México: utilidad del soft law en materia de derechos humanos

Por María Mercedes Albornoz

En ocasión de decidir el amparo en revisión 215/2014, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito emitió una tesis aislada sobre el soft law en materia de derechos humanos, que fue publicada recientemente en el Semanario Judicial de la Federación.

Se trata de la tesis XXVII.3o.6 CS (10a.), que explica la noción de “soft law” contraponiéndola a la de “hard law”, destacando el carácter no vinculante del primero, opuesto a la obligatoriedad que reviste el segundo. Describe el soft law como una serie de “principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados”.

El referido tribunal establece de manera clara y contundente que, si bien el Estado Mexicano tiene el deber de observar las normas obligatorias de fuente internacional (conforme lo determina el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), así como la jurisprudencia interamericana, “debe admitirse” el desarrollo y –se entiende– la aplicación, de normas blandas en materia de derechos humanos.

Asimismo, la tesis destaca la utilidad del soft law, especialmente en lo que atañe al respeto a los derechos humanos: “su contenido puede ser útil para que los Estados, en lo individual, guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el apego irrestricto a los derechos humanos”.

El texto completo de la tesis aislada es el siguiente:

“SOFT LAW”. LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS.

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su alcance protector en materia de derechos humanos, los agentes del Estado Mexicano no sólo deben observar la normativa internacional de carácter obligatorio y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados. Dichos principios son identificados por la doctrina como “soft law” -en inglés-, cuya traducción corresponde a ley suave, normas ligeras, dúctiles o blandas y es empleado dado (i) el sentido de falta de eficacia obligatoria y (ii) en oposición al “hard law” o derecho duro o positivo. Ahora bien, con independencia de la obligatoriedad que revistan, su contenido puede ser útil para que los Estados, en lo individual, guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el apego irrestricto a los derechos humanos. Sin que ello implique desconocer la observancia primigenia del orden jurídico nacional, ni el principio de subsidiariedad de las normas supranacionales, según el cual, la protección internacional de los derechos humanos es aplicable después de agotada la tutela interna y, sólo en su defecto, debe acudirse a aquélla, pues más allá de que la Constitución Federal y los tratados no se relacionen en términos jerárquicos, según definió el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), la consulta de directrices no vinculantes sólo reporta efectos prácticos derivados de la experiencia acogida por órganos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos fundamentales.