Argentina: Laguna normativa para letras de cambio libradas en Brasil

Por Sebastián Paredes* y Ezequiel H. Vetulli**

1) INTRODUCCIÓN

Una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (en adelante “SCBA”) de diciembre de 2014, pero publicada recientemente, intenta resolver dos aspectos de Derecho internacional privado en relación a una letra de cambio librada y aceptada en Brasil por la que se había iniciado un proceso de cobro ejecutivo por parte del avalista contra el aceptante por falta de pago.

El primer problema es la laguna normativa existente en la dimensión autónoma del derecho argentino en materia de letras de cambio con elementos internacionales y el segundo es el modo en que eventualmente los jueces deben aplicar el derecho extranjero.

2) HECHOS

El caso surge de una operación de importación, en la cual se libró una serie de letras de cambio que fueron giradas y aceptadas en Curitiba, Brasil, por personas domiciliadas en Argentina. El vencimiento de los títulos era diciembre de 2001 y su lugar de pago, Argentina, donde también se otorgó un aval. Ante la falta de pago por parte del aceptante, el avalista se vio obligado a cancelar las letras, por lo que el 2 de junio de 2005 inició acción de reembolso contra el aceptante. La discusión del caso en sede judicial se centró principalmente en dos cuestiones.

3) CUESTIÓN DEBATIDA

En primer lugar, la determinación de cuál era la ley que regía la letra cambio, dado que, sobre el particular, no existe una norma de fuente convencional aplicable que vincule a Brasil y Argentina. A ello debe sumarse que el sistema autónomo de DIPr argentino no cuenta con normas de conflicto en materia de letras de cambio.

La respuesta a este primer interrogante resultaba crucial para verificar si la acción se encontraba o no prescripta, pues bajo la ley interna argentina (decreto ley 5965/1963, artículo 96) la acción prescribe a los 3 años, mientras que para la ley brasileña (decreto 2044, artículo 52), el plazo de prescripción es de 5 años. Así, de aplicarse la ley argentina la acción habría estado prescripta, más si la ley de Brasil regía el título, la avalista aún estaba a tiempo de accionar.

En segundo lugar, para el caso en que correspondiera aplicar la ley brasileña, era necesario establecer si debía hacerse de oficio o a pedido de parte. Ello determinaría si en el proceso se habían configurado los requisitos para su aplicación o no, pues la Cámara de Apelaciones había tomado medidas de oficio a fin de conocer el contenido de la ley brasileña.

4) ARGUMENTOS DE LAS PARTES

La accionada sostuvo a lo largo de su derrotero que, ante la ausencia de tratados en la materia que vincularan a ambos Estados involucrados y de normas de conflicto en el sistema autónomo argentino en materia de letras de cambio, debía recurrirse analógicamente a las normas de indirectas sobre contratos internacionales (artículos 1209 y 1210 del Código Civil argentino), las cuales indican como aplicable la ley del lugar de su cumplimiento; que en el caso se daba en Argentina, pues allí debía efectuarse el pago. Por lo tanto, consideró que, al ser aplicable el derecho argentino, la acción se encontraba prescripta.

Por otro lado, sostuvo que, en la hipótesis de resultar aplicable el derecho extranjero, este no podía ser aplicado de oficio (como lo habría hecho la Cámara de Apelaciones). Fundamentó esta postura en que el artículo 13 del Código Civil argentino establece que el derecho extranjero solamente podrá aplicarse en la medida en que sea alegado y probado por las partes.

5) HISTORIA PROCESAL

El Juez de primera instancia rechazó la excepción de prescripción opuesta por las demandadas y consecuentemente admitió la ejecución promovida, cubriendo con distintos criterios el vacío normativo respecto a las letras de cambio, concluyendo que les era aplicable la ley de Brasil. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de grado.

Ley aplicable a la letra de cambio

La Cámara, en relación a la determinación del derecho aplicable a las cambiales rechazó la aplicación analógica de las normas de conflicto argentinas sobre contratos (artículo 1209 del Código Civil argentino) debido a la existencia de normas específicas sobre la materia, así como a la distinta naturaleza jurídica entre los títulos valores y los contratos internacionales. En particular, consideró aplicable en forma analógica el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940 (en adelante “Tratado de Montevideo”), ratificado por Argentina, pero no por Brasil, y cuyo artículo 26 ordena aplicar la ley del lugar donde se han asumido las obligaciones del aceptante con respecto al portador y las excepciones que puedan favorecerle.

Aplicación del derecho extranjero

Por otro lado, respecto a la aplicación del derecho extranjero, la Cámara indicó que los jueces deben aplicar el derecho extranjero de oficio y consecuentemente informarse sobre su contenido. Para llegar a tal conclusión se basó en el artículo 13 segunda parte del Código Civil argentino y los Protocolos Adicionales a los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 (aclaramos que los mismos no están ratificados por Brasil) en cuanto disponen que la aplicación de las leyes de los Estados contratantes será hecha de oficio por el juez de la causa, sin perjuicio de que las partes puedan alegar o probar la existencia y contenido de la ley invocada (artículo 2). Asimismo señaló que igual solución propone el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, (en adelante “CIDIP II de Normas generales”) aprobada por ambos países.

6) FALLO DE LA SCBA

Decisión sobre la ley aplicable a la letra de cambio
Finalmente, las demandadas apelaron la sentencia ante la SCBA, el máximo tribunal provincial, que consideró y analizó las dos posturas principales para solucionar la laguna normativa existente respecto a la ley aplicable.

Así, indicó que una línea de doctrina minoritaria sugiere recurrir a la aplicación del régimen internacional de los contratos establecido por el Código Civil (artículos 1209 y 1210 del Código Civil), que manda a aplicar la ley del lugar de ejecución de estos (postura alegada por la demandada).

Por otro lado, esbozó la tesis que propone aplicar analógicamente el Tratado de Montevideo ratificado por Argentina (Decreto Ley No. 7771/1956), pero no por Brasil, considerando que esta última daba adecuada solución al caso.

Decisión sobre la aplicación del derecho extranjero

Respecto a la oficiosidad en la aplicación del derecho extranjero, la SCBA concluyó que dicho aspecto no podía ser revisado, por tratarse de una cuestión meramente procesal y no de un aspecto decidido en la sentencia recurrida (sino durante el proceso). Sin perjuicio de ello, aclaró que la Cámara de Apelaciones no violó ningún derecho al aplicar de oficio el derecho de Brasil, sino que en rigor, era lógico seguir ese camino.

Además remarcó que el Código Civil prevé hipótesis de aplicación del principio dispositivo que no pueden ser soslayadas sin violentar el principio de supremacía de los tratados receptado en los en los artículos 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina (la CIDIP II de normas generales vincula a Argentina y Brasil) y de la máxima establecida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (si bien el fallo menciona a la convención de “La Haya”, consideramos que ello fue un error material involuntario). Consecuentemente la SCBA confirmó la sentencia recurrida.

7) ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FALLO

Respecto a la fuente aplicable, sorprende que en lugar del Tratado de Montevideo, no se haya optado directamente por la aplicación analógica (pues Brasil no es parte) de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, firmada en Panamá el 30 de enero de 1975 (en adelante “CIDIP I de Letra de cambio”), ratificada por Argentina en el año 1983, la cual no sólo es posterior a la norma montevideana si no también, más específica. Máxime considerando que, desde la entrada en vigencia de la CIDIP I de Letra de cambio, las normas del Tratado de Montevideo dejaron de aplicarse con relación a Argentina, Paraguay y Uruguay, pues estos tres países son parte de la Convención interamericana. En esta línea, si bien tiene sentido aplicar un tratado analógicamente (antes que la normativa interna), parecería inconveniente hacerlo cuando ya ni siquiera se aplica entre los propios Estados parte. Sin perjuicio del camino elegido, uno de los votos aclaró que la CIDIP I de Letra de cambio habría conducido a la misma solución.

Respecto la aplicación del Derecho extranjero y la forma en que debe hacérselo, celebramos el más que lógico razonamiento en el sentido de que el artículo 13 del Código Civil no puede contradecir normas receptadas en tratados internacionales. En el particular, Argentina y Brasil son parte de la CIDIP II de normas generales, que en su artículo 2 establece la obligación de los jueces de aplicar de oficio el derecho extranjero, sin perjuicio de que las partes puedan alegarlo y eventualmente probarlo.

8) CONCLUSIÓN

En conclusión, si bien la sentencia arriba a una solución satisfactoria, se presenta un tanto confusa en parte de su análisis, sobre todo por el marasmo de aproximaciones en relación a las fuentes normativas aplicables y su ámbito espacial.

Respecto al problema de la aplicación del derecho extranjero, es importante remarcar que, más allá que alguna doctrina minoritaria, la doctrina iusprivatista argentina es pacífica no sólo en cuanto al carácter del derecho extranjero, sino también a la obligación de los jueces de aplicarlo de oficio. Esta concepción ha sido inicialmente tomada del Protocolo adicional a los Tratados de Montevideo (1889 y 1940) y luego reforzada por la CIDIP II de Normas generales.

Por último, cabe mencionar que quizá sea una de una de las últimas decisiones que precisan recurrir a la analogía pues estas materias se encuentran reguladas en el recientemente sancionado Código Civil y Comercial argentino, que entrará en vigencia el 1 de agosto de 2015. Dicho cuerpo normativo viene por fin a sistematizar (al menos parcialmente) las normas que regulan situaciones jurídicas de Derecho privado con elementos extranjeros. Celebramos este avance en la materia y esperamos que esta nueva herramienta sea de utilidad para que los jueces argentinos puedan resolver (aun con mayores facilidades) situaciones como las planteadas en el caso comentado.

* Docente de Derecho internacional privado, Universidad de Buenos Aires. Doctorando en el área Derechointernacional por la misma Casa de estudios. Integrante del Proyecto de investigación UBACyT 2012-15:“Aplicación de las normas internacionales o la legislación interna más favorables en Derechointernacional privado” dirigido por la Prof. María Blanca Noodt Taquela. Abogado y consultor.

** Abogado (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz). Docente de Derecho internacionalprivado, Universidad de Buenos Aires. Embajador de la Academia Internacional de Arbitraje de París.

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