Unión Europea: sentencia del TJE sobre productos financieros, consumo y daño económico puro (Caso Harald Kolassa y Barclays Bank plc)

Por Laura Carballo Piñeiro

Como se informó en una entrada anterior de este blog, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden conocer de litigios entre consumidores domiciliados en un Estado miembro y empresarios o profesionales con sede o domicilio en terceros Estados.

Pero la aplicación del artículo 18.1 del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2012, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, depende de que el consumidor se considere parte débil y, por tanto, incluido en la Sección 5ª del Capítulo II de dicho Reglamento, sobre competencia en materia de contratos de consumo.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se comenta a continuación versa sobre esta cuestión.

Ahora bien, también ha de advertirse que su relevancia no viene determinada por esta cuestión, sino porque aborda el problema de dónde se entiende producido un daño económico puro, o pure economic loss como también se le conoce, cuestión de gran relevancia si se la pone en relación con los mercados financieros.

Como observación preliminar ha de destacarse que, aunque la decisión versa sobre el Reglamento núm. 44/2001 derogado por el citado Reglamento núm. 1215/2012, la doctrina aquí establecida se vierte sobre este último, dada la continuidad que existe entre ambos instrumentos que, a su vez, enlazan con el Convenio de Bruselas de 1968. El apartado 21 de esta sentencia se encarga de recordarlo para justificar que el Tribunal de Justicia funde sus observaciones en jurisprudencia anterior sobre este último convenio.

Los hechos:

Sobre ambas cuestiones se pronuncia esta sentencia de 28 de enero de 2015, asunto C 375/13, en un supuesto que enfrenta al Sr. Harald Kolassa, con domicilio en Viena, con el Barclays Bank plc, con domicilio en Londres, a propósito de una reclamación por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad contractual, precontractual y delictual de dicho banco, derivada de la pérdida de valor de la inversión financiera que hizo Kolassa en productos financieros emitidos por el citado banco en el Reino Unido.

El producto financiero se vendió a inversores institucionales los cuales los revendieron a consumidores. Así lo hizo el banco austríaco que le vendió al Sr. Kolassa, quien los encargó a su sociedad matriz alemana, DAB Bank AG, con domicilio en Múnich (Alemania), la cual, a su vez, los había adquirido de Barclays Bank, y ambas entidades emitieron y tramitaron en nombre propio las órdenes de compra.

Entre las condiciones se preveía la posibilidad de resolver el contrato de suscripción. De acuerdo con el folleto, estos certificados tienen la forma de títulos de deuda al portador. Su valor se determina en función de un índice compuesto por una cartera de varios fondos de referencia, que debía ser creada y gestionada por la sociedad X1 Fund Allocation GmbH. En el momento de planteamiento del pleito, los certificados carecían de valor.

La competencia judicial internacional del tribunal de Viena se asienta en el artículo 16.1 del Reglamento núm. 44/2001, el antecedente del artículo 18.1 del Reglamento núm. 1215/2012. Para ello es necesario establecer si, efectivamente, el Sr. Kolassa es un consumidor protegido y, como tal, encaja en la definición que de tal tipo de consumidores hace, ahora, el artículo 17.1, en la decisión el artículo 15.1.

Rechazo de la calificación contractual y, por tanto, de la aplicación de los foros en materia contractual y de consumo.

En su respuesta el Tribunal de Justicia precisa qué se entiende por consumidor a quien se le concede el beneficio de poder demandar en su propio domicilio. Se trata de aquél en el que concurren “(…) tres requisitos: en primer lugar, una parte contractual tiene la condición de consumidor que actúa en un contexto que puede considerarse ajeno a su actividad profesional; en segundo lugar, el contrato entre dicho consumidor y un profesional ha sido efectivamente celebrado, y, en tercer lugar, este contrato pertenece a una de las categorías incluidas” en el apartado 1, letras a) a c), del artículo, ahora 17 del Reglamento núm. 1215/2012.

En el caso reseñado el Tribunal de Luxemburgo constata que se cumple el primer requisito, pero no el segundo, puesto que, como reza su fallo, “en circunstancias como las del litigio principal, el demandante que, como consumidor, ha adquirido un título de deuda al portador a un tercero profesional, sin que se haya celebrado un contrato entre dicho consumidor y el emisor de dicho título —lo que corresponde comprobar al tribunal remitente— no puede invocar la competencia establecida en esa disposición para interponer una acción frente a la entidad emisora del mencionado título de deuda basada en las condiciones del empréstito, en el incumplimiento de las obligaciones de información y de control y en la responsabilidad del folleto”.

De este modo el Tribunal de Justicia se niega a aceptar la interpretación propuesta por el Sr. Kolassa en el sentido de que la protección del consumidor exige adoptar una perspectiva económica y, por tanto, aceptar que la verdadera parte contratante es Barclays Bank y no el banco intermediario entre el citado consumidor y el Banco.

La interpretación no es, sin embargo, ajena a la lógica del Alto Tribunal como se constata con la lectura de su sentencia de 14 de noviembre de 2013, Asunto C-478/12, Maletic c. lastminute.com GmbH: los esposos Maletic, domiciliados en Austria, reservan un viaje combinado con destino a Egipto en la página web de lastminute.com, sociedad con domicilio social en Alemania, donde se informa que actúa en calidad de agente de viajes y que el viaje lo organizaría TUI, sociedad con domicilio social en Austria. El problema surge cuando TUI reserva para los esposos un hotel distinto del contratado con lastminute.com.

Demandadas lastminute.com y TUI, la jurisdicción austríaca rechaza aplicar el Reglamento núm. 44/2001 a la relación entre los Srs. Maletic y TUI por considerarla de derecho interno. Pero el Tribunal de Justicia concluye que “aun suponiendo que una operación unitaria, tal como la que llevó a los esposos Maletic a reservar y pagar su viaje combinado en el sitio de Internet de lastminute.com, pueda dividirse en dos relaciones contractuales distintas con la agencia de viajes en línea lastminute.com, por una parte, y con el organizador de viajes TUI, por otra, no cabe calificar esta última relación contractual de «meramente interna», puesto que estaba indisociablemente vinculada a la primera relación contractual, al haberse realizado a través de la referida agencia de viajes domiciliada en otro Estado miembro” (apartado 29).

En definitiva, en Maletic se toma en consideración la existencia de contratos coaligados y el hecho de que las distintas relaciones jurídicas conforman una operación unitaria, algo por otra parte muy frecuente en las relaciones actuales.

En Kolassa el propio Tribunal de Justicia rechaza aplicar la doctrina Maletic arguyendo que “se basa en circunstancias concretas en las que el consumidor estaba de antemano vinculado contractualmente, de modo indisociable, a dos cocontratantes” (apartado 33). Sin negar este dato, el hecho de que el mismo Tribunal de Justicia siga justificándose en el propio apartado (“Por otra parte, la exclusión del cocontratante establecido en el territorio del Estado miembro del consumidor del ámbito de aplicación de dicho artículo 16 habría tenido como consecuencia que el tribunal que conocía de la acción de condena solidaria de los dos cocontratantes sólo habría sido competente respecto del operador establecido en otro Estado miembro”) permite poner en duda lo acertado de su pronunciamiento en Kolassa, puesto que, al fin y a la postre, aquí también se trata de contratos indisociablemente unidos.

A partir de la misma argumentación, también se rechaza la afirmación de competencia judicial del tribunal de Viena sobre la base del foro en materia contractual, ahora previsto en el artículo 7.1 del Reglamento núm. 1215/2012, puesto que el emisor del producto financiero no ha asumido libremente una obligación frente a dicho demandante.

Calificación extracontractual: lugar de producción del daño económico puro.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia califica la acción planteada por el Sr. Kolassa como extracontractual tal y como, por otra parte, ya había hecho en su sentencia de 10 de junio de 2004, asunto C 168/02, Kronhofer.

La dificultad está, sin embargo, en determinar cuál es el lugar de producción del daño tratándose de un daño económico puro. Justamente, en Kronhofer se preguntaba si tal lugar podría ser el del domicilio de la víctima, allí donde ha sufrido el daño. Sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo indica que “en una situación como la del asunto principal, dicha interpretación haría que la determinación de los tribunales competentes dependiese de circunstancias inciertas, tales como el lugar donde se hallase el ‘centro del patrimonio’ de la víctima (…)” (STJCE Kronhofer, apartado 20).

Rechazada esta opción, que en el caso conducía al domicilio del demandante, constata el Alto Tribunal que tanto el lugar donde se realiza la acción que causa daño, como el lugar de producción se encuentran en Alemania, país donde estaban los bienes del demandante cuando sufre la pérdida (las negociaciones de los demandados con el interesado se hicieron desde Alemania, adónde transfirió los fondos para su inversión): allí es donde se produce el daño directo y, por tanto, es el lugar que ha de atenderse para aplicar el artículo 5.3 (Kronhofer, apartado 18).

Kolassa también rechaza que el lugar de producción del hecho causal se encuentre en el domicilio del demandante, dado que no consta que las “decisiones relativas a las modalidades de inversión propuestas por dicho banco y a los contenidos de los folletos relacionados con éstas hayan sido adoptadas en el Estado miembro del domicilio del inversor, ni que dichos folletos hayan sido redactados y distribuidos al inicio en lugar distinto del Estado miembro del domicilio social del banco” (apartado 53).

La novedad de la sentencia comentada es, precisamente, que en el caso sí se entiende que el daño se materializa en el domicilio de la víctima, dado que “se desprende de la resolución de remisión que, por un lado, la pérdida de valor de los certificados no se debió a los avatares de los mercados financieros, sino a la gestión de los fondos en los que se invirtió el dinero resultante de la emisión de los certificados, impidiendo, en definitiva, una evolución positiva de su valor (…)”. (apartado 51).

Con esta decisión se va perfilando la localización del daño económico puro y la correspondiente responsabilidad civil ligada a los deberes de transparencia que pesan sobre las sociedades. Las citadas sentencias se refieren a competencia judicial internacional, aunque ha de advertirse que existe paralelismo entre los conceptos utilizados en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento núm. 1215/2012 y los empleados por el artículo 4 del Reglamento núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), quedando en el aire si la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual derivada de información falsa o errónea contenida en el prospecto es la correspondiente a la del lugar de materialización del daño económico puro en el sentido preconizado por Kolassa.

Dado que esta responsabilidad afecta a muchos, tal interpretación supondría someter la misma cuestión jurídica no sólo a distintos tribunales, sino también a distintas leyes, de ahí que, de momento, la solución más aceptable siga siendo la de utilizar la cláusula de excepción para averiguar cuál es la ley más estrechamente vinculada a la relación jurídica en cuestión.

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