Estados Unidos: Mobil Cerro Negro, Ltd., et al. v. República Bolivariana de Venezuela

Por Claudia Madrid Martínez

A propósito del anuncio que hiciera a Reuters el abogado George Kahale en días pasados, en el cual informaba que Venezuela habría solicitado la nulidad del laudo arbitral dictado en el caso iniciado por Exxon Mobil, ante el centro arbitral del CIADI, tomaremos el caso de hoy de la nota de nuestro colega Ted Folkman en lettersblogatory.com, en la cual comenta la decisión tomada, el pasado 13 de febrero, por una corte de distrito de Nueva York, en la que se negó la solicitud de Venezuela de suspender la ejecución de ese laudo arbitral, que también fuera comentado por nosotros en un post anterior.

Recordemos que en 2014, el tribunal arbitral ordenó a Venezuela el pago de cerca de USD 1.600 millones a Exxon Mobil, entre otras cosas, por la expropiación del proyecto desarrollado por Mobil en Cerro Negro. Un día después de dictado el laudo, Mobil solicitó su reconocimiento, a través de un procedimiento sumario –ex parte –, ante un tribunal de Nueva York, Estado cuya Ley permite el reconocimiento de decisiones extranjeras ex parte, siempre que el deudor sea notificado dentro los de los 30 días siguientes al inicio del procedimiento. El tribunal admitió la solicitud y procedió a notificar a Venezuela.

Venezuela impugnó esta decisión argumentado, en primer lugar, que de acuerdo con el Derecho de Nueva York no procede el reconocimiento a través de los procedimientos ex parte; y, en segundo término, que el reconocimiento de los laudos del CIADI por los tribunales de Estados Unidos, debe estar sometido a la Foreign Sovereign Immunities Act.

Paralelamente, Venezuela había solicitado la modificación del laudo ante el CIADI, alegando que Mobil logró recuperar parte de su inversión en el país.

Bien, el tribunal de Nueva York negó la solicitud de Venezuela. En primer término, consideró que el reconocimiento de un laudo del CIADI no está sometido a la Convención de Nueva York, sino más bien al US Code, cuyo § 1650a establece que las obligaciones pecuniarias impuestas por un laudo arbitral dictado conforme al capítulo IV del Convenio CIADI, se harán cumplir y tendrán el mismo valor de una sentencia firme dictada por un tribunal ordinario. En estos casos, tampoco se aplica la Federal Arbitration Act.

A diferencia de esta última, el US Code no establece razones por las cuales un tribunal deba negar el reconocimiento a un laudo del CIADI. De manera que si el documento presentado como laudo al tribunal, es auténtico, el mismo debe ser reconocido, sin que exista tampoco un procedimiento especial para ello. Así, el laudo deberá ser ejecutado como si se tratase de una sentencia de un tribunal ordinario.

Venezuela afirmó que de acuerdo con la Foreign Sovereign Immunities Act, promulgada después de la norma antes citada, el tribunal carece de jurisdicción y por ello tampoco son admisibles los procedimientos ex parte. El tribunal rechazó este alegato afirmando que, de conformidad con el 28 US Code § 1605 (a) (6) (B), no hay inmunidad soberana cuando se trate de acciones dirigidas a la confirmación de laudos arbitrales regulados por un tratado en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

El tribunal señaló que el 28 US Code § 1605 (a) (1) establece una excepción a la inmunidad soberana en los casos de renuncia y, de acuerdo con el tribunal, Venezuela renunció a su inmunidad al adoptar el Convenio CIADI.

Venezuela reclamó la aplicación de los procedimientos especiales contenidos en la Foreign Sovereign Immunities Act. Sin embargo, para evitar posibles tensiones con el Convenio CIADI, el tribunal desechó esta petición. En su opinión, el Convenio CIADI fue intencionalmente redactado para garantizar que, a diferencia de los laudos arbitrales ordinarios que se rigen por la Convención de Nueva York, no haya ninguna posibilidad de revisión sustantiva en ninguno de los laudos del CIADI. El método para la ejecución de un laudo del CIADI debe ser al menos tan sumario y sencillo como el procedimiento para su confirmación en el marco del Convenio de Nueva York.

La decisión reconoce, no obstante, la inmunidad de ejecución de Venezuela, de conformidad con la Foreign Sovereign Immunities Act. La razón para enfatizar este punto, en opinión de Ted Folkman, es mostrar que la posición de Mobil no priva a Venezuela de las protecciones especiales que tiene bajo esta normativa.

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