Venezuela: Orden público internacional en el exequátur y el interés superior del niño

Por Javier Ochoa Muñoz

Nuestro caso del día fue decidido el 3 de diciembre de 2014, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Se trataba de un procedimiento de exequátur de una sentencia dictada el 23 de junio de 2010 en Naucalpan de Juárez, México. La sentencia mexicana confiere la custodia definitiva de su nieto a la sra. Reyna Patricia Suasnavar Cancino, residenciada en México, privando de su ejercicio a la madre, Karina Senaida Sierra Monasterios, residenciada en Venezuela, donde se encontraba residenciado también el niño al momento de la solicitud de exequátur.

La Sala de Casación Social negó el exequátur por considerar que su eficacia en Venezuela violentaría principios esenciales del orden público. Para ello, elaboró una serie de consideraciones argumentativas sobre la posibilidad de revisión del fondo de la sentencia extranjera y la institución del orden público internacional en relación con el interés superior del niño.

La sentencia comienza por “…precisar que el objeto del proceso de exequátur se circunscribe y limita al otorgamiento de fuerza ejecutoria a las sentencias extranjeras a fin de revestirlas como título ejecutivo, para que gocen de total y plena efectividad dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin que la solicitante o contra quien obraría dicha ejecutoria le esté permitido mutar el objeto de dicho proceso, persiguiendo la revisión y modificación del fondo de la decisión extranjera cuando tal actividad judicial ha debido ser desplegada por las partes en el marco de la jurisdicción y del ordenamiento jurídico del país de origen de la sentencia, no disponiendo los órganos jurisdiccionales venezolanos de potestad alguna para asumir la revisión del fondo de los actos de órganos extranjeros, salvo por orden público, pues de conformidad con el sistema de derecho internacional privado venezolano, el juez debe limitarse al examen de los requisitos de forma previstos en la ley respectiva.”

No obstante, dado que la sentencia versa sobre la custodia del niño, privando de su ejercicio a la madre y otorgándoselo a su abuela paterna con residencia en México, el asunto envuelve una institución familiar, que “…conlleva el derecho insoslayable de los niños, niñas y adolescentes de crecer en su familia de origen” siendo que “(l)os derechos de los niños, niñas y adolescentes son inherentes a su persona humana y por consiguiente son considerados de orden público, lo cual impone el examen de esta institución bajo el prisma del orden público en el derecho privado internacional enunciado en el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 5º. Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano.

De tal modo, que dicha norma jurídica autoriza al Juez venezolano a negar toda eficacia dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela a aquellas sentencias extranjeras contentivas de situaciones jurídicas que violenten de forma crasa los principios esenciales del orden público, por lo que constituye el aspecto negativo de la consecuencia jurídica en la estructura de la norma, de allí que al observarse fallos cuya decisión, y por consiguiente ejecución, implique la materialización de una evidente lesión a los principios éticos jurídicos que informan al Estado, el jurisdicente dispone de la facultad de rechazar su solicitud de ejecutabilidad, a fin de proteger su ordenamiento jurídico.”

Así, para la Sala, “…la aplicación del orden público en el derecho privado internacional desempeña un rol indispensable, tutelando la eficacia y respeto de los principios fundamentales que transversalizan todo el ordenamiento jurídico, con relación a la pretensión de ejecutabilidad de una sentencia extranjera dentro del territorio venezolano.

Por consiguiente, el orden público se levanta como el escudo axiológico y ético que le garantiza al Estado la concreción de sus valores superiores en su interrelación con sentencias extranjeras. Es decir, que el orden público en el derecho internacional privado se erige como la vía que le permite al Estado enfrentar el contenido de la sentencia extranjera con el entramado de valores y principios que estructuran las bases de todo el sistema jurídico social, y que subyacen para la defensa del ser humano como dotado de valor, de dignidad (Vid. Sentencia n° 953 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 16 de julio de 2013, entre otras), para restarle eficacia a dicho fallos.”

También advierte la Sala que la necesidad de dicho control se acrecienta con la Constitución de 1999 “donde Venezuela superó el Estado de Derecho y asumió el paradigma del Estado Constitucional que impone la obligación de impregnar y hacer realidad todos y cada uno de los valores y principios contenidos en dicho instrumento…, por lo que no se pueden tolerar sentencias extranjeras que lesionen e injurien sus objetivos Constitucionales y obliga un examen de cada sentencia a la luz de los valores y principios que recoge nuestro texto constitucional, tales como derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, colectivos, debido proceso, entre otros.”

Sobre la base de lo narrado y citando doctrina expuesta por la coeditora de este Blog, Claudia Madrid, se concluye que el orden público en el Derecho internacional privado se presenta como el mecanismo para “…corregir soluciones en atención a los más esenciales patrones de justicia en un determinado ordenamiento”.

La Sala procura establecer criterios adicionales para la configuración del orden público, precisando que “…las categorías jurídicas de orden público interno y orden público en el derecho internacional privado, no son enunciados de los cuales se pueda afirmar una correspondencia absoluta, luego materias calificadas como tal a los efectos internos de un país no conllevan inexorablemente su etiquetamiento como materias de orden público internacional para negar la eficacia de sentencias extranjeras, pues son los valores más superiores que establecen y representan la sustancia del ordenamiento socio jurídico los cuales están en juego.”

En tal sentido, advierte lo “…delicado de esta revisión, pues no solo está en dinamismo los valores y principios esenciales del ordenamiento jurídico del país receptor sino que en muchas oportunidades implica el sacrificio de situaciones jurídicas estables y consagradas en otros territorios, por lo que el juzgador deberá ponderar en cada caso los valores en juego del país receptor, con los valores que subyacen en la situación jurídica real, para adoptar la decisión más justa.”

Por lo tanto se requiere “la manifiesta incompatibilidad entre lo decidido en el fallo extranjero y dichos valores y principios, lo que alude no a una disconformidad doctrinal, sino a la existencia de una evidente y clara lesión, en un perjuicio real, tangencial e intenso al ordenamiento patrio, de allí que en forma constante se afirma que no es un problema abstracto, sino de resultado.” (resaltado nuestro)

En este sentido, el fallo insiste en que “…la manifiesta incompatibilidad debe implicar que la ejecutabilidad del fallo se traduzca en un hecho que colida abiertamente con los valores y principios que propugna nuestra Constitución, de tal manera que el permitir dichas situaciones representa autorizar la materialización de un hecho que indiscutiblemente contraría los valores superiores que rigen nuestro sistema socio jurídico.”

Establecidas estas consideraciones, observa la Sala que el Estado venezolano se adscribe a la doctrina de la protección integral del niño y se ve obligado a velar por su interés superior, desde sus disposiciones constitucionales, pasando por las estipulaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, hasta las normas de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando en consecuencia en la “…obligación de adoptar todas la medidas indispensables, tanto legislativas, administrativas como judiciales para asegurarles a dicho sector el pleno disfrute de sus derechos.”

De modo que “…el principio del interés superior del niño, niña y adolescente constituye un eje cardinal que transversaliza todo el sistema de protección, como expresión del carácter de sujeto pleno de derechos, representando un principio esencial a los efectos del artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo que autoriza la revisión del contenido de la sentencia extranjera…, a fin de examinar si se observa una lesión contra dicho principio”.

A partir de ese marco argumentativo, la Sala examina minuciosamente la sentencia mexicana y los hechos demostrados durante el proceso de exequátur, encontrando diversas razones para considerar gravemente lesionado el orden público internacional, si se le otorgase eficacia a dicha sentencia. Entre tales razones, destacan las siguientes:

1.- El juez mexicano que dictó la sentencia oyó la opinión del niño “obviando conocer su sentir al respecto, sus deseos, sus inquietudes, sus aspiraciones”, lo que resulta “contrario a los más elementales principios que rigen esta materia.”

2.- La demanda que dio lugar a dicha sentencia tuvo como fundamento los presuntos malos tratos físicos y psicológicos, hechos éstos que se dieron por establecidos en razón de la “confesión ficta al no comparecer la madre a absolver las posiciones que le formularon.”

3.- También se fundamenta dicha sentencia en un video, en el cual solo se observa que el niño camina con dificultad, así como en una foto donde se evidencia un hematoma en la región ocular.

4.- El juicio fue seguido “…sin contradictorio real alguno, pues las condiciones económicas y las circunstancias particulares del país sin lugar a duda afectaron la posibilidad que la ciudadana Karina Senaida Sierra Monasterio se defendiera en dicho proceso judicial.”

5.- Antes de ese proceso judicial, el fallecido padre del niño y la madre, debatieron ante la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla (México) la custodia del niño, resultando favorecida la madre.

5.- El niño se encuentra bajo la crianza de su madre desde el día 7 de junio de 2006, compartiendo en forma ininterrumpida con esta y sus parientes maternos en Venezuela, desde hace más de 8 años.

6.- En un procedimiento judicial paralelo que se había llevado entre las partes en Venezuela, quedó asentada la opinión del niño en los siguientes términos:

“…no quiero ir a México por que (sic) estar allá me hace recordar las cosas que viví cuando pequeño, cuando mi mamá tocaba todo el día la puerta y mi abuela no me dejaba salir… a mi me gusta compartir con ella cuando estamos aquí porque salimos juntos a pasear…”
“…ojalá no hubiera nacido en México… por tanto problema… yo sé que todo esto es por culpa de mi abuela… (Omissis) porque dijo que tenía un ojo morado y mi mamá nunca me ha tocado la cara… (Omissis) por lo demás me la llevo bien con todos en la casa… quiero seguir viviendo con mi mamá y me gusta el liceo donde estudio”.

7.- El niño tiene una hermana de cuatro (4) años de edad con quien convive en Venezuela, por lo que la eventual separación “…quebrantaría el principio de preservación de la unidad de la fatria, es decir, de la unidad filial, relativo a los lazos familiares únicos que se establecen entre hermanos…”.

Antes de finalizar su argumentación la Sala observa que la materia relacionada a la protección integral de los niños es de carácter social y “por sus características posee un alto grado de sensibilidad en sus operadores y requiere la humanización de las instituciones procesales que, no significa que deban ser desconocidas, antes bien deben ser aplicadas sopesando los resultados y/o efectos para que conlleven a soluciones bien ponderadas, que mantengan un equilibrio entre las instituciones familiares y el debido proceso judicial.”

El fallo final declara sin lugar la solicitud de exequátur y ordena a las ciudadanas Reyna Patricia Suasnavar Cancino y Karina Senaida Sierra Monasterio, así como al niño, asistir a terapia psicológica.

Un comentario en “Venezuela: Orden público internacional en el exequátur y el interés superior del niño

  1. Entre los interesantes aspectos de comentar de la supra sentencia, hago destacar el reconocimiento que hace la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre la imposibilidad de la demandada de ejercer la defensa en el proceso judicial, a causa de las condiciones económicas y las circunstancias particulares del país.

    Esta imposibilidad, que restringen el acceso a la justicia a los ciudadanos de Venezuela en los procesos judiciales internacionales, obliga al Estado de proveer condiciones mínimas, tales como:

    -Servicios legales gratuitos de tipo internacional.

    -Aportar dispositivos comunitarios para facilitar a sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad.

    -Garantizar el acceso a instancias judiciales de protección, y a información adecuada sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales disponibles para su tutela.

    El Estado venezolano debe proveer, porque así lo demandan los derechos sociales fundamentales garantizados por la Constituyente de 1999, para favorecer las condiciones a los nacionales evitando equilibrar las situaciones de desigualdad y desventajas en los procedimientos judiciales internacionales.

    Estas condiciones económicas y circunstancias particulares que afectan al país, pone a todos los venezolanos en una posición social de débil jurídico generalizada.

    José Alcalá Franco

    REFERENCIAS:
    Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos: EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

    Consideraciones para la discusión de los Principios ASADIP del Proceso Civil y la Cooperación Jurídica Internacional. PRIMER BORRADO. Preparado por Javier Ochoa Muñoz y Claudia Madrid Martínez

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