Forum Non Conveniens y el caso Lago Agrio

Por Zhandra Marín*

El caso conocido como Lago Agrio, en el cual aborígenes ecuatorianos demandaron a la petrolera Texaco por contaminar su hábitat y afectar su cultura, ha sido litigado por más de una década, principalmente, en Ecuador y los Estados Unidos de Norteamérica. Debido a las múltiples complejidades procesales y materiales de este caso, dedicaremos esta nota a resumir la secuencia de actuaciones procesales y en la figura procesal anglosajona conocida como Forum Non Conveniens (FNC).

Durante 1993 y 1994 nacionales ecuatorianos intentaron demandas contra Texaco en tribunales federales norteamericanos, alegando contaminación de ríos y bosques ecuatorianos, así como la afectación de las comunidades aborígenes que han habitado históricamente esa región. Ambas acciones fueron denegadas en 2002 en base al FNC. En aquel entonces, Texaco afirmó que los tribunales ecuatorianos tenían jurisdicción sobre el caso.

En 2003, se inició una demanda colectiva (class action) en Ecuador contra Texaco (adquirida por Chevron en el 2001). Luego de recusaciones, actuaciones de múltiples expertos y peritos, en 2011 el tribunal de instancia ecuatoriano sentenció a Texaco/Chevron por $8.5 billones en daños y gastos de limpieza del área contaminada, siempre que Chevron emitiera una disculpa pública por los daños causados. Si la compañía decidía no disculparse, los daños se incrementarían a $18 billones.

Ante esta decisión, Chevron procedió a apelar, alegando ilegalidad e imposibilidad de ejecución de la sentencia apelada. En 2012, la apelación fue denegada por el tribunal de alzada. Ese mismo año Chevron inició una nueva apelación ante la máxima instancia judicial ecuatoriana (Corte Nacional de Justicia). Aunque la apelación fue denegada, la Corte Nacional de Justicia determinó que el monto a cancelar por Chevron por concepto de daños era $9.51 billones, en lugar de $18 billones. Los pueblos aborígenes, por su parte, intentaron ejecutar la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana en Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y Canadá, jurisdicciones en las cuales Chevron mantenía propiedades.

Además de sus acciones en Ecuador, Chevron inició una demanda ante cortes federales norteamericanas en 2011 por crimen organizado y fraude. El principal demandado en este caso fue Donzinger, el abogado defensor de los aborígenes ecuatorianos. Igualmente, Chevron solicitó (y promovió ante todas las instancias posibles) una orden temporal para suprimir la ejecución de la sentencia ecuatoriana en suelo estadounidense.

En 2013, una abogado estadounidense inició una nueva demanda contra Donzinger, afirmando que sus clientes (una rama particular entre los pueblos afectados), eran los propietarios directos de los fondos procedentes de la demanda y que no requerían intermediación alguna por parte de Donzinger o del Amazon Defense Coallition (organización creada para administrar los fondos provenientes de la demanda principal decidida en Ecuador). Esta nueva demanda fue recientemente decidida por el tribunal federal norteamericano, el cual eligió no ejercer jurisdicción sobre este caso, basado en el FNC.

Para finalizar este resumen, es importante destacar que, simultáneamente a los procedimientos iniciados ante tribunales nacionales, ambas partes han acudido ante paneles arbitrales y organismos supranacionales (Haya, OEA, Corte Penal Internacional) a los fines de solicitar diversas acciones relacionadas con este caso.

Como fundamento de su mas reciente decisión, los tribunales federales norteamericanos aplicaron la figura procesal conocida como FNC. Esta figura se originó en Escocia y fue inicialmente utilizada en los Estados Unidos de Norteamérica en aquellos casos domésticos en que el tribunal donde se inició la demanda declinaba ejercer su jurisdicción debido a que otro tribunal de la unión representaba un mejor foro. La aplicación del FNC se incrementó desde 1946, para contrarrestar los efectos de un importante precedente judicial que amplió la jurisdicción personal, aumentando, en consecuencia, las posibilidades de forum shopping.

Con el desarrollo de la tecnología y su impacto en los negocios internacionales, los tribunales norteamericanos proporcionalmente comenzaron a recibir más casos internacionales. Este incremento generó una sobrecarga administrativa, ante lo cual los tribunales reaccionaron aplicando el FNC (hasta ahora de uso doméstico) a casos con elementos extranjeros.

Actualmente, el FNC es un poder discrecional, ejercido caso por caso y no regulado expresamente por la ley. Sin embargo, basados en precedentes de las cortes federales, podemos extraer el test generalmente utilizado a los fines de establecer la viabilidad del FNC. Dicho test cuenta con dos etapas:

1) Determinar si existe un tribunal alternativo que sea adecuado para decidir la causa,

2) Determinar el impacto de la aplicación del FNC en intereses privados y públicos.

Los intereses privados a considerar incluyen:
– Facilidad de acceso a los medios de prueba, las partes y los testigos.
– Costos vinculados al procedimiento para las partes y los testigos.
– Posibilidad de ejecución de la sentencia extranjera.
– Acceso a un juicio justo.

Al evaluar estos intereses, el juez normalmente considera si ejercer su jurisdicción generaría una ventaja desmesurada del demandante sobre el demandado y si se le estaría imponiendo una carga innecesaria desde el punto de vista económico y de inconvenientes prácticos en general. Desde la perspectiva del demandante, el juez debe considerar si acudir a la jurisdicción alternativa sería seriamente inconveniente. La inconveniencia, no obstante, no puede relacionarse únicamente al hecho de que la ley aplicable sea menos favorable para el demandante.

Por su parte, los intereses públicos implican la evaluación de:

– La vinculación del caso con la comunidad donde se ubica el tribunal y la necesidad de imponer el deber de ser jurado a miembros de dicha comunidad. En este sentido, la tendencia es que problemas locales deben ser atendidos y decididos por tribunales locales.

– Las implicaciones de derecho internacional privado y, nuevamente, la vinculación del caso con la localidad donde se encuentra el tribunal. Es bien sabido que los jueces norteamericanos prefieren evadir las normas de conflicto, en especial, en aquellos casos en que un derecho extranjero resulta aplicable. Esto se debe a un interés práctico, ya que los jueces consideran que es en extremo difícil aplicar coherentemente el derecho extranjero y conceder mayor tiempo a un caso poco vinculado con su jurisdicción sería contraproducente para su comunidad inmediata.

– El número de casos pendientes –y de cuya jurisdicción no hay duda- que tiene el tribunal.

-El interés de otro estado en decidir sobre la controversia en cuestión.

Al realizar su análisis, el tribunal debe recordar que muchos demandantes eligen iniciar sus casos ante tribunales estadounidenses debido a sus normas en materia de responsabilidad objetiva, los beneficios del juicio con jurado, la posibilidad de emplear abogados bajo la modalidad de cuota litis y el mecanismo probatorio conocido como “discovery”. Al evaluar su jurisdicción sobre casos con elementos extranjeros, el juez tiene la obligación de dar prioridad a sus intereses locales, en lugar de permitir que los tribunales norteamericanos, y sus normas, sean abusadas por demandantes poco relacionados con su jurisdicción. En consecuencia, el FNC se aplica con mayor frecuencia en aquellos casos en los que el demandado no es un nacional o se encuentra domiciliado en territorio norteamericano.

En los Estados Unidos de Norteamérica el FNC no es el único mecanismo disponible para no ejercer la jurisdicción. También existe la figura conocida como “transferencia” y la doctrina de abstención. La transferencia, regulada por ley, es de uso meramente doméstico e implica que aunque el caso se transfiera de un tribunal a otro, el derecho aplicable continuará siendo el del tribunal donde originalmente se inició la demanda. La doctrina de abstención es ejercitada en aquellos casos en que, basado en los principios de la cortesía internacional (comity) y en el respeto de otra entidad soberana, el tribunal declina ejercer la jurisdicción.

Teniendo esta información en consideración, no es de extrañar que el tribunal federal norteamericano haya decidido declinar la jurisdicción en el caso Lago Agrio. Analizando los intereses privados, los demandantes son nacionales ecuatorianos, el caso principal se decidió en Ecuador, las pruebas y los testigos se encuentran en Ecuador, país que resulta mas conveniente y que tiene jurisdicción sobre el caso en cuestión. Aunque los intereses públicos no fueron expresamente analizados en la decisión, es lógico concluir que, con base al test anteriormente mencionado, el tribunal federal no tenía ningún interés en resolver este complejo caso y, por ende, aplicar el FNC resultaba conveniente.

Aunque el abordaje de las cortes norteamericanas pueda parecer territorialista y poco enfocado en la justicia internacional, la realidad es que la practicidad y prioritización de los intereses locales son valores importantes para toda sociedad.

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* Abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, Magister Scientiarum en Derecho Internacional Pricado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, LLM en International and Comparative Law de la Universidad de Tulane, Doctor en Derecho de la Universidad de Tulane.

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