España: La (casi) entera renovación del sistema español de Derecho procesal civil internacional y algunas cosas más

Por Laura Carballo Piñeiro

Las mayorías parlamentarias absolutas y el fin del ciclo electoral son un caldo de cultivo ideal para sorpresas mayúsculas como las que ha proporcionado este mes de julio a los estudiosos y prácticos del Derecho internacional privado español. Sin duda, un mes que pasará a los anales de nuestra particular historia.

Comenzando por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, siguiendo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y terminando con la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, el legislador español ha salvado de la quema pocas disposiciones del sistema en vigor de modo que casi sería más adecuado indicar qué no ha renovado que qué ha hecho.

Concretamente, lo que no se han tocado son las normas de ley aplicable. Aunque toda regla tiene una excepción: la disposición final 28ª de la Ley de Jurisdicción Voluntaria da nueva redacción al artículo 107.2 del Código civil. Este precepto contenía una norma de conflicto en materia de separación judicial y divorcio que ahora se sustituye por la siguiente redacción:

“La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o las españolas de Derecho internacional privado”.

Nada en contra desde el punto de vista del Derecho internacional privado si se tiene en cuenta que España es Estado miembro del Reglamento (UE) 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, cuyo artículo 4 proclama el carácter universal de sus normas de conflicto.

Pero sí hay que lamentar una tan magra redacción en un Estado que se caracteriza por su dimensión plurilegislativa. Justamente y a pesar de la amplia reforma que acomete el legislador español, el mismo sigue ignorando que en España se producen conflictos interregionales y que el artículo 16 del Código civil y su remisión a las normas de Derecho internacional privado no solventa. Cuando menos hubiera sido deseable una clarificación expresa en el sentido de que las normas de la Unión Europea se aplican también a este tipo de conflictos.

La reforma o novedad legislativa se refieren básicamente a aspectos de Derecho procesal civil internacional. Concretamente, se reforma el sistema español de competencia judicial internacional al modificar los artículos 21 y 22 e introducir los artículos 22bis a 22nonies de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como el de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y otros actos, cuyas reglas pasan a estar contenidas en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, pero también en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

En esta última ley se procede a regular distintos expedientes de jurisdicción voluntaria en casos internacionales. Aunque aquí cabe destacar todo la introducción de un Capítulo IVbis en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 (artículos 778bis a 778quáter) titulado “Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional”. En consecuencia, se derogan los artículos 1901 y siguientes de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que hasta ahora han prestado servicio implementando en España el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

Como ocurre con la LEC, la Ley de Jurisdicción Voluntaria acomete en sus disposiciones finales la reforma de otras leyes. Es particularmente llamativa la reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, donde se contienen disposiciones relevantes en materia de celebración de matrimonio que afectan no sólo a su tramitación y celebración en el extranjero, sino también a los que siguen la forma religiosa (disposición final 4ª, números 1 a 3 y 9).

Esta reforma se coordina con la correspondiente reforma de las leyes 24/1992, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Evangélicas de España; 25/1992, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España; y 26/1992, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

Pero, a pesar de su importancia y en una inusitada maniobra legislativa, la Disposición transitoria 4ª.12 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria pospone (de nuevo) la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil al 30 de junio de 2017. Por supuesto, lo mismo hace con todas las disposiciones que ella reforma de esta ley y las relativas a confesiones religiosas (disposición final 21ª).

Ni que decir tiene que las normas de cooperación procesal civil internacional son completamente actualizadas: nueva redacción de los artículos 276 a 278 LOPJ y nueva Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil que, además, también se refiere a la excepción de litispendencia.

Es imposible abordar aquí todos los detalles de la reforma acometida por lo que se iremos elaborando sucesivos y pequeños comentarios sobre los distintos aspectos de la misma. Cerremos ahora esta noticia con dos apuntes.

El primero afecta a la relación de los tribunales españoles con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordada ahora en el artículo 4bis LOPJ y del que sólo llama la atención que se indique cómo han de plantear una cuestión prejudicial (por auto y previa audiencia de las partes); y muy particularmente, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este blog ya habíamos alertado de los movimientos del Tribunal Supremo español para posibilitar la revisión de sentencias firmes españoles contradictoria con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, ahora la revisión se institucionaliza en los artículos 5bis LOPJ:

“Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.”

Esta disposición se complementa con la modificación de los artículos 328 y 504 de la Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar (Disposiciones Finales 2ª y 3ª LO 7/2015); 102 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Disposición Final 3ª LO 7/2015); y 510 a 512 LEC (Disposición Final 4ª LO 7/2015).

El último apunte afecta a las fechas de entrada en vigor de estas leyes: tanto la Ley de Jurisdicción Voluntaria como la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil entran en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo hará el día 1 de octubre de 2015. Si a los especialistas, acostumbrados a promesas incumplidas, nos ha pillado a contramano, qué no decir de sus aplicadores a los que el 20 de agosto les toca tener los deberes hechos.

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