Brasil: Novedades respecto al Derecho procesal internacional

Por Luciane Klein Vieira

El final de 2014 fue un período marcado por importantes avances legislativos en el DIPr brasileño.

Esto porque el 17 de diciembre de 2014, finalmente, se aprobó la Enmienda que incorpora el Título VII, al Reglamento Interno del Tribunal Superior de Justicia (STJ), respecto al funcionamiento de los pedidos de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y extra-judiciales extranjeras.

La modificación referida incorpora las previsiones que constan en la Resolución nº 9, del 4 de mayo de 2005, que venía siendo aplicada de forma provisoria, en virtud de la necesidad de dar efectividad a los cambios introducidos por la Enmienda Constitucional nº 45/2004, que desplazó la competencia para el análisis de las decisiones extranjeras del Supremo Tribunal Federal (STF) para el STJ.

La novedad traída por la Enmienda regimental se refiere a la inserción del respeto y protección a la dignidad de la persona humana, como supuesto que autoriza el STJ a denegar el reconocimiento y la concesión del exequátur a las decisiones extranjeras, requisito que se suma a aquellos de orden material de no ofensa al orden público y a la soberanía nacional.

Por otro lado, en la misma fecha, fue aprobado por el Plenario del Congreso Nacional el texto base del nuevo Código de Proceso Civil (CPC), derivado del Proyecto de Ley nº 166/2010, de autoría del Senado Federal. El nuevo texto, que fue encaminado para la sanción de la Presidenta de la República, debe entrar en vigencia un año tras la sanción referida.

Entre las novedades traídas por el nuevo CPC, en lo que nos interesa, está la previsión de nuevos supuestos de jurisdicción internacional concurrente y exclusiva de la justicia brasileña. En este sentido, además de mantener las hipótesis ya previstas por la legislación vigente, se añadió que, en materia de alimentos, tendrá jurisdicción concurrente el juez nacional si el acreedor tuviere domicilio o residencia en el país o mantuviere vínculos con este, tales como el apercibimiento de renta, propiedad de bienes, etc.

Igualmente, tendrá jurisdicción el juez brasileño para las demandas internacionales de consumo, cuando en Brasil el consumidor tuviere su domicilio o residencia habitual, previsión que contempla una norma protectora en defensa de la parte débil de la relación jurídica y que viene al encuentro de las modernas legislaciones en la materia.

Respecto a la jurisdicción exclusiva del juez brasileño, el nuevo Código incorporó la tendencia jurisprudencial observada en la actualidad, previendo que en casos de divorcio, separación judicial o disolución de unión estable, cabrá al juez nacional proceder a la partición de los bienes inmuebles situados en el país. Esta norma recepta los precedentes emanados del STJ en el sentido de solamente permitir la jurisdicción del juez extranjero, para casos de partición de bienes inmuebles situados en Brasil, cuando hubiere acuerdo entre partes, lo que implica no haber disputa judicial respecto al tema. (STJ – Corte Especial. SEC nº 6.894-EX. 20/2/2013. S.E.F. c/ L.M.F.; STJ – Corte Especial. SEC nº 4.223-EX. 15/12/2010. M.E.D. c/ M.O.E.; STJ – Corte Especial. SEC nº 1.304-US. 19/12/2007. Stephen Thomas Honse y otra c/ Laura A. Honse y otros.)

Asimismo, es interesante notar que el nuevo CPC incorporó un artículo que prevé expresamente la imposibilidad del juez nacional asumir jurisdicción en las demandas en las cuales las partes eligieron en contrato internacional un foro exclusivo extranjero, poniendo fin a las discusiones de la actualidad y dando fuerza a la concreción del principio de la autonomía de la voluntad.

Seguramente, lo más novedoso del nuevo Código son las reglas respecto de la cooperación jurídica internacional, plasmada en sus más diversos niveles, que van desde la cooperación de primer grado, representada por la transmisión de solicitudes de citación, intimación, etc., hasta la cooperación de tercer grado, que se refiere al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras.

La norma detalla en su articulado el procedimiento y requisitos para las solicitudes provenientes del extranjero, denominadas cooperación jurídica internacional pasiva y para los pedidos en los cuales Brasil es el solicitante, denominada cooperación internacional activa. Sin desmedro de ello, destina algunas reglas referentes a las solicitudes de auxilio directo, (en donde se encuadran, por ejemplo, los pedidos de asistencia provenientes de los países del MERCOSUR), diferenciándolas del tratamiento destinado a los pedidos que deben pasar, necesariamente, por el análisis del STJ, órgano que concentra la potestad de reconocer la producción de efectos en el país de las decisiones provenientes del extranjero, tramitadas vía carta rogatoria.

Además, se hace hincapié en principios de orden procesal, tales como el del respeto a las garantías del debido proceso, a la igualdad de trato procesal entre nacional y extranjero, a la publicidad de los actos judiciales, a la rapidez en la transmisión de informaciones y al rol de la autoridad central para la efectividad de la cooperación jurídica internacional.

Se espera que en los próximos días ocurra la sanción de la Presidenta Dilma Roussef, que por fuerza de norma constitucional, deberá darse dentro del plazo de 15 días hábiles tras el recibimiento, en la Casa Civil, del texto legislativo y carta de motivos enviados por el Presidente del Congreso Nacional.

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