Venezuela: domicilio del demandante como criterio de jurisdicción en materia de divorcio

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha dictado, a través de dos de sus Salas, diversas sentencias en las cuales se analiza el funcionamiento de los criterios atributivos de jurisdicción que, en materia de divorcio, consagra la Ley de Derecho Internacional Privado.

En tales decisiones se abordó un caso de divorcio intentado por Jaime José Gaya Araujo, contra su cónyuge Aurora Haya Aja. El matrimonio se celebró en Venezuela y de él nacieron dos hijos, quienes por razones de estudios pasaron largas temporadas en Estados Unidos, donde también se trasladaron los cónyuges.

El tribunal de instancia, a petición de la demandada, declaró su falta de jurisdicción, afirmando que el domicilio del cónyuge demandante se encontraba en el estado de Florida. Tal criterio resulta aplicable en virtud del principio del paralelismo consagrado por el artículo 42,1 y, consecuencialmente, del artículo 23, ambos de la Ley de Derecho Internacional Privado.

Para decidir el recurso de regulación de la jurisdicción interpuesto por el demandante, en sentencia de fecha 10 de diciembre de 2014, la Sala Político Administrativa comienza por referir el sistema de prelación de fuentes y luego de constatar la ausencia de un tratado sobre la materia vigente entre Venezuela y Estados Unidos, recurre a las normas internas de Derecho internacional privado.

Así, cita el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado y reconoce que, además de la jurisdicción que le corresponde a los tribunales venezolanos por juicios intentados contra personas domiciliadas en Venezuela, los tribunales tendrán jurisdicción en los casos intentados contra personas domiciliadas en el extranjero, de conformidad con los artículos 40, 41 y 42, normas que exigen la calificación de la acción como patrimonial, relativa a universalidades de bienes y relativa al estado de las personas y las relaciones familiares, respectivamente.

La Sala sin embargo, no analiza el criterio fundamental contenido en el artículo 39, es decir, el domicilio del demandado. No advierte la Sala si la demandada está domiciliada en Venezuela o no, y cuáles son los criterios para asumir tal decisión, sino que aplica directamente el artículo 42, norma que “…contempla respecto a las acciones relativas a las relaciones familiares, dos criterios especiales atributivos de jurisdicción a favor de los tribunales venezolanos, a saber: a) El criterio del paralelismo, conforme al cual se le atribuye jurisdicción al Estado cuya Ley resulte aplicable para resolver el fondo del asunto; y b) El criterio de la sumisión, es decir, que un Tribunal tendrá jurisdicción cuando las partes decidan expresa o tácitamente someter la controversia al conocimiento de un determinado tribunal, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan”.

Ahora bien, en aplicación del criterio del paralelismo, la Sala acude al artículo 23 de la Ley que ordena aplicar al divorcio el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda, domicilio que ha de ser entendido como su residencia habitual, ex artículo 11 eiusdem y cuyo cambio, de acuerdo con el aparte único del propio artículo 23, solo surte efectos después de un año de haberse establecido en un lugar determinado, con el propósito de establecer allí la residencia habitual.

“De esta manera aprecia la Sala de los alegatos esgrimidos por la parte accionante así como de los documentos consignados en el expediente, que se desprende, ciertamente, que el ciudadano Jaime José Gaya Araujo tiene su domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, y que hay elementos suficientes que le otorgan una vinculación efectiva con el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

Por tales razones, la Sala declara que “…el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer la demanda de divorcio planteada, conforme al criterio atributivo de jurisdicción establecido en el artículo 42, numeral 1, en concordancia con el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado y, en consecuencia, declarar con lugar el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto”.

Ahora bien, a pesar que la decisión que sobre la jurisdicción tome la Sala Político Administrativa no debería ser revisada, la Sala Constitucional admitido avocarse a la revisión constitucional de la misma, a solicitud de la demandada. Así, en una decisión de fecha 10 de marzo de 2015, la Sala Constitucional volvió a conocer del asunto.

La demandada fundamentó su solicitud afirmando que, “…en su criterio, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, habría incurrido en violación al principio de expectativa plausible o confianza legítima en su perjuicio, toda vez que aspiraba que dicha Sala respetara la unidad jurisprudencial, en el sentido de declarar la incompetencia del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, habida cuenta que el demandante no tenía el año exigido en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para que se le considerara domiciliado de manera habitual y permanente en la República Bolivariana de Venezuela”.

Por tal razón, la Sala Constitucional centró su decisión en el análisis de lo que debe entenderse por domicilio a los efectos de la aplicación del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, de manera de determinar si opera el paralelismo como criterio atributivo de jurisdicción.

Así, la Sala Constitucional afirmó que de acuerdo con el principio del paralelismo, “…el tribunal que tiene jurisdicción para conocer del asunto es el del Estado cuyo derecho resulte aplicable al fondo de la controversia, lo cual en materia de divorcio se determina mediante el domicilio del demandante, de conformidad con lo pautado en los artículos 15 y 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, siendo dicho factor de conexión un medio para determinar tanto el derecho aplicable como un criterio para fijar la jurisdicción”.

Además admite que, de conformidad con el artículo 11, el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual, “…noción que no guarda relación alguna con el concepto de domicilio establecido en el artículo 27 del Código Civil, que se refiere al lugar donde la persona tiene el asiento principal de sus negocios e intereses…”

Ahora bien, “El domicilio como criterio atributivo de jurisdicción en materia de divorcio y separación de cuerpos, está condicionado a un elemento temporal que es el transcurso del lapso de un año desde el último cambio de domicilio para que este produzca efectos, lo cual fue clara y expresamente establecido por el Legislador con la finalidad de impedir que los cónyuges incurrieran en fraude al cambiar de domicilio para determinar, a su conveniencia, el derecho aplicable a la situación planteada”.

En este caso concreto, “…el demandante cambió su domicilio de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela a partir del 12 de marzo de 2014, por lo que, para el momento de interposición de la demanda –9 de julio de 2014- no llenaba la exigencia del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, esto es, no había cumplido un año luego del cambio de domicilio, para considerar el territorio venezolano como su residencia habitual. Y así se establece”.

Por tal razón, la Sala declaró con lugar la solicitud de revisión constitucional y la nulidad de la sentencia de la Sala Político Administrativa. Además declaró firme la sentencia del tribunal de instancia en la que se declaró la falta de jurisdicción.

Paralelamente a estas decisiones y debido que de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, las decisiones de los tribunales de instancia que nieguen la jurisdicción de los tribunales venezolanos serán objeto de consulta obligatoria ante la Sala Político Administrativa, el caso volvió a esta Sala, la cual, en lugar de proceder a una acumulación, tomó una nueva decisión en fecha 24 de marzo de 2015.

En esta decisión, la Sala ignoró la sentencia dictada por la Sala Constitucional y realizó el mismo análisis que había llevado a cabo con ocasión del recurso de regulación. Así, la Sala ratificó que “…el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer la demanda de separación de cuerpos planteada, conforme al criterio atributivo de jurisdicción establecido en el artículo 42, numeral 1, en concordancia con el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, en fecha 29 de octubre de 2014. Así se decide”.

Habrá que esperar la determinación que haga el propio Tribunal Supremo, debido a la existencia de dos sentencias contradictorias sobre un mismo supuesto.

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