Caso Chevron… de Hollywood al STJ: comentarios al Dictamen nº 2.811/2015, del MPF

Por Renata Alvares Gaspar y Luciane Klein Vieira

El 11 de mayo de 2015, se ha dado a conocer el dictamen del Ministerio Público Federal de Brasil, en el caso “Chevron Corporation vs Maria Aguinda Salazar y otros”, en el cual el Dr. Nicolao Dino, Subprocurador General de la República, opinó sobre el no reconocimiento de la sentencia extranjera proveniente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador, que condenó a la empresa Chevron, en acción de indemnización por daños al medio ambiente y a la población local, al pago de US$ 8.646.160.000,00, a título de reparación del daño ambiental a la población local, y al mismo valor a título de daños punitivos, sin perjuicio del pago del 10% sobre la condena en virtud de imposición del art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana y del 0,1% referente a honorarios de abogado.

Como ya lo hemos mencionado en estudios anteriores, para que una decisión extranjera pueda producir efectos en el territorio brasileño, necesita pasar por proceso de reconocimiento ante el Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), quien realiza el “juízo de delibação”, que no es más que un examen del cumplimiento de requisitos de orden procesal, formal y material, que autorizan a que la decisión extranjera pueda ser ejecutada en el país. Los supuestos están dispuestos en los tratados internacionales adheridos o suscritos por Brasil y, en su defecto, en las disposiciones contenidas en el Reglamento interno del STJ (en adelante RISTJ), arts. 2016 y 2017.

Siendo así, a fin de cumplir con las exigencias de la legislación brasileña, los requirentes solicitaron ante al STJ el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana supra mencionada, aduciendo que todos los requisitos contenidos en el RISTJ fueron cumplidos; es decir, que la decisión fue proferida por juez competente, que hubo citación válida, que está firme y que no es contraria a la soberanía o al orden público.

Chevron, a su vez, en contestación, adujo que el reconocimiento está imposibilitado en virtud de las siguientes razones:

a) irregularidades en la representación procesal de los autores, porque el pedido inicial no está acompañado de poder traducido al portugués;

b) ausencia de jurisdicción brasileña para ejecutar la decisión extranjera, pues la sede de la empresa está ubicada en los Estados Unidos y en Brasil no hay cualquier filial o sucursal o subsidiarias directas, además de no haber obligación a ser cumplida en el país;
c) falta de interés procesal de accionar de los autores y del Estado brasileño, pues no hay bienes en el territorio nacional pasibles de ejecución y ser inadmisible la supresión de la personalidad jurídica de otras empresas que no integraron la demanda;
d) la ejecución de la decisión está suspendida por decisión proferida por Tribunal Arbitral en La Haya, en virtud de la no observancia de obligaciones asumidas en tratado ratificado entre Estados Unidos y Ecuador;

e) que la decisión extranjera es resultado de una serie de actos fraudulentos y de ilegalidades reconocidas por la justicia norteamericana;
f) inexistencia de cosa juzgada, en virtud de haber sido propuesto recurso de casación;

g) no ocurrencia de daños ambientales reconocidos en la decisión;

h) posibilidad de suspensión del pedido de reconocimiento hasta que se obtenga la decisión final a ser proferida por el Tribunal arbitral de La Haya;

i) celebración de acuerdo entre el gobierno ecuatoriano, provincial y municipal y Petroecuador y TexPet, de remediación ambiental, en el valor de US$ 40.000.000,00, con concesión de quitación de la deuda, que transitó en juzgado;

j) ilegitimidad de la requerida, pues las actividades que supuestamente causaron el daño ambiental fueron ejercidas por el consorcio compuesto por TexPet y Petroecuador;

l) violación a los principios de la legalidad, reserva legal, prohibición del enriquecimiento ilícito, proporcionalidad y razonabilidad en virtud de la ausencia de fundamentación para los daños punitivos en Ecuador, en Brasil o en el escenario internacional, resultando en ofensa al orden público;

m) nulidad de la decisión, por haber sido juzgada extra petita;

n) falsificación de la firma de 20 de los autores del pedido inicial de la acción y por inducción a error de tantos otros;

o) inexistencia de jurisdicción de Ecuador con relación a Chevron Corporation;

p) intervención del Poder Ejecutivo en la decisión, lo que afecta la independencia del juez, el principio del juez natural y de la separación de los poderes.

Fueron adjuntados nuevos documentos a la solicitud de reconocimiento, por parte de la requerida, respecto a la no ejecución de la sentencia contra Chevron en Canadá y Argentina; respecto a que el laudo de los peritos fue elaborado de forma fraudulenta; respecto a la alteración parcial de la sentencia ecuatoriana, en virtud de recurso de casación, que excluyó la condenación de US$ 8,6 mil millones por daño punitivo.

Igualmente, fue adjuntada copia de la decisión norteamericana que apunta a que la decisión ecuatoriana fue obtenida por medios fraudulentos.

En réplica, los requirentes reiteraron la pretensión de homologación de la sentencia ecuatoriana, excepto cuanto a los daños punitivos. Entre los argumentos expresados, hicieron hincapié en que el recurso de casación es una acción autónoma y no un recurso en sentido estricto, lo que torna la decisión ejecutable; que no hubo actos de fraude y que los autores tienen interés en la demanda, pues la requerida posee bienes en Brasil, pertinentes a la explotación de petróleo.

En la respuesta a la réplica (tréplica), entre los argumentos esbozados por la requerida, se adujo que las decisiones arbitrales respecto al caso tornan la decisión temporalmente inejecutable en Brasil y en Ecuador.

Ante todos los argumentos presentados por ambas partes, el Ministerio Público Federal, que en esos casos interviene por disposición legal dispuesta en el RISTJ (2016-L), sostuvo que en sede de homologación de sentencia extranjera cabe al STJ únicamente el análisis del cumplimiento de los recaudos determinados en el régimen jurídico aplicable, siéndole prohibido el análisis de mérito, es decir, no se puede cuestionar si existieron o no los daños ambientales que resultaron en la condenación.

Respecto a estos recaudos, adujo la fiscalía que la decisión extranjera ofende a las buenas costumbres, al orden público y a la soberanía nacional, incorporando en su dictamen los argumentos expresados por la justicia norteamericana, que se pautó en la existencia de innumerables indicios de fraude para negar el reconocimiento de la decisión ecuatoriana en Estados Unidos.

Siendo así, en el dictamen quedó consignado, entre otras cosas:

a) que uno de los jueces ecuatorianos fue blanco de coacción y que por esto tuvo que cancelar las inspecciones judiciales que estaba llevando a cabo y nombrar un Perito Global, controlado por el abogado de los requirentes;

b) que la pericia apuntó a que 20 firmas de los autores de la acción propuesta contra Chevron fueron falsificadas;

c) que el equipo de autores ecuatorianos revisó los informes de la pericia y que los alteró, imprimiéndolos en páginas en blanco con la firma del Perito Dr. Calmbacha;

d) que los autores escribieron parte de la sentencia, pues fue encontrada la huella digital de muchos de ellos.

Con base en estos y otros argumentos, utilizados por la justicia norteamericana, que denegó la solicitud de reconocimiento de la decisión ecuatoriana por haber reconocido fraude en la decisión referida, el Ministerio Público Federal opinó que el pedido ante el STJ debía ser negado.

Como se pudo verificar, a pesar de los innumerables argumentos aducidos por la requerida, la fiscalía basó su dictamen solamente en el contenido de la decisión norteamericana, pautada en la existencia de fraudes vinculadas a la sentencia objeto del pedido, aduciendo que la decisión referida no puede ser validada por la justicia brasileña y ni siquiera por la justicia de otro país, por haber sido resultado de una serie de actos fraudulentos.

Este parecer nos hace reflexionar sobre muchas cuestiones jurídicas que nos parecen importantes y que, a gusto o disgusto, tendrá el STJ que enfrentar al proferir la decisión final.

Entre otras, son éstas las primeros interrogantes importantes: a) ¿la simple decisión adoptada en Estados Unidos, aunque allá haya sido objeto del debido proceso, es razón suficiente para que el Estado brasileño, por su poder judicial, rechace de plano la demanda presentada por los autores?; b) ¿cuál es el valor probatorio de la sentencia norteamericana?; c) ¿el recurso de casación presentado le quita la firmeza de la decisión final proferida? d) ¿la decisión adoptada por un tribunal arbitral posterior puede ser causal de suspensión de una demanda de reconocimiento de decisión extrajera en Brasil?; e) ¿la falsificación de las firmas de los autores no sería elemento suficiente para denegar el reconocimiento de la decisión extranjera?

Se está a la espera, tras la publicación del dictamen del Ministerio Público Federal, de la decisión final sobre el reconocimiento de la sentencia extranjera contestada nº 8.542 (SEC8542), que constituye la acción de homologación de la decisión ecuatoriana, que se tramita ante la Corte Especial del STJ, que, a su vez, podrá corroborar la opinión expedida por la fiscalía, añadir nuevos argumentos o dictaminar en sentido contrario.

En esos momentos el proceso está paralizado, esperando la designación de un nuevo Ministro (así se denominan los magistrados del STJ) para componer la Corte Especial, tras la declaración del Dr. Feliz Fisher, que se ha declarado sospecho por razón de foro íntimo.

Quedamos atentos a los próximos pasos que serán dados en el caso “Chevron”, respecto a los cuales nos comprometemos con el debate.

San Pablo, 25 de mayo de 2015.

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