicha norma por considerarla violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derechos humanos de audiencia y legalidad) y también de tratados internacionales de los que México es parte, entre los cuales destaca la Convención interamericana sobre la eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

El artículo 2, e) de dicho instrumento interamericano instaura como una de las condiciones para que una sentencia extranjera tenga eficacia extraterritorial en los Estados Parte, que “el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia” deba surtir efecto.

De la escasa información disponible acerca de los hechos del caso, se infiere que la notificación al tercero interesado no se llevó a cabo en forma personal y, sin embargo, se estaba solicitando el exequátur en territorio mexicano de la sentencia dictada en el extranjero. La quejosa entiende que:

“el sustantivo ‘equivalente’, empleado en el instrumento internacional, refiere a que el emplazamiento se cumpla, en la medida de lo posible, con los requisitos legales que las leyes nacionales, no de manera tajante y personal como lo señala el Código de Comercio”.

Estima que si no se considerara aplicable lo establecido en dicha convención tampoco podría aplicarse el artículo 1347-A IV del Código de Comercio,

“por la sola razón de que entre México y los Estados Unidos de Norte América, no existen reglas de derecho internacional que sean compatibles con el Código de Comercio para determinar las reglas que demuestren que una persona fue legalmente emplazada al juicio extranjero… En consecuencia, la aplicación de dicho precepto legal, en los términos que el mismo está redactado, implica que no se puede ejecutar en el territorio nacional sentencia alguna que provenga de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual genera inconstitucionalidad del precepto, pues se denegaría la justicia a los habitantes de aquel país, resultando violatorio a las normas de cooperación internacional procesal.”

Asimismo, alega que no se puede pretender que el emplazamiento se practique en el extranjero cumpliendo las normas mexicanas en la materia. Que eso sería ilegal e inconstitucional

“ya que dicha ley federal (artículo 1347-A, fracción IV del Código de Comercio) contravendría un imperativo constitucional, a saber, el diverso 133 constitucional, es decir, la legislación interna no podría imponer requisitos adicionales para el emplazamiento, pues ello contravendría una disposición internacional, por lo que exigir el emplazamiento de forma personal viola la expresión “substancialmente equivalente”.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, considera que:

“Dicho concepto de violación resulta infundado, toda vez que el quejoso parte de una premisa errónea, al considerar que la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, en su artículo 2, inciso e), establece una restricción para la legislación interna respecto de la homologación de sentencias, al señalar que no pueden imponerse mayores requisitos respecto del emplazamiento.”

“…la norma internacional, en ningún momento restringe que dicho emplazamiento deba ser personal, sino que obliga a considerar una similitud entre las dos normas que resultan aplicables al caso, es decir, que la norma conforme a la cual se juzgó al sujeto que se pretenda ejecutar, coincida con la normatividad del lugar donde se dictó la sentencia, laudo o resolución y deba de tener eficacia.”

“Por esa razón, no puede considerarse que la Convención en cita establezca parámetros de actuación para el estado respecto de la forma en la que debe practicarse un emplazamiento, sino que por el contrario se trata de una norma internacional, que reconoce al legislador interno su facultad para desarrollar y aplicar la legislación que considere pertinente; de ahí que no pueda considerarse que exista una contravención a una norma, cuando ésta deja un margen para su aplicación.”

“Así, no existe contraposición alguna entre lo establecido por el Código de Comercio y la Convención, pues aun cuando el Código de Comercio, en la fracción IV de su artículo 1347-A, prevé un requisito de eficacia aparentemente adicional a los convencionales, a saber, la forma personal de realizar la notificación, lo cierto es que de la lectura del instrumento internacional no se puede considerar que el tratado internacional pretendía que el llamamiento a juicio sea en la medida de lo posible, sin aplicar las leyes internas, como lo aduce la parte quejosa.”

“Además los requisitos adicionales, como lo es que se notifique de manera personal obedecen a fines constitucionalmente legítimos, como lo es el desarrollo y la efectividad del derecho al debido proceso, por lo que el Estado mexicano actúa en uso del margen de configuración y apreciación, en cuya libertad dejó el instrumento internacional a que hizo referencia la parte quejosa, como se demostrará a continuación.”

La Primera Sala de la Suprema Corte mexicana también destaca que el artículo 1347-A del Código de Comercio fue reformado en 1989 justamente con la intención de hacerlo concordar con la referida convención interamericana, a fin de armonizar la legislación interna con los estándares internacionales de cooperación procesal. Y agrega:

“En razón de lo anterior, la norma que combate la quejosa, tuvo por efecto proteger un derecho fundamental de la persona que sería sujeta a un procedimiento de ejecución, por lo que el hecho de que se exija de forma personal, no implica un parámetro irracional, ni genera inseguridad jurídica, ni tampoco impide tajantemente la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero en territorio nacional, sino que pretende proteger y regular el debido proceso”.

Finalmente, el tribunal deniega el amparo a la parte quejosa en cuanto hace al artículo 1347 del Código de Comercio.

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