Unión Europea: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la sustracción internacional de menores

Por Laura Carballo Piñero

El pasado 13 de enero de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en el caso Hoholm c Eslovaquia, por el cual el Sr. Hoholm, nacional noruego, demandaba a Eslovaquia por infracción de los artículos 6 – derecho a un juicio justo en un tiempo razonable – y 13 – derecho a un remedio efectivo – del Convenio Europeo de Derechos Humanos, después de haber intentado infructuosamente en este país un proceso de retorno al amparo del Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción de menores.

Tras la separación de su esposa eslovaca, un tribunal noruego concede custodia compartida, derechos de visita al Sr. Hoholm y también prohíbe la salida de Noruega de los hijos comunes del matrimonio. A pesar de ello, se produce el traslado ilícito y se inicia el calvario legal del Sr. Hoholm en Eslovaquia, minuciosamente relatado en esta decisión del TEDH, país en el que llegan a examinarse hasta cuatro veces si existen motivos para el retorno. Lo más llamativo es que, a pesar de pronunciarse la orden de retorno, se permite la interposición de un recurso extraordinario que hace que el caso llegue ante el Tribunal Supremo eslovaco en dos ocasiones. A la vista de la evolución judicial, el propio Sr. Hoholm interpone queja ante el Tribunal Constitucional eslovaco en dos ocasiones, aunque sólo una fue tramitada y finalmente desestimada.

El TEDH indica en el punto 44 de la decisión, que procede examinar la razonabilidad de la duración del procedimiento a la luz de las circunstancias del caso y en relación con los siguientes criterios: la complejidad del caso, la conducta del solicitante y las autoridades implicadas, y qué está en juego para el solicitante en el caso (doctrina ya establecida en Frydlender v. France, núm. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII). En particular, destaca el Tribunal que este último criterio es especialmente relevante y, además, requiere especial diligencia en la tramitación del procedimiento a la vista de las posibles consecuencias que una duración excesiva de los procedimientos puede tener, en particular, en el derecho al respeto de la vida privada (con cita de Laino v. Italy, núm. 33158/96, § 18, ECHR 1999-I).

El propio TEDH constata que los procedimientos duraron siete años desde la solicitud del retorno hasta su denegación, sin que se pueda decir que el caso sea complejo ni que la duración del mismo sea imputable al solicitante. En el punto 47 de la decisión destaca que el objeto del procedimiento de retorno se ha de limitar a las cuestiones indicadas y delimitadas por la Convención de La Haya, esto es, si ha habido traslado o retención, si si tal es ilícito y si hay algún obstáculo para el retorno del menor, de manera que otras cuestiones como el estatus del menor y los derechos y responsabilidades de los padres sean determinados por el país de la residencia habitual del mismo (con cita de López Guió v. Eslovaquia, núm. 10280/12, § 90, 3 junio 2014). De este modo concluye que los sucesivos recursos que llevaron a revocar por dos veces la orden de retorno dictada a favor del solicitante sólo pueden considerarse como una infracción del artículo 6 de la Convención.

También concluye lo mismo en relación con el artículo 13 de la misma Convención. El remedio efectivo podría haber sido proveído por el Tribunal Constitucional eslovaco, pero éste no tuvo en cuenta la duración total de los procedimientos cuando fue preguntado por la infracción del artículo 6 de la Convención, una exigencia ya establecida por el TEDH en su decisión Bako v. Slovakia, núm. 60227/00, 15 marzo 2005 y A.R., spol. s r.o. v. Slovakia, núm. 13960/06, 9 febrero 2010).

Como es sabido, la condena a los países infractores de la Convención Europea de Derechos Humanos no tiene consecuencias prácticas en el caso, a menos que el país en cuestión haya articulado algún mecanismo en su ordenamiento interno para hacer efectivas las decisiones del TEDH. A propósito de este caso, quisiera comentar que España no es una excepción y, por ello, ha de celebrarse el Acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con fecha 21 de octubre de 2014, conforme al cual:

En tanto no exista en el ordenamiento jurídico una expresa previsión legal para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH que aprecien la violación de derechos fundamentales de un condenado por los tribunales españoles, el recurso de revisión del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cumple este cometido

De este modo, si hay condena a España podrá revisarse el proceso penal. El Acuerdo no alcanza a las decisiones del TEDH en materia civil, cada vez más relevantes también en Derecho internacional privado. Pero es un toque de atención sobre la necesidad de ir más allá de la mera constatación de la auctoritas que goza el Alto Tribunal para dejar actuar remedios procesales que puedan paliar situaciones manifiestamente injustas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *