España: reforma del sistema de competencia judicial internacional e introducción de excepciones de litispendencia y conexidad internacionales

                                                                        Por Laura Carballo Piñeiro

El sistema español de competencia judicial internacional se encuentra regulado en los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). Esta ley orgánica fue aprobada en 1985, en el año en el que España se incorporaba a la Unión Europea, por lo que las reglas allí previstas se ajustaban a la estructura del entonces en vigor Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, el ahora Reglamento ((UE) 1215/2012 o Bruselas I bis. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial introduce ahora importantes ajustes a las extintas reglas persiguiendo una mayor aproximación al Derecho de la Unión Europea.

La modificación afecta a los artículos 21 y 22 LOPJ. El primero no sufre modificaciones de calado ya que se limita a perfeccionar la redacción de un precepto que establece, de una parte, la supremacía de normas contenidas en tratados internacionales, normas de la Unión Europea y otras relevantes; y de otra parte, las inmunidades de jurisdicción y de ejecución. Por cierto, ha de advertirse que el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de Ley Orgánica sobre Privilegios e Inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, cuya aprobación se espera a la vuelta del verano.

El grueso de las modificaciones se concentran en el artículo 22 LOPJ, del que ahora se desprenden los artículos 22bis a 22nonies. Si antes el artículo 22 se estructuraba en diversos apartados referidos, por este orden, a competencias exclusivas, sumisiones y domicilio del demandado, competencias especiales por razón de la materia, competencias especiales en materia de consumo y seguros, y competencia en materia cautelar, ahora nos encontramos con lo siguiente:

Artículo 22. Competencias exclusivas: Este precepto se reserva ahora sólo para las competencias exclusivas de la jurisdicción española que coindicen, grosso modo, con las previstas en el artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis. Por esta razón, el artículo 22 LOPJ prácticamente no se utilizará para fundar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles, aunque sí como norma de competencia indirecta, esto es, para negar el reconocimiento de decisiones de terceros estados que contravengan lo dispuesto en este precepto. En un caso sí servirá para fundar la competencia de los tribunales españoles, a la hora de reconocer y ejecutar en territorio español ‘sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero’ (salvo los que procedan de la UE).

Artículo 22 bis. Sumisión expresa y tácita. La anterior reglamentación de la autonomía de la voluntad de las partes en sede de competencia judicial internacional era sumamente breve. Ahora no sólo se delimitan los supuestos en los que no cabe sumisión, sino que, además,

– se construye una regla especial para consumo y seguros, de manera que sólo se admite la sumisión de estas controversias a tribunales españoles si el acuerdo es posterior a que surja la disputa, o si ambos contratantes tuvieran su domicilio o residencia habitual en España en el momento de la celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

Sorprendentemente, el artículo 22 quinquies in fine también se refiere a este mismo supuesto y no coinciden exactamente con este precepto los casos en que la sumisión será eficaz.

– se define qué se entiende por acuerdo de sumisión expresa indicando qué requisitos formales ha de tener para que sea considerado válido (prácticamente los mismos que en el artículo 25 Reglamento Bruselas I bis) y se clarifica que los tribunales españoles también tienen competencia para analizar la validez del acuerdo de sumisión (pero sin indicar qué ley se aplica a la cuestión de su validez sustancial).

– también se define la sumisión tácita

En general y teniendo en cuenta el ámbito espacial de los artículos 25 y 26 del Reglamento Bruselas I bis, esta regla jugará fundamentalmente como regla de competencia indirecta, al menos en aquellos supuestos que estén incluidos en el ámbito de aplicación material de este último instrumento.

En el artículo 22bis no se indica qué ocurre cuando el acuerdo de sumisión expresa lo es a un tribunal de un tercer estado, es decir, no de la Unión Europea como podría serlo uno latinoamericano. Pero sí hay una referencia expresa a este supuesto en el precepto que examinamos a continuación.

Artículo 22 ter. Domicilio del demandado y relación con las competencias especiales por razón de la materia: Además de clarificar el carácter alternativo del forum rei con algunas competencias especiales por razón de la materia, la gran novedad de este precepto es que aborda la derogatio fori.

– Así, este precepto admite expresamente la sumisión expresa a tribunales de terceros estados, de manera que, ante un acuerdo de este tipo (se supone que válido. Recuérdese que los tribunales españoles tienen competencia para este examen y lo harán de acuerdo con las reglas ahora establecidas, como vimos a propósito del precepto anterior), los tribunales españoles ‘suspenderán el procedimiento y sólo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia’.

Esta última precisión es muy importante a la luz de una línea jurisprudencial respaldada por el Tribunal Supremo español que indicaba que, si el demandante demandara al demandado en su domicilio y éste impugnaba la competencia con base en un acuerdo de sumisión expresa a tribunales de otro estado, había que entender que la declinatoria de competencia constituía un abuso procesal. La redacción del artículo 22 ter implica condenar esta interpretación que, por otra parte, era claramente contraria a la filosofía que se esconde tras los acuerdos de sumisión expresa y los intereses del comercio internacional.

Por supuesto, lo anteriormente reseñado no procede si la LOPJ no permitiera expresamente la sumisión expresa, tampoco a tribunales españoles.

Otras novedades de este precepto son:

– define qué se entiende por domicilio del demandado en España, esto es, la persona física ha de tener su residencia habitual en este país y la persona jurídica su sede social, su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal.

– colma una clamorosa laguna de nuestro ordenamiento jurídico al introducir un foro de conexidad en caso de pluralidad de demandados: deben advertir los socios latinoamericanos que ahora ya no cabe duda que los tribunales españoles serán competentes respecto de todos ellos si al menos uno tiene su domicilio en España ‘siempre que se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación’.

Artículo 22 quáter. Competencias especiales en materia de familia y sucesiones. Sin entrar en detalles, aquí se establecen foros para las siguientes materias: declaración de ausencia y fallecimiento; capacidad de las personas y medidas de protección de personas mayores de edad y sus bienes; relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones; filiación y relaciones paterno-filiales, protección de menores y responsabilidad parental; adopción; alimentos; sucesiones.

Por supuesto, ha de recordarse aquí la prevalencia de los instrumentos de Derecho de la Unión Europea que, prácticamente, no dejan espacio para que muchas de estas normas jueguen como normas de competencia judicial internacional, y sólo lo hagan como normas de competencia indirecta.

Artículo 22 quinquies: Competencias especiales en materia de obligaciones contractuales y extracontractuales. Además de reglas específicas para consumo, y seguros, se establece que el foro general en materia de obligaciones contractuales es su lugar de cumplimiento en España; el foro general en materia de obligaciones extracontractuales es el lugar de producción del hecho dañoso en territorio español; y también se contempla el foro de la sucursal, agencia o establecimiento en territorio español en caso de acciones derivadas de su explotación.

Artículo 22 sexies: Competencia en materia cautelar. Los tribunales españoles son competentes para dictar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español, si las mismas han de cumplirse en España. Lógicamente también lo son si son competentes para conocer del fondo del asunto y aunque no se cumplan las condiciones anteriores.

Artículo 22 septies: Competencia en materia concursal. Contiene una remisión a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuyos artículos 10 y 11 se ocupan de la competencia judicial internacional en esta materia, incluidas las ‘ aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso’.

Artículo 22 octies: Verificación de oficio de la competencia judicial internacional y forum necessitatis. Además de establecer la obligación de los tribunales españoles de verificar de oficio su competencia judicial internacional para afirmarla al inicio del proceso (prescribiendo el precepto la perpetuatio fori) o para abstenerse de conocer si así lo determinare la legalidad procesal. Ahora bien

‘Los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los Tribunales extranjeros.’

El subrayado es nuestro y pretende destacar la introducción de un foro de necesidad, en términos bastante amplios por cierto.

Artículo 22 nonies. Excepciones de litispendencia y conexidad. Sólo indica que su tramitación seguirá lo que indiquen las normas generales que regulen las leyes procesales. Concretamente, hay que acudir a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, cuya Exposición de Motivos reconoce la primacía del Reglamento Bruselas I bis y la influencia que el mismo ha tenido en la reglamentación de estas cuestiones en el Título IV de esta ley. Por tanto, la apreciación de estas excepciones por parte de un tribunal español es potestativa en el sentido de que debe apreciar la concurrencia de una serie de circunstancias legalmente previstas antes de suspender el proceso español posterior esperando que se dicte sentencia en el extranjero.

En definitiva, el sistema español de competencia judicial internacional sigue estando contenido en los artículos 21 y siguientes LOPJ, aunque ha experimentado una muy importante renovación. Enlazando con este lavado de cara, ha de traerse a colación alguna de las novedades que en nuestro ordenamiento jurídico ha introducido la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

No cabe detallar las reglas especiales a propósito de los distintos expedientes de jurisdicción voluntaria allí reglamentados, pero sí que regula en distintos preceptos la competencia territorial de los tribunales españoles en estos casos. Ello se hace así porque el sistema español es dualista y distingue entre normas de competencia judicial internacional y de competencia territorial.

Pues bien, este dualismo puede suscitar problemas de adaptación para los que el artículo 9.2 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria busca una solución:

‘En el caso de que, con arreglo a las normas de competencia internacional, los órganos judiciales españoles fueran competentes en relación con un expediente de jurisdicción voluntaria, pero no fuera posible concretar el territorialmente competente con arreglo a los criterios de esta Ley, lo será aquél correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicción voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su ejecución.’

Los instrumentos de la Unión Europea en materia de competencia judicial internacional limitan considerablemente el impacto de esta importante reforma del sistema español. Y aunque hay cuestiones que darán bastante que hablar, el balance se arroja positivo en una primera y apresurada lectura.

2 comentarios en “España: reforma del sistema de competencia judicial internacional e introducción de excepciones de litispendencia y conexidad internacionales

  1. Muy bueno. Muchas gracias. hasta hace una semana aún escuchaba a un letrado de la administración de justicia alegar el art. 22 por encima de los Reglamentos comunitarios.

  2. es muy importante para ampliar la red de intercambio y cooperación en materia de derecho internacional privado el disolver esos pèqueños obtaculos que representan los interiorismos de derecho(paternalistas de ius cogen nacionalistas) que ralentizan el normal y natural desarrollo que todo derecho internacional debe contener en el espiritu de unidad global de justicia.

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