Canadá: Medida cautelar internacional contra una persona que no es parte del litigio (Google).

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Por Javier Ochoa Muñoz

El caso del día viene del Canadá y ha llegado a nuestro conocimiento a través de conflictoflaws.net. Se trata medidas cautelares dictadas en contra de una persona que no es parte del litigio, en este caso, nada más y nada menos que Google Inc, a la cual se le ordena excluir ciertos sitios web de sus motores de búsqueda.

La decisión, dictada el pasado 13 de junio por la Corte de Apelaciones de British Columbia, ratifica la medida cautelar decretada por el Tribunal Supremo de esa provincia cadaniense, en un litigio incoado por las empresas Equustek Solutions Inc. y Clarma Enterprises Inc. en contra de Morgan Jack y Datalink Technologies Gateways Inc.

La importancia de la materia decidida y su relación con el derecho a la libertad de expresión y con la protección de la propiedad intelectual, sirvió de argumento para que también interviniesen en la apelación otras asociaciones y ONGs como la “Canadian Civil Liberties Association”, la “Electronic Frontier Foundation”, la “International Federation of Film Producers Associations” y la “International Federation of the Phonographic Industry”.

Los demandantes alegaron que los demandados habían falsificado o imitado su producto. En un esfuerzo por evitar que continuara la venta del producto supuestamente falsificado, lo que se hacía a través de internet, los demandantes solicitaron y obtuvieron una orden judicial contra Google Inc., (corporación de Delaware con sede en California, EEUU), que le ordena excluir una lista de ciertos sitios web de los resultados que arroja su motor de búsqueda. El objetivo era evitar que los clientes continuaran encontrando en la web los productos objeto de la querella.

Google apeló la medida cautelar por varios motivos. En primer lugar cuestionó la jurisdicción por ausencia de una conexión suficiente, alegando además que la orden judicial representa una carga indebida para una persona inocente que no es parte del litigio. También sostuvo que el alcance extraterritorial de la medida cautelar es inapropiado y una violación de los principios del “comity”. Por último, Google afirma que la medida cautelar es improcedente por constituir una indebida limitación a libertad de expresión.

La Sentencia de la Corte de Apelaciones, con ponencia de Mr. Justice Groberman, advierte que Google no tiene empleados residentes, oficinas de negocios, o servidores en la Provincia de British Columbia, pero sus actividades de recopilación de datos en la web, en la distribución de la publicidad dirigida a los usuarios de British Columbia, así como en la venta de publicidad para las empresas de la localidad, son suficientes para sostener los argumentos del juez, en el sentido que Google hace negocios en la Provincia. El tribunal, por lo tanto, atendiendo a la normativa aplicable (“Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act”), tenía jurisdicción in personam sobre Google. En estas circunstancias era permisible buscar alivio cautelar en contra de Google, a pesar de que no era parte en el litigio. De modo que la orden judicial no habría violado los principios del comity, ni tampoco las normas sobre la libertad de expresión.

Groberman también sostuvo que el hecho de que la orden tenía efectos extraterritoriales, en el sentido de que manda a Google a tomar medidas fuera de British Columbia, no era una objeción válida. A tal efecto examinó varios casos emblemáticos del Reino Unido, incluyendo el caso Owners of cargo lately laden on board the vessel Siskina v. Distos Compañía Naviera S.A., [1979] A.C. 210 (H.L.), el caso South Carolina Insurance Co. v. Assurantie Maatschappij de Zeven Provincien N.V. (1986), [1987] A.C. 24 (H.L.) y el caso Channel Tunnel Group Ltd. v. Balfour Beatty Construction Ltd., [1993] A.C. 334 (H.L.), los cuales se refieren a las controversiales medidas judiciales conocidas como Mareva injunctions, así como a situaciones similares de bloqueos de sitios en internet. También comentó favorablemente una más reciente decisión, recaída en el caso Cartier International AG v British Sky Broadcasting Limited, [2014] EWHC 3354 (Ch.).

Sin embargo, de algún modo estas decisiones discutían la existencia de límites jurisdiccionales a la posibilidad de dictar medidas cautelares. Pero en el Derecho canadiense, advierte Groberman, la situación es distinta, tal como quedó expresado en el caso Brotherhood of Maintenance of Way Employees Canadian Pacific System Federation v. Canadian Pacific Ltd., [1996] 2 S.C.R. 495, en el cual la Corte Suprema de Canadá sostuvo que los tribunales de ese país tienen jurisdicción para decretar medidas cautelares en situaciones en las que existe un derecho justiciable, aun cuando los mismos no sean propiamente el foro donde el derecho será determinado.

La misma Corte Suprema sostuvo también el caso MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson, [1996] 2 S.C.R. 1048 que “…puede ser afirmado con confianza… que tanto las autoridades inglesas como las canadienses apoyan la opinión de que también las personas que no son partes del proceso están obligados por las medidas cautelares: y si estas personas que no son partes violan las ordenes, son objeto de condena y castigo por desacato al tribunal. Los tribunales tienen jurisdicción para dictar medidas cautelares que todas las personas, so pena de desacato, deben obedecer.”

Luego de citar otros precedentes orientados hacia la misma corriente, se incorporan otros precedentes para formular una interesante acotación sobre el concepto del comity, cuya violación había alegado Google. El concepto de “comity” (que en español generalmente se traduce de manera poco exacta como “cortesía”) habría sido descrito en el caso Spencer v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 278 at 283 de la siguiente manera:

“Comity, en el sentido jurídico, no constituye una absoluta obligación, pero de otro lado, tampoco es un aspecto de mera cortesía y buena voluntad, para con los otros. Es en cambio, el reconocimiento que una nación permite dentro de su territorio a los actos legislativos, ejecutivos y judiciales de otra nación, teniendo debida cuenta tanto del deber y la conveniencia internacional, como del derecho de sus propios ciudadanos y de otras personas, quienes están bajo la protección de sus leyes…”.

Esta formulación, añade, hizo resonancia en la Corte Suprema de Canadá en diversas ocasiones (Ej. Morguard Investments v. De Savoye, [1990] 3 S.C.R. 1077 at 1096; Amchem Products Incorporated v. British Columbia (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 S.C.R. 897 at 913-14; Pro Swing Inc. v. ELTA Golf Inc., 2006 SCC 52 at para. 26. En este último caso, se agregó: “Comity es un ejercicio de equilibrio. Las consideraciones relevantes son el respecto de las leyes de las naciones, el deber internacional, la conveniencia y la protección de los ciudadanos de la nación”.

Añade también el magistrado Groberman que los tribunales de muchas otras jurisdicciones han encontrado necesario, en el contexto de órdenes contra abusos en internet, decretar medidas que tienen efectos internacionales. Algunos de estos casos fueron citados en la intervención de la International Federation of Film Producers Associations (“FIAPF”) y la International Federation of the Phonographic Industry (“IFPI”), incluyendo los casos: APC v. Auchan Telecom, 11/60013, Judgment (28 November 2013) (Tribunal de Grand Instance de Paris); McKeogh v. Doe (Irish High Court, case no. 20121254P); Mosley v. Google, 11/07970, Judgment (6 November 2013) (Tribunal de Grand Instance de Paris); Max Mosley v. Google y ECJ Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, C-131/12 [2014], CURIA.

Advierte Groberman que las sentencias dictadas en esos casos no han estado exentas de controversias o problemas. De modo que llama a ver, por ejemplo, los casos de La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme c. La Société YAHOO!Inc., Tribunal de Grande Instance de Paris (May 22, 2000 and November 20, 2000), Court File No. 00/05308; y YAHOO! INC. v. La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme, 169 F.Supp. 2d 1181 (N. Dist. Cal., 2001) rev’d 379 F.3d 1120 (9th Cir., 2004) and 433 F.3d 1199 (9th Cir. en banc, 2006)). Sin embargo, agrega, que la extensa casuística indica, que en el ámbito internacional los tribunales no ven esta clase de órdenes como injustificablemente invasivas o contrarias al comity.

Es de resaltar también que Google alegó que la medida dictada era inejecutable. Para asegurar el cumplimiento de la medida, la juez que originalmente la dictó, advirtió a Google que de no cumplir con la orden, podría verse luego impedida de utilizar los tribunales de British Columbia para cualquier otro asunto, como penalidad por el incumplimiento.

Justice Groberman, admite que tiende a estar de acuerdo con Google en el sentido de que impedirle el acceso a los tribunales de esa provincia sería una medida draconiana, la cual no es necesario contemplar en esta coyuntura. Sin embargo, dado que Google hace negocios en British Columbia, los tribunales de esa provincia tienen razones para esperar que la empresa acatará sus órdenes. Igualmente, es también de esperar que en el caso de incumplimiento, habrán consecuencias que pueden tocar a la corporación.

Aunque el litigio no se vincula con el espacio iberoamericano, pensamos que vale la pena difundirla en este medio, pues podría tener repercusiones en la actividad global que desempeña Google. Es además una muestra muy ilustrativa del rol que tienen los tribunales locales en la conformación de la gobernanza global. Como bien lo expresa el profesor Christopher Whytock: “Domestic courts are global governors”…

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