México: criterios para aplicar el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores

Por María Mercedes Albornoz

En un fallo muy reciente, del 14 de febrero de 2015, a propósito del Amparo directo en revisión 4465/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció de manera expresa ciertos criterios (aceptados internacionalmente) para la aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores del 25 de octubre de 1980 a un caso de sustracción internacional de una menor por uno de sus progenitores. La sentencia dio lugar a seis tesis aisladas.

Una pareja tuvo una hija en Long Beach, California, Estados Unidos, y posteriormente se separó. La niña continuaba viviendo allí con la madre. Estando los progenitores de acuerdo, la menor fue a pasar unos días con su padre, quien residía en Miami. Sin embargo, llegada la fecha acordada para el regreso de la niña, el padre le informó a la madre que no pensaba devolverla y que se encontraban en México.

La madre presentó entonces una solicitud de restitución internacional de acuerdo con el Convenio de La Haya, señalando que el progenitor se domiciliaba en la ciudad de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos. La sentencia de primera instancia dictada en Cuernavaca negó la restitución solicitada por la madre, argumentando que la menor se encontraba adaptada al núcleo familiar y había manifestado su intención de permanecer con su padre, por lo que se configuraban las excepciones previstas en los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya. La progenitora apeló el fallo y en segunda instancia se resolvió revocar la sentencia por haberse violado en primera instancia las garantías de audiencia y oportuna defensa de la madre. Asimismo, se ordenó reponer el procedimiento.

Repuesto el procedimiento de primera instancia, se volvió a denegar la restitución solicitada por la progenitora. El argumento refería que había transcurrido más de un año entre la sustracción ilegal y el inicio del procedimiento de restitución, que la menor ya se había adaptado a su nuevo hogar y, además, que se negaba a regresar con su madre. En segunda instancia se confirmó la decisión inferior, negándose así la restitución. Ante esta circunstancia, la madre promovió un juicio de amparo directo.

La demanda de amparo fue turnada al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, que otorgó el amparo a la quejosa, fundándose principalmente en que no se actualizó ninguna de las causales de excepción previstas en los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya. A pesar del tiempo transcurrido entre la fecha de la sustracción ilegal (17 de septiembre de 2008) y la de esta sentencia de amparo (8 de septiembre de 2014), tan solo pasaron 9 meses y 15 días entre la fecha de la sustracción ilegal de la niña y el 7 de julio de 2009, cuando el juzgado de primera instancia recibió la solicitud de restitución. Por consiguiente, el procedimiento de restitución se inició antes de que transcurriera un año de la retención. Señaló que no importaba que luego se hubiera ordenado la reposición del procedimiento.

El padre promovió, a su vez, un recurso de revisión de dicha sentencia el 22 de septiembre de 2014. Y pocos días después, el 29 del mismo mes, entregó voluntariamente a la menor a los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a fin de que fuera entregada a su madre en Estados Unidos, lo que sucedió el día 2 de octubre.

El 1º de octubre de 2014 la Suprema Corte admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el padre como tercero perjudicado. Y en su sentencia del 14 de febrero de 2015, la Primera Sala declaró infundados los agravios expuestos por el recurrente y por lo tanto confirmó la sentencia recurrida. La sentencia completa se puede consultar aquí. Por lo pronto, destacaremos los criterios que de ella emanan y que configuran las siguientes tesis aisladas:

1) Registro: 2008499

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL SISTEMA PREVISTO POR EL CONVENIO DE LA HAYA BUSCA PROTEGER AL MENOR DE LOS EFECTOS PERJUDICIALES QUE GENERA ESTE TIPO DE CONDUCTAS.

El Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores fue adoptado el 25 de octubre de 1980, en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y constituye un importante esfuerzo de la comunidad internacional para la protección de los menores de edad, de los efectos perjudiciales que puede ocasionar un traslado o retención ilícita en el plano internacional, al establecer procedimientos que permiten garantizar su restitución inmediata al Estado en el que tengan su residencia habitual. Así, es claro que el mencionado Convenio se erige como un instrumento para garantizar la tutela del interés del menor y el ejercicio efectivo del derecho de custodia. En este sentido, los Estados que participaron en la creación del Convenio advirtieron que aquellas personas que cometen esta acción de trasladar o retener ilícitamente a un menor, generalmente buscan que su acción sea legalizada por las autoridades competentes del Estado en el que se refugian, por lo que consideraron que un medio eficaz para disuadirlos consistía en que sus acciones se vieran privadas de toda consecuencia práctica y jurídica. En consecuencia, como se desprende de la redacción de su artículo 1, el Convenio de La Haya consagra entre sus objetivos el restablecimiento del statu quo, mediante la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita al país en donde residían; es decir, regresándolos a su entorno habitual donde se deberá decidir respecto a los derechos de custodia, en términos de lo establecido en el artículo 8 del Convenio.

2) Registro: 2008500

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EXISTE UNA PRESUNCIÓN DE QUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SUSTRAÍDO SE VE MAYORMENTE PROTEGIDO CON SU RESTITUCIÓN INMEDIATA AL PAÍS DE ORIGEN.

Como se desprende del preámbulo del propio Convenio de La Haya, el principio de interés superior del menor tiene una “importancia primordial” en todas las cuestiones relativas a la custodia, y entre las manifestaciones más objetivas de lo que constituye este interés superior del menor, se encuentra su derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente en perjuicio de su integridad física y psicológica. En consecuencia, es claro que es el principio de interés superior del menor el que inspira toda la regulación de sustracción de menores y constituye un parámetro para su aplicación. Tomando esto en consideración, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el principio general previsto por el Convenio de La Haya, en el sentido de que las autoridades del Estado receptor deben asegurar la restitución inmediata del menor sustraído, es acorde con el principio de interés superior del menor previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. Lo anterior, pues existe una presunción de que este interés superior de los menores involucrados se ve mayormente protegido y beneficiado mediante el restablecimiento de la situación previa al acto de sustracción, es decir, mediante la restitución inmediata del menor en cuestión, salvo que quede plenamente demostrada -por parte de la persona que se opone a la restitución- una de las causales extraordinarias señaladas en los artículos 12, 13 y 20 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en cuyo caso es evidente que el derecho de un menor a no ser desplazado de su residencia habitual deberá ceder frente a su derecho a no ser sujeto a mayores afectaciones en su integridad física y psicológica, en atención al propio principio de interés superior del menor.

3) Registro: 2008418

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS AUTORIDADES QUE INTERVENGAN EN UNA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DEBEN ACTUAR CON LA MAYOR CELERIDAD PARA ASEGURAR LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE LOS MENORES INVOLUCRADOS.

Como se desprende del artículo 6 del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, cada uno de los Estados contratantes se comprometió a designar una Autoridad Central, encargada de dar cumplimiento a las obligaciones expresadas en el mismo. En este sentido, como se advierte del artículo 7 del Convenio, las Autoridades Centrales se encuentran obligadas a colaborar entre sí y promover la coadyuvancia entre las autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y conseguir el resto de los objetivos del Convenio. Por tanto, como expresamente se señala en su artículo 2, es claro que los Estados contratantes del Convenio de La Haya, a través de estas Autoridades Centrales, adquirieron por voluntad propia la obligación de tomar todas las medidas necesarias para conseguir la restitución inmediata del menor de la forma más breve y ágil posible, para lo cual podrán auxiliarse de las autoridades judiciales o administrativas competentes que inicien procedimientos de urgencia disponibles. De lo anterior se desprende que el Convenio de La Haya dota al factor tiempo de una suma importancia, pues se entiende que las autoridades del Estado receptor deben actuar con la mayor celeridad posible a fin de evitar el arraigo del menor en el país al que fue trasladado o retenido. Dicha obligación la podemos encontrar explícitamente plasmada en el artículo 11 del Convenio, en donde inclusive se señala que si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido tendrán derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.

4) Registro: 2008419

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES A LA RESTITUCIÓN INMEDIATA PREVISTAS EN EL CONVENIO DE LA HAYA DEBEN SER INTERPRETADAS DE MANERA ESTRICTA Y APLICADAS DE FORMA EXTRAORDINARIA.

No obstante que la restitución inmediata del menor constituye la regla general para la protección de los menores sustraídos, esta Primera Sala advierte que todo el sistema previsto por el Convenio de La Haya tiene como eje rector el principio del interés superior del menor, por lo que resultó necesario admitir que el traslado de un niño puede en ocasiones estar justificado por razones objetivas relacionadas con su persona o con el entorno que le era más próximo. Por tanto, el propio Convenio reconoce ciertas excepciones extraordinarias a la obligación general asumida por los Estados contratantes de garantizar el retorno inmediato de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita. Sin embargo, el margen de discrecionalidad que corresponde a la autoridad competente del Estado receptor para resolver la solicitud de sustracción debe quedar reducido a su mínima expresión debido a la obligación que sobre ella recae en la labor de determinación del interés superior del menor. Así, se ha dicho que el interés superior del menor debe girar en principio en torno a su inmediata restitución, a menos que quede plenamente demostrada alguna de las excepciones extraordinarias que se señalan en el propio Convenio, las cuales deben ser interpretadas por los operadores jurídicos de la forma más restringida para garantizar su correcta aplicación y no hacer nugatorios los objetivos del Convenio.

5) Registro: 2008420

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A NINGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN.

Un grupo de excepciones extraordinarias a la regla general de restitución inmediata podemos encontrarlo en el artículo 13 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en donde se establecen las siguientes hipótesis, a saber: (i) si la persona que se opone a la restitución demuestra que la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia o posteriormente aceptó el traslado o retención; (ii) si la persona que se opone a la restitución demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o lo ponga en una situación intolerable; o (iii) si se comprueba que el propio menor se opone a la restitución. Al respecto, se considera importante destacar que, a diferencia de aquella establecida en el artículo 12, estas excepciones no se encuentran sujetas a una condición temporal de ningún tipo, por lo que pueden ser alegadas en cualquier momento del procedimiento de restitución. Sin embargo, al igual que sucede con la causal relativa a la integración al nuevo ambiente, esta Primera Sala considera que se trata de excepciones claramente extraordinarias y que la carga de la prueba para demostrar plenamente su actualización recae exclusivamente en quien se opone a la restitución del menor, pues existe una presunción de que el interés superior del menor es protegido mediante la restitución a su lugar de origen.

6) Registro: 2008421

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN.

Esta Primera Sala advierte que el artículo 12 del Convenio de La Haya es una de las piezas fundamentales de dicho instrumento internacional, pues dentro del mismo se contienen las circunstancias que deben presentarse para determinar en última instancia la restitución inmediata del menor. En este sentido, el mencionado artículo distingue dos hipótesis para la procedencia de la excepción relativa a la integración a un nuevo ambiente: la primera, relativa a que la solicitud de restitución hubiera sido presentada dentro del año siguiente contado a partir de la sustracción; y la segunda, que hubiera sido presentada después de dicho periodo de tiempo. El establecimiento del mencionado plazo de un año constituye una abstracción que atiende a las dificultades que pueden encontrarse para localizar al menor. Así, la solución finalmente adoptada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, amplía la ejecución de su objetivo primario -la restitución del menor- a un periodo indefinido, pues en cualquier tiempo se deberá restituir al menor, con la condición de que si ha pasado más de un año dicha restitución ya no será inmediata, sino que estará sujeta a un examen de ponderación para determinar la adaptación del menor a su nuevo ambiente. Lo anterior, pues el ideal del Convenio de La Haya es evitar las dilaciones indebidas, las cuales resultan sumamente perjudiciales para el menor involucrado, mediante un mandato de restitución inmediata. Sin embargo, en atención al propio principio de interés superior del menor, los Estados contratantes reconocieron la posibilidad de que si el menor se encuentra durante un largo periodo de tiempo con el progenitor sustractor -a consideración de la Conferencia de La Haya más de un año-, se deberá determinar qué resulta más benéfico para el menor y evitar que sufra una nueva quiebra en su ambiente familiar que pueda significar un peligro para su correcto desarrollo psicológico. No obstante lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que el mero hecho de que las dilaciones en el procedimiento de restitución provoquen un retraso de la misma, por un plazo mayor a un año, no permite a las autoridades del Estado receptor considerar la integración del mismo como una causa para negar la restitución. Ello es así, pues son muchos los casos en los que la actividad procesal de las partes tiene por finalidad justamente la dilación del procedimiento, a fin de poder argumentar la integración del menor; o en los que el sustractor permanece oculto con la finalidad de que transcurra el plazo de un año para legalizar su actuación irregular. Por otra parte, esta Primera Sala observa que los informes explicativos de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado señalan que la intención de los Estados contratantes fue que dicho plazo se contara no hasta que la autoridad judicial o administrativa correspondiente recibiera la solicitud, sino desde el momento mismo de la presentación de la demanda. Lo anterior es así, en tanto que el posible retraso en la acción de las autoridades competentes no debe perjudicar los intereses de las partes amparadas por el Convenio.

6 comentarios en “México: criterios para aplicar el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores

  1. mi hijo fue substraído por la madre, la señora es hondureña y yo mexicano mi hijo fue registrado en mi ciudad san luis potosí y de este Estado se lo llevo en enero, ya fui a todos lados y no quieren siquiera levantar denuncia argumentando, que mi hijo esta con la madre y no pueden hacer nada, por favor díganme a que lugar tengo que acudir, por favor por lo que mas quieran, ayúdenme.

    1. Estimado Sr. Torres, disculpe la tardanza en la respuesta. Nosotros no damos asistencia legal desde el blog. Los editores prestamos asistencia jurídica en Venezuela. Quizás si me dice donde están los niños, podría referirlo a algún abogado. Por lo pronto, le indico que debe buscarse un abogado que tenga conocimiento en el área de restitución internacional de niños.
      Lamento no poder ayuralo más directamente.
      Saludos

    2. Debe recurrir a la Autoridad Central a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Dirección General de Protección y Servicios Consulares o bien a la Delegación de la SRE en SLP con el funcionario encargado de protección

    3. En términos de la convención que se señala en el presente estudio, debe de acudir a la autoridad central de éste País que es SRFE y verificar si Honduras es país contratante de ésta Convención o de la Convención Interamericana de restitución Internacional de menores e iniciar un procedimiento de repatriación.

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