Conferencia de La Haya: Informe del Grupo de Trabajo del “Judgment Project”

Por Claudia Madrid Martínez

Durante los días 3 a 6 de febrero se reunió, en la ciudad de La Haya, el Grupo de Trabajo del “Judgment Project” y emitió el documento preliminar Nº 7 dirigido al Consejo de Asuntos Generales de la Conferencia, a celebrarse el durante el mes de marzo de este año. Este documento, fue recientemente publicado en el sitio Web de la Conferencia.

Así, con la participación de los representantes de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, España, Estados Unidos, India, Japón, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Suiza y la Unión Europea, el Grupo se dedicó al desarrollo de las normas propuestas para una futura convención en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias.

En tal sentido, se produjo una aceptación general de los principios claves del proyecto de convención, el cual supone una importante contribución a la circulación de sentencias a nivel global, lo que genera, a su vez, una mejora en el acceso a la justicia.

Durante la reunión se elaboró un proyecto que recoge los acuerdos a que se llegó y se identificó los puntos que requieren un mayor análisis y discusión (muchos de estos puntos aparecen entre corchetes en el documento y aquí los conservamos). El Grupo estima que para el 2016 ya habrá elaborado un proyecto definitivo, con respecto al cual recomienda su discusión por una Comisión Especial, antes de su presentación al Consejo. Pero el logro de esta meta requerirá una o dos reuniones más del Grupo, durante 2015.

Ahora bien, anexo al Informe, hay un proyecto de texto preliminar. Entre muchos de los aspectos interesantes del mismo destacaremos, en primer término, la norma contenida en el artículo 4.

De conformidad con esta disposición, una sentencia –entendida como cualquier decisión tomada por un tribunal, independientemente de su denominación, sobre el fondo de un asunto (art. 3)–, dictada en un Estado parte en la Convención será reconocida y ejecutada en otro Estado contratante de acuerdo con las disposiciones de ese instrumento, sin que, salvo los casos establecidos por la propia Convención, la misma pueda ser objeto de una revisión sobre el fondo.

Esta norma también dispone que la sentencia será reconocida si produce efectos en su país de origen y será ejecutada, solo si es ejecutable en ese Estado. Además, deberá tratarse de una sentencia definitivamente firme, pues el reconocimiento o la ejecución podrán negarse si la decisión en cuestión es objeto de algún recurso en su Estado de origen o si el tiempo establecido para el ejercicio del mismo aún no ha expirado. De hecho la norma excluye la posibilidad de aplicar este procedimiento a las decisiones que decreten medidas cautelares.

El segundo aspecto a destacar tiene que ver con las causales de denegación del reconocimiento o la ejecución. Así, de conformidad con el artículo 5 estos solo podrán negarse si el demandado no fue notificado del inicio del procedimiento o si, habiendo sido notificado, lo fue de manera incompatible con los principios esenciales del ordenamiento jurídico del Estado de reconocimiento; si la sentencia fue dictada en fraude procesal; si su reconocimiento o ejecución son incompatibles con el orden público del Estado de reconocimiento; si es incompatible con sentencia anterior de ese Estado o de un tercer Estado, siempre que ésta última haya sido previamente reconocida.

El reconocimiento y la ejecución también podrán negarse si el procedimiento en el tribunal de origen era contrario a un acuerdo [válido según el Derecho del Estado requerido] o una designación en un fideicomiso de conformidad con el cual la controversia en cuestión debía ser decidida a través de un procedimiento distinto o por un tribunal de aquel que decidió la causa.

El tercer párrafo del artículo 5 dispone que el reconocimiento o la ejecución de una sentencia también podrán denegarse si ésta no cumple con los requisitos establecidos por cualquiera de las siguientes disposiciones:

a) Que el demandante o la persona contra quien obra la sentencia estaba [habitualmente] residenciado en el Estado del tribunal de origen;

b) el tribunal de origen tuvo jurisdicción de conformidad con la legislación del Estado requerido en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras;

c) el [demandado] [persona contra la cual obra la sentencia] tenía una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento sin personalidad jurídica propia en el Estado que dictó la sentencia, y la reclamación en la que se basa la misma surgió de las actividades de esa sucursal, agencia o establecimiento;

d) el [demandado] [persona contra quien obra la sentencia] consintió expresamente en la jurisdicción del tribunal de origen en el curso del procedimiento en el que se dictó la sentencia;

e) [la sentencia versa sobre una obligación contractual y el [demandado] [persona contra quien obra la sentencia] intencionalmente ha participado en actividades frecuentes o significativas en el Estado de origen de la sentencia en relación con la obligación de que se trata;

f) la sentencia versa sobre una obligación contractual y fue dictada por un tribunal del Estado en el cual esa obligación fue cumplida por [el demandado] [la persona contra quien obra la sentencia] o en el cual las partes acordaron que debía cumplirse. Esta disposición no se aplicará si la obligación contractual consiste en el pago de una cantidad de dinero, a menos que dicho pago constituya la obligación principal del contrato;]

g) la sentencia haya sido pronunciada sobre una obligación derivada de la muerte, lesiones físicas, daños o pérdida de bienes materiales, y el acto u omisión que haya causado [directamente] el daño se haya producido en el Estado del tribunal de origen, independientemente del lugar donde se haya verificado el efecto dañoso;

h) la sentencia haya sido pronunciada sobre la infracción de una patente, marca registrada, diseño u otro derecho similar que requiera haber sido depositado o registrado y haya sido dictada por un tribunal del Estado en el que el depósito o registro del derecho en cuestión haya tenido lugar;

i) la sentencia se refiera a la validez, interpretación, efectos, administración o modificación de un fideicomiso creado voluntariamente y que conste por escrito, y el Estado del tribunal de origen es –

(i) designado como competente en el propio fideicomiso;
(ii) el Estado cuya ley se designa expresa o tácitamente en el fideicomiso como Derecho competente para regularlo; o
(iii) el Estado expresa o tácitamente designado en el fideicomiso como aquel en el que se encuentra el centro principal del administrador del fideicomiso;

j) la sentencia haya sido pronunciada sobre una demanda reconvencional surgida del evento en el cual se basó la demanda original [, y el tribunal de origen tenía jurisdicción sobre el reclamo original].

El texto preliminar también dispone la posibilidad de denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia que ordene la indemnización de daños, cuando estos, incluidos los punitivos y ejemplarizantes, no tengan carácter compensatorio. Para ello, el tribunal de reconocimiento tomará en cuenta si, y en qué medida las indemnizaciones concedidas por el tribunal de origen sirven para cubrir los costos y gastos relacionados con el procedimiento (art. 8).

A las transacciones que se produzcan entre las partes en el curso de un proceso o que, habiéndose producido antes de iniciarse el mismo, hayan sido homologadas por un tribunal, se les aplicarán las mismas reglas que a una sentencia (art. 9).

Este texto reconoce la posibilidad de que una sentencia extranjera pueda desplegar eficacia parcial (art. 12) y recoge el principio Lex fori regit processum, de manera que el procedimiento a través del cual se podrá otorgar el reconocimiento o la ejecución a una sentencia extranjera dependerá de lo que al respecto disponga el Derecho procesal del Estado de reconocimiento (art. 11)

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