Brasil: Habemus nuevo código procesal civil. Sus principales alteraciones en el derecho procesal internacional

Por Luciane Klein Vieira y Renata Alvares Gaspar

El 30 de septiembre de 2009, a través del Acto del Presidente del Senado Federal nº 379, fue designada una Comisión de Juristas destinada a elaborar el Anteproyecto de Código de Proceso Civil, compuesta por renombrados profesionales, entre los cuales están Luiz Fux, Teresa Arruda Alvim Wambier, Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, Verônica Maia Baraviera y Gláucio Ribeiro de Pinho.

El trabajo de la Comisión mencionada, destinado a modernizar y reformar el actual Código Procesal, de 1973, tuvo como línea directriz la búsqueda de una mayor rapidez y coherencia a la tramitación de los procesos de naturaleza civil, como medida destinada a brindar mayor efectividad a los resultados producidos.

Finalmente, el 8 de junio de 2010, el texto fue presentado en el Senado Federal como proyecto de ley nº 166/2010. De la misma forma, la propuesta tramitó en la Cámara de Diputados como proyecto de ley nº 8046/2010. En ambas casas legislativas, el texto sufrió enmiendas y propuestas de alteración, habiendo sido finalmente aprobado por el Congreso Nacional el 17 de diciembre de 2014, en votación en Plenario.

Recientemente, la Presidenta de la República sancionó el texto del nuevo Código Procesal Civil (NCPC), aprobado como ley ordinaria nº 13.105, del 16 de marzo de 2015. De este modo, la nueva ley entrará en vigencia un año tras la publicación oficial, es decir, el 15 de marzo de 2016, representando el primer código procesal aprobado bajo el régimen democrático de derecho.

La supuesta sencillez del sistema procesal civil internacional anterior
El saliente CPC de Brasil, en materia de cooperación jurídica internacional y, específicamente en Derecho procesal civil internacional, era tímido, sugiriendo incluso, cierta sencillez, cuya realidad no confirmaba.

Respeto a la cooperación jurídica internacional latu sensu, no había siquiera disposiciones específicas, habiendo sido algunas incorporadas por los tratados internacionales que disciplinaban el tema. Como por ejemplo, la cooperación directa, vía autoridad central, en los supuestos de secuestro internacional de menores – o mejor dicho, la cooperación cuánto a los aspectos civiles del secuestro internacional de menores.

De tal suerte que traía en su contenido solamente disposiciones acerca de lo que denominaba “competencia judicial internacional de la autoridad brasileña”. Para empezar, el nomen iuris usado por el legislador de 73 está equivocado; en cualquier caso, en los supuestos plurilocalizados, se debería tratar el tema a partir del reparto internacional de jurisdicciones, ya que jueces de jurisdicciones distintas no pueden declinar su competencia, sin que con ella, no sea igualmente declinada la jurisdicción.

A parte de eso, tenía una única disposición acerca de la litispendencia internacional, que no reconocía su existencia dentro del orden jurídico nacional.

De tal suerte que el sistema autónomo de derecho procesal civil internacional, sin contar los cambios introducidos por los tratados internacionales debidamente internalizados, disponía de 3 artículos que pretendían abarcar todas las cuestiones acerca del reparto de jurisdicción y de la litispendencia internacional (art. 88, 89 e 90).
Esta supuesta sencillez, además de falsa, llevaba a la incertidumbre jurídica, a discrecionalidad excesiva de los magistrados y, por lo tanto, no garantizaba seguridad jurídica.

Así era, pues, parte del sistema procesal civil internacional autónomo hasta la llegada del NCPC, que cómo verán, produjo un giro copernicano en Brasil respecto a la cooperación jurídica internacional y en especial, creó, en efecto, un verdadero sistema de Derecho Procesal Civil Internacional.

Cómo ningún producto humano es perfecto, no se espera perfección de este, puesto que no solo es producto humano, como además de un debate democrático que no siempre es fácil realizar, máxime cuando todos los actores tienen voz y quieren ver sus deseos y opiniones consideradas y plasmadas en un único diploma normativo.

Los debates y la participación de la Academia en la redacción del NCPC en Brasil dentro del DIPr

La comisión de expertos nombrada para conducir los trabajos de debates y materialización del cambio del código procesal nacional, además de promover audiencias públicas con la sociedad sobre las propuestas ofertadas, abrió una comunicación directa con todos que deseaban enviar sus propuestas y comentarios.

Algunos colectivos de profesores de DIPr presentaron sus propuestas; propuestas estas amalgamadas por la experiencia internacional y que, además, introducían en el CPC los cambios ya ocurridos mediante la celebración de tratados internacionales.

Todas las participaciones se entienden haber sido importantes, a pesar de que donde hay tantas voces que sean oídas, el consenso pasa a ser la conclusión; ello obliga a una ingeniería jurídica, que contemple a todos los actores. Eso puede parecer, a los ojos más técnicos poco científico; pero a los ojos más democráticos, más legítimo.

Ya se verá en la praxis lo bueno y malo de esta apuesta.

Los cambios legales en nuestro ámbito

El NCPC, respecto a la jurisdicción internacional directa, mantuvo los tres supuestos que abren la jurisdicción concurrente del juez brasileño, para los casos en los cuales el demandado tuviere domicilio en Brasil, en el país tuviere que ser cumplida la obligación o el hecho o acto hubieren sido realizados en Brasil (art. 21, incisos I, II y III). Sin embargo, además de mantener las hipótesis ya previstas, se añadió que, en materia de alimentos, tendrá jurisdicción concurrente el juez nacional si el acreedor tuviere domicilio o residencia en el país o mantuviere vínculos con este, tales como el apercibimiento de renta, propiedad de bienes, etc. (art. 22, I).

Igualmente, tendrá jurisdicción el juez brasileño para las demandas internacionales de consumo, cuando en Brasil el consumidor tuviere su domicilio o residencia habitual (art. 22, II), previsión que contempla una norma protectora en defensa de la parte débil de la relación jurídica. Asimismo, se reconoce la autonomía de la voluntad para la elección de foro, en la medida en que se determina que tendrá jurisdicción la autoridad judicial brasileña para procesar y juzgar las acciones en las que las partes acordaron, expresa o tácitamente, someterse a la jurisdicción nacional (art. 22, III).

Respecto a la jurisdicción exclusiva del juez brasileño, el nuevo Código prevé que en casos de divorcio, separación judicial o disolución de unión estable, corresponderá al juez nacional proceder a la partición de los bienes inmuebles situados en el país (art. 23, III). De esta forma, al prever la competencia exclusiva del juez brasileño para los casos de partición litigiosa de los bienes inmuebles situados en Brasil, recepta la evolución jurisprudencial experimentada en el ámbito del STJ, que permite la jurisdicción del juez extranjero, para casos de partición de bienes inmuebles situados en Brasil, cuando hubiere acuerdo entre partes, lo que implica no haber disputa judicial respecto al tema. (Ver los precedentes: STJ – Corte Especial. SEC nº 6.894-EX. 20/2/2013. S.E.F. c/ L.M.F.; STJ – Corte Especial. SEC nº 4.223-EX. 15/12/2010. M.E.D. c/ M.O.E.; STJ – Corte Especial. SEC nº 1.304-US. 19/12/2007. Stephen Thomas Honse y otra c/ Laura A. Honse y otros.)

No obstante ello, mantiene los criterios clásicos de atribución de jurisdicción exclusiva, ya previstos en la legislación de 1973, relacionados a las acciones relativas a inmuebles situados en Brasil (art. 23, I) y a la sucesión, cuando los bienes estén situados en el país (art. 23, II).

Asimismo, es interesante notar que el NCPC incorporó el art. 25, que prevé expresamente la imposibilidad del juez nacional de asumir jurisdicción en las demandas en las cuales las partes eligieron en contrato internacional un foro exclusivo extranjero, poniendo fin a las discusiones de la actualidad y dando fuerza a la concreción del principio de la autonomía de la voluntad.

Siguiendo la misma orientación de la norma anterior, el NCPC no reconoce la litispendencia internacional (art. 24), determinando, además, que la pendencia de una acción ante la autoridad judicial brasileña no impide el reconocimiento de una sentencia judicial extranjera.

Seguramente, lo más novedoso del nuevo Código son las reglas respecto de la cooperación jurídica internacional y jurisdicción internacional indirecta, plasmada en sus más diversos niveles, que van desde la cooperación de primer grado, representada por la transmisión de solicitudes de citación, intimación, etc., hasta la cooperación de tercer grado, que se refiere al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, antes previstas, en su mayoría, en la Resolución nº 9/2005 del STJ, que fue incorporada a la Enmienda del 17 de diciembre de 2014 que insertó el Título VII al Reglamento Interno del tribunal referido.

La nueva norma detalla en su articulado (arts. 26 al 41) el procedimiento y requisitos para las solicitudes provenientes del extranjero, denominadas cooperación jurídica internacional pasiva y para los pedidos en los cuales Brasil es el solicitante, denominada cooperación internacional activa. Sin desmedro de ello, destina algunas reglas referentes a las solicitudes de auxilio directo (en donde se encuadran, por ejemplo, los pedidos de asistencia provenientes de los países del MERCOSUR), diferenciándolas del tratamiento destinado a los pedidos que deben pasar, necesariamente, por el análisis del STJ, órgano que concentra la potestad de reconocer la producción de efectos en el país de las decisiones provenientes del extranjero, tramitadas vía carta rogatoria, en procedimiento contencioso.

De este modo, para agilizar el auxilio directo, la norma determina que habrá comunicación directa entre la autoridad central brasileña (en el caso, el Ministerio de Justicia) y sus pares extranjeros, destinada a la obtención de pruebas, prestación de informaciones sobre el derecho extranjero o sobre procesos conclusos o en trámite, entre otras medidas. Del mismo modo, se dispensa de la exigencia de legalización a los documentos que fueren transmitidos a través de la autoridad central o por vía diplomática (art. 41).

Por lo demás, se hace especial hincapié en principios de orden procesal (art. 26) tales como el del respeto a las garantías del debido proceso, a la igualdad de trato procesal entre nacional y extranjero, a la publicidad de los actos judiciales, a la rapidez en la transmisión de informaciones y al rol de la autoridad central para la efectividad de la cooperación jurídica internacional.

Por fin, en las disposiciones comunes referentes a la cooperación jurídica internacional, el NCPC rescata la excepción del orden público, como factor que limita la prestación jurisdiccional.

Conclusiones

Ya está. El NCPC es una realidad y está en período de vacatio legis hasta 16 de marzo de 2016. De aquí hasta su entrada en vigor mucho se celebrará y mucho se criticará.
Lo cierto es que seguramente no pasará inadvertido, pues impone un cambio significativo en el sistema procesal brasileño, no solo en términos legislativos, sino además filosóficos, puesto que propone otras miradas al conflicto.

En el ámbito del DIPr, el cambio es muy significativo en términos legislativos, pero no tanto en términos académicos, ya que lo que llegó, vino a petición de los que estamos. Y podría haber venido mucho más… pero es lo que tenemos.

Sin duda las nuevas disposiciones en materia de DIPr llegan con la apuesta de ofrecer más seguridad jurídica a las relaciones sociales plurilocalizadas con trascendencia jurídica.
Pero todo ello solo el tiempo lo dirá.

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