Venezuela: El no reconocimiento de una sentencia extranjera de divorcio viola el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva

Por Javier Ochoa Muñoz

Nuestro caso del día versa sobre una acción de amparo constitucional decidida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el pasado 13 de julio de 2015.

La acción se interpuso en contra de la decisión dictada por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, el 23 de julio de 2012, la cual declaró sin lugar el exequátur de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Gran Instancia de Castres, Departamento de Tarn, Francia, entre Jeróme André Pierre Pujol (francés) y Ana Beatriz Díaz de Pujol (venezolana).

La negativa del exequátur por el Tribunal Superior se fundamentó en una torcida interpretación de la excepción de orden público, expresando que la sentencia extranjera “declaró el divorcio …mediante solicitud de un acuerdo entre las partes, lo cual no está contemplado en el ordenamiento jurídico venezolano conforme…, en virtud que no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesadas el orden público, las buenas costumbres o la soberanía nacional (…) La Sentencia de Divorcio con Consentimiento Mutuo, no está contemplada en el ordenamiento jurídico Venezolano, razón por la cual este Tribunal Superior Cuarto del Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, impartiendo justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara sin lugar la presente solicitud de Exequátur…”.

La Sala Constitucional, citando a nuestra coeditora, Claudia Madrid Martínez, observó que el orden público en el ámbito del reconocimiento de la sentencia extranjera, se manifiesta cuando ésta “establece o reconoce,… una situación jurídica manifiestamente contraria a los principios esenciales y especialmente protegidos por la legislación sustantiva del Estado receptor, también puede producirse en el modo en que fue proferida la resolución judicial, lo que se relaciona estrechamente con el derecho a la defensa, y en definitiva con el orden público procesal, el cual se traduce en la protección de los principios fundamentales de justicia que tiende a garantizarse en un proceso, especialmente a la parte demandada… (Vid. MADRID, Claudia: “Breves Notas sobre el Orden Público y el Reconocimiento de Decisiones Extranjeras en el Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado”, en Libro Homenaje a Juan María Rouvier, Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Libros Homenaje No. 12, Caracas, 2003, pp. 365-368).”

En ese sentido, la Sala advierte que la sentencia francesa cuyo exequátur se solicitaba, no crea ni reconoce “…ninguna institución o situación que atente contra los principios fundamentales del derecho sustantivo venezolano en materia de divorcio”.

Asimismo, expresó la Sala que las formas de divorcios consagradas en el Código Civil Venezolano han venido siendo interpretadas y ajustadas a los principios de la Constitución mediante la jurisprudencia emanada de la misma Sala Constitucional, en las que se ha expresado… “Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado” (Sent. n° 446/2014).

Hecha esta observación, la Sala profiere:

“En consecuencia, en el caso concreto del exequátur solicitado en materia de divorcio por consentimiento mutuo, el cual impacta directamente en la esfera de estado y capacidad de las partes solicitantes, al haber declarado el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, sin lugar el exequátur de la sentencia que por consentimiento mutuo disolvió el vinculo matrimonial que unía a los ciudadanos Jeróme André Pierre y Ana Beatriz Díaz les vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los solicitantes, así como el derecho a la tutela judicial efectiva así se declara.

De allí que, la presente acción de amparo constitucional se declare CON LUGAR.”

Dejando de la lado la tardanza en la decisión, consideramos que se trata de un valiosísimo precedente, que se alinea con las más recientes tendencias en la materia, en las que comienza a cuestionarse el rigor del paradigma clásico de la plena separación recíproca de las jurisdicciones, difundido especialmente a través del caso Lotus, decidido en 1927 por la Corte Permanente de Justicia Internacional.

En el orden internacional y constitucional moderno, cabe considerar que la eficacia de las sentencias extranjeras, cuando éstas cumplen ciertas condiciones, está directamente asociada tanto al derecho fundamental de acceso a la justicia, como a los derechos fundamentales sustantivos que puedan estar protegidos o desarrollados en la respectiva sentencia extranjera.

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