Brasil: A propósito de la Enmienda que alteró el Reglamento Interno del Tribunal Superior de Justicia: la dignidad humana como causal de denegación del reconocimiento de decisiones extranjeras

Por Renata Alvares Gaspar

Tal como publicamos en días pasados en este mismo blog, finalizando el año 2014, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil ha promulgado la enmienda reglamentaria 18, que entró inmediatamente en vigor, para incorporar en su Reglamento Interno las disposiciones relativas al reconocimiento de decisiones extranjeras.

Facilitando la comprensión para los que no conocen a fondo el sistema jurídico nacional, en Brasil, el tribunal que concentra la competencia originaria para enjuiciar el reconocimiento de decisiones extranjeras, históricamente, tiene la competencia anómala para editar normas jurídicas que reglamenten el rito procesal respectivo.

El 2004 ha sido el año en que el STJ recibió, en función de la entrada en vigor de la enmienda constitucional n. 45, la competencia que siempre había sido del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, para procesar y enjuiciar el reconocimiento de decisiones extranjeras. Nada más al recibir la competencia constitucional, el STJ dictó la Resolución n. 9, que viabilizó la llegada de los nuevos procedimientos de reconocimiento a este tribunal, lo que le permitió cumplir el mandato indicado. De 2004 a esta parte, a tales procesos se aplicaba esta Resolución, como instrumento procesal del trámite del reconocimiento de decisiones extranjeras.

¿Y cómo lo hizo, considerando la inminencia de la entrada en vigor el nuevo código de proceso civil? Lo ha hecho racionalizando sus disposiciones, sin que hubiera pérdida de los derechos ya introducidos.

Pero en medio de dicha racionalización, una disposición específica viene llamando la atención de algunos juristas, aunque no se trate de una novedad de per se; tratase de los art. 216-F y 2016-P de la RI STJ, que textualmente disponen: “No serán homologadas las sentencias extranjeras que ofendan a la soberanía nacional, a la dignidad de la persona humana y/o el orden público” y “no será concedido el exequatur a carta rogatoria que ofenda la soberanía nacional, la dignidad de la persona humana y/o el orden público”, respectivamente.

En la Resolución n. 9, como además en los tratados internacionales, en las normas de la LIDB y en él CPC – tanto el que va perdiendo su vigencia, como en el nuevo que va surgiendo en esos momentos -, ya constaba tal disposición, sin que la expresión violación a la dignidad humana estuviera expresamente prevista.

Y eso porque, no obstante, ya se sabía que la constancia expresa de esta causal no era necesaria, puesto que la protección de la dignidad humana, además de principio jurídico informador del orden brasileño, es sobre todo, pilar de la República federativa de Brasil, como se puede ver del comando constitucional constante del inciso III, del art. 1° de la CF/88.

Es decir, desde que la constitución de 1988 entró en vigor, la protección de la dignidad humana pasó a ser principio informador de Brasil y base de todo el orden nacional – sea jurídico, legislativo y/o ejecutivo. Lo cual impide que cualquier acto, nacional o extranjero, ofenda este, que es pilar de la República brasileña. Y eso quedó claro tanto en la jurisprudencia como en la doctrina nacional.

De tal suerte, que la violación de la dignidad humana pasó a ser, desde la entrada en vigor de la CF/88, el contenido del orden público manifiestamente internacional. Es decir, la violación del orden público, como causal que inhibe el reconocimiento de decisiones extranjeras en Brasil, es el orden público internacional, que prohíbe desplegar en Brasil cualquier efecto jurídico, decisiones que ofendan la dignidad humana, único sentimiento capaz de universalizar, jurídicamente, en un mundo globalizado – de vivencia mundial -, la excepción que impide la libre circulación de decisiones judiciales en el mundo occidental actual.

Por esta razón es que se puede concluir, sin miedo a equivocaciones, que el legislador, al disponer de forma expresa en la RI STJ (art. 216 “F” y “P”) que la ofensa de la dignidad humana “y/o” al orden público, son causales de denegación del reconocimiento junto a la soberanía nacional, lo hizo para ajustarse expresamente a las disposiciones de la CF/88 y además, para materializar en la norma jurídica instrumental comentada, lo que la jurisprudencia y la doctrina ya indicaban sobre el tema.

De tal manera, que la introducción de estos dispositivos en el RI STJ nada más representa la consolidación misma en el texto legal instrumental, del mandato constitucional ya existente y que venía siendo aplicado sin mayores percances por el STJ; con lo cual se entiende que el regocijo de su materialización es natural, pero no su extrañeza; por ello tampoco se puede pretenderlo novedoso y/o conflictivo, puesto que ya era existente en el rol de fuentes del derecho brasileño.

Este asunto puede ser integralmente consultado en el sitio oficial del STJ.

2 comentarios en “Brasil: A propósito de la Enmienda que alteró el Reglamento Interno del Tribunal Superior de Justicia: la dignidad humana como causal de denegación del reconocimiento de decisiones extranjeras

  1. Estimada Renata, gracias por esta interesantísima publicación. familiarizarnos con los temas de la legislación brasilera, será cada vez mas necesario, motivado al incremento de los intercambios de todo genero con el monstruo de América Latina, de allí que reitero el agradecimiento por compartir este preciado material.

    Consultando una reciente sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Exp. N° 13-0005 de fecha 03/12/2014, con ponencia de Octavio José Sisco Ricciardi, en la cual declara sin lugar Exequátur, de observar la opinión del Ministerio Publico “(…) No obstante lo anterior, en la República Bolivariana de Venezuela y partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el reconocimiento y la regulación de los derechos y prerrogativas atribuidos a los Niños, Niñas y Adolescentes, como sujetos de derecho, fueron consagrados como una garantía máxima inherente a la persona humana, por lo que, son de orden público, intransigibles, irrenunciables, indivisibles e interdependientes entre sí”.

    Estos derechos fundamentales, recogidos ademas Así, en el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son inherentes a su persona humana y por consiguiente son considerados de orden público, lo cual impone el examen de esta institución bajo el prisma del orden público en el derecho privado internacional enunciado en el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo tenor es el siguiente:

    “Artículo 5º. Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano.”

    En este orden de ideas, se encuentra colindancia del alcance de la norma del Estado de Brasil en estudio, con la patria, en cuanto que referente al respeto a la dignidad de la persona humana, éste es uno de los valores sobre los cuales se fundamenta el Estado Social de Derecho y de Justicia de Venezuela,en torno a la cual debe girar todo el ordenamiento jurídico de un Estado y, por ende, todas las actuaciones del poder público.

    Saludos cordiales.
    Esp. José Alcalá Franco
    Director General
    Abogados Corporativo Escritorio Jurídico S. C.
    Email: alcala@abogados-corporativos.org.ve

    1. Estimado José: gracias por tus comentarios, observaciones y inquietudes. El tema de los derechos fundamentales y el orden público, como siempre, no es fácil… de una parte porque el núcleo duro universalizante de los derechos humanos es tema sensible (y en construcción); de otra parte, el orden publico, como cláusula de escape a la aplicación del derecho extranjero de forma directa o indirecta, en el mundo pensado desde la perspectiva privada, no es nada simpático…. de tal suerte que intentaré hacerte una reflexión de lo que pienso sobre ello; jamás será un punto final; todo lo contrario! en Brasil el núcleo duro es el que garantiza la protección a la dignidad humana, como pilar de la República federativa de Brasil… de esta forma, en la cooperación jurídica internacional la perspectiva debe ser ex parti populis y no ex parte principe… o sea, el contenido de orden público sería violado si la dignidad humana de un colectivo o individuo fuera violado… y ello, entiendo, no significa decir que para garantizar tales derechos o dignidad, tenga el sistema que crear competencias exclusivas (nada simpáticas en el mundo global). Ello porque tal actitud sería despreciar la capacidad de los demás sistemas y/o ordenes de efectivar dicha protección. En un mundo globalizado, no se puede, creo, actuar así, desde una premisa a priori de desconfianza. Respecto a la cuestión de los niños, Brasil ractificó la Convención de Haya de 1980 sobre restitución inmediata… con ello, no entiende violar los derechos de los niños que tengan el derecho a la nacionalidad brasileña originaria… todo lo contrario! sin embargo, en casos de restitución, el tribunal brasileño hará un control indirecto sobre la posible violación del interés del menor. Si la situación demuestra que puede haber violación del interés superior del menor, su regreso será denegado y el tribunal amparará su decisión en la excepción legal contenida en el convenio y en las normas de orden público del sistema brasileño. Caso contrario, en respeto siempre al interés superior del menor (no del Estado y tampoco del genitor(a) brasileño), determina su regreso. Igual repito: esos temas son sensíbles y casuísticos… Espero haberte contestado, aunque no en el todo, por lo menos en parte! Abrazos.

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