Brasil: Reconocimiento de laudo arbitral extranjero ¿es posible alegar debilidad de parte contractual en este momento procesal?

Por Renata Alvares Gaspar

Como ya hemos tenido oportunidad de indicar, en Brasil, para que un laudo arbitral extranjero produzca sus jurídicos efectos, tiene que pasar por proceso de reconocimiento ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El régimen jurídico aplicable está regulado por la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (CNY/58), las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del STJ (Título I, Capítulo I) y la Ley de Arbitraje Brasileña 1996, arts. 34-40 (LAB).

Este régimen jurídico es claro respecto a los requisitos para denegación de reconocimiento. Ello porque desde la entrada en vigor de la LAB, el tribunal competente para homologación ha establecido que al igual que ocurre con las decisiones judiciales extrajeras, el procedimiento para internalización de los laudos arbitrales implica una revisión de forma y no de contenido (fondo).

De tal suerte que, salvo los casos de orden público, el STJ no tiene competencia para apreciar el fondo de la controversia. Su tarea es verificar si los requisitos están presentes y en su caso, conceder el reconocimiento.

Ello porque, en función de la naturaleza jurídica delibatória(1) de los procesos de homologación de sentencias extranjeras en Brasil, el tribunal estatal competente está limitado a realizar un control formal de las mismas, típico de los sistemas jurídicos ligados a la tradición italiana. En dichos sistemas, el tribunal competente para la concesión o denegación del reconocimiento de la eficacia de las sentencias extranjeras tiene prohibido, por lo menos en términos generales(2), realizar cualquier valoración relativa al fondo de la decisión en cuestión(3).

Por lo tanto, en sede de homologación de sentencias extrajeras en Brasil, ya sean judiciales o arbitrales, no es posible alegar en defensa, como obstáculo al reconocimiento, el que haya ante los tribunales nacionales una demanda con las mismas partes y mismo objeto y, además, cualquier cuestión de fondo que busque valorar la decisión extranjera objeto del proceso de homologación.

En una especie de checklist, el STJ averiguará si la decisión extranjera presenta los siguientes requisitos: i) incapacidad de parte; ii) invalidez del convenio arbitral; iii) ausencia de notificación de las partes, ofensa al principio del contradictorio y de la amplia defensa; iv) sentencia arbitral que haya incurrido en extra y ultra petita; v) inadecuación de la constitución del tribunal arbitral; y vi) sentencia arbitral no obligatoria, nula o anulada.

Además de esa verificación, podrá el STJ denegar el reconocimiento en dos otros supuestos: i) por inarbitrabilidad de la controversias, según disponen los artículos V, (2) (a) de la CNY/58 y 39 II de la LAB; y ii) cuando la decisión ofenda el orden público, según los artículos VI (2) (b) CNY/58, 39 II LAB y 216-F del Reglamento Interno del STJ.

Todo ello fue recientemente corroborado en el acórdão(4) proferido por el STJ, en el asunto SEC n. 8242 – HK, cuya decisión fue publicada el 19 de marzo pasado.

En este asunto, la empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda obtuvo una sentencia arbitral favorable contra Zune Consultoria de Telecomunicações Ltda, proferida por el Tribunal Arbitral da Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Ante el impago de Zune, Huawei no tuvo más remedio que solicitar el reconocimiento del laudo ante las autoridades competentes nacionales, para que la vía ejecutiva fuese abierta y con ella, la posibilidad de ejecutar judicialmente el laudo en Brasil.

Citada para contestar la petición, Zune entre otras cuestiones, alegó que la decisión viola el orden público y la soberanía nacional y que la sumisión al arbitraje ha sido facultativa y no obligatoria, pues según su opinión, la convención arbitral dispuso que la demanda “podrá ser presentado al Hong Kong International Arbitration Centre”, y no que, “será presentada”. Además, el demandado alegó estar tramitando en Brasil una demanda con las mismas partes y objeto y que obligar a Zune a defenderse en Hong Kong, supondría demasiados costos, visto que es ella la parte débil en este contrato.

Todos y cada uno de esos argumentos han sido desechados por el STJ. Esta institución decidió que la sentencia arbitral no ofende al orden público y tampoco a la soberanía nacional, puesto que se tratar de un contrato comercial, cuyo objeto es disponible por las partes y, por lo tanto, susceptible de acuerdo arbitral (el objeto es arbitrable). En su opinión, no se puede hablar de parte débil en sede de reconocimiento, pues no consta tal rol de los requisitos formales dispuestos en el régimen jurídico aplicable; y finalmente, que no hay que debatir sobre una supuesta facultad de sumisión al arbitraje en función de la redacción del convenio arbitral, puesto que no habría razón jurídica para rechazar una cláusula contractual de esta naturaleza en un acuerdo comercial.

Decidiendo de esta forma, muy a pesar de ser rutinariamente desafiado por argumentos perversos o encontrados entre sí por parte de los litigantes, el STJ mantiene su ratio decidendi de manera coherente, dotando de seguridad jurídica la de las partes de ir a la vía arbitral.

Si, por ejemplo, el STJ hubiese permitido el debate, en sede de reconocimiento de sentencia extranjera, del argumento de la parte débil en un contracto comercial, habría, sin duda, restado importancia y valor jurídico a uno de los principios arbitrales más importantes, materializado en el principio Kompetenz-Kompetenz que, como sabemos otorga al árbitro la función de decidir sobre su propia competencia y, además, sobre la validez y eficacia del propio convenio arbitral, entre otras cuestiones relativas a la autonomía de voluntad de las partes.

De tal forma, esta reciente decisión demuestra la coherencia del STJ en sede de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, que se consolida desde el momento en que recibió, por mandato constitucional, la competencia para ser el tribunal competente para homologar decisiones originarias de otros sistemas jurídicos.

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(1) La definición que encierra la palabra delibatório, aquí redactada en portugués por ausencia de traducción ipsis literis al español, se refiere a que el tribunal competente para conceder o denegar la homologación de decisión extranjera no puede hacer valoraciones de fondo y tampoco decidir sobre la justicia o injusticia de su contenido, con lo cual, su apreciación será de carácter formal, en la medida que su función es verificar la observancia por parte del tribunal extranjero. Cf. ALVARES GASPAR, Renata. Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. Atlas. São Paulo: 2009, p. 124.

(2) Se afirma que “por lo menos en términos generales” no se entra al fondo de la sentencia extranjera, ya que no queda más remedio al tribunal estatal competente para el exequatur hacerlo, incluso ex officio, en el momento que analiza la compatibilidad de la sentencia arbitral extranjera con el orden público nacional, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 39,II de la LAB y IV,2,b de la CNY/58.

(3) Véase el asunto SEC 4738 – STF, “[..].o sistema de controle limitado que foi instituído pelo direito brasileiro em tema de homologação de sentença estrangeira não permite que o Supremo Tribunal Federal, atuando como tribunal do foro, proceda, no que se refere ao ato sentencial formado no exterior, ao exame da matéria de fundo ou apreciação de questões pertinentes ao meritum causae, ressalvada, tão-somente, para efeitos do juízo de delibação que lhe compete, a analise dos aspectos concernentes a soberania nacional, ordem pública e aos bons costumes”. Y como ilustración del mantenimiento de tal postura, consultar SEC 760 – STJ.

(4) Decisión colegiada adoptada por los tribunales provinciales o por los tribunales con jurisdicción nacional en Brasil, como son los casos del STJ y del STF.