Unión Europea: comienza a aplicarse el Reglamento Bruselas I bis

Por Laura Carballo Piñeiro

El Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2012, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, que viene a revisar el Reglamento (CE) núm. 44/2001, comienza a aplicarse. De acuerdo con sus artículos 66 y 81, todos los litigios que se planteen, y el reconocimiento de decisiones o documentos provenientes de otro Estado miembro, deben someterse a partir del 10 de enero de 2015 al nuevo Reglamento.

El Reglamento Bruselas I bis es un instrumento menos ambicioso que la propuesta original de revisión del Reglamento Bruselas I, donde se preveía la extensión de sus reglas de competencia judicial internacional también a aquellos supuestos en los que el demandado tiene su domicilio fuera de la Unión Europea, así como la completa supresión del exequatur. De todos modos, las novedades introducidas son importantes y afectan también a las relaciones de Estados miembros de la Unión Europea con terceros Estados.

Entre sus novedades se incluyen clarificaciones en su ámbito de aplicación material – que deja ya definitivamente fuera a los alimentos entre parientes -; la introducción de un foro especial para litigios sobre bienes culturales – que, desafortunadamente, sólo afecta a supuestos exclusivamente relacionados con el tráfico de bienes culturales de un Estado miembro a otro – ; y la práctica supresión del exequátur entre Estados miembros sustituido – que no eliminado – por una declaración de ejecutividad automática. Otras novedades merecen más comentario dado que afectan a los supuestos de tráfico externo que implican a terceros Estados.

En sede de competencia judicial internacional, ya se ha indicado que no se ha suprimido la reglamentación por remisión a las normas nacionales, esto es, si el demandado no tiene su domicilio en un Estado miembro, la determinación de la competencia judicial internacional del Estado miembro reclamado para prestar justicia depende de lo que indiquen sus normas procesales – por ejemplo, los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial española -. Sin embargo, existen importantes excepciones que se desarrollan más en el Reglamento Bruselas I bis.

El artículo 6 del Reglamento Bruselas I bis exceptúa de esta regla el caso de las competencias exclusivas previstas en su artículo 24, puesto que si apuntan a un Estado miembro se aplica el citado precepto con independencia de dónde esté el domicilio del demandado – casos de derechos reales inmobiliarios y arrendamientos de bienes inmuebles, validez de derechos de propiedad intelectual e industrial, constitución de sociedades y otras personas jurídicas, inscripciones registrales y procedimientos de ejecución -. Lo mismo sucede en el supuesto de que las partes concluyan un acuerdo de sumisión expresa a los tribunales de un Estado miembro, regla prevista en el artículo 25 del nuevo Reglamento y que también ha sido objeto de una importante revisión.

En el anterior Reglamento Bruselas I se distinguía entre el supuesto de que al menos una parte en el acuerdo de elección de foro estuviera domiciliada en la Unión Europea y el supuesto de que ninguna lo estuviera. La distinción desaparece en el vigente artículo 25 que se aplica con independencia del domicilio de las partes. La aplicación del precepto conlleva que el acuerdo de elección de foro deba adecuarse a la forma indicada por la norma material especial allí contenida en tanto que, también novedad, su validez material deba ajustarse a la ley del tribunal designado como competente por las partes en el acuerdo de elección de foro. El artículo 25 da un decidido espaldarazo a los acuerdos de elección de ley y el hecho de que tenga vocación de aplicarse siempre obliga a preguntarse sobre la conveniencia del paso dado por la Unión Europea suscribiendo el Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro. Comoquiera que este Convenio tiene visos de pronta aplicación precisamente por dicha adhesión, conviene indicar que cuanta con una cláusula de compatibilidad con el Reglamento Bruselas I bis de difícil lectura:

“El presente Convenio no afectará la aplicación de las normas de una Organización Regional de Integración Económica que sea Parte de este Convenio, adoptadas antes o después de este Convenio:
a) cuando ninguna de las partes sea residente en un Estado contratante que no es un Estado miembro de la Organización Regional de Integración Económica” (artículo 26.6 Convenio de La Haya de 2005).

Habrá que entender que las reglas del Convenio de La Haya de 2005 se aplican a los acuerdos de elección de foro en los que al menos una de las partes contratantes no sea residente en un Estado miembro (y, además, el acuerdo entre en el ámbito de aplicación de ambos instrumentos, etcétera puesto que no son coincidentes). De todos modos, también han de destacarse que el Reglamento Bruselas I bis ha buscado el paralelismo con el Convenio de La Haya de 2005 en lo que atañe al tratamiento del acuerdo de elección de foro.

El sector de la competencia judicial internacional todavía contiene más novedades interesantes respecto de terceros Estados, puesto que el artículo 6.1 del Reglamento Bruselas I bis también exime del requisito ‘demandado domiciliado en un Estado miembro’ a sus artículos 18.1 y 21.2 que se refieren, respectivamente, a

– el foro de ataque de los consumidores domiciliados en un Estado miembro e incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 17, que podrán demandar a un empresario domiciliado en un tercer Estado en el foro de su domicilio,

– el foro de ataque de los trabajadores quienes podrán demandar a un empleador domiciliado en un tercer Estado en el país del lugar de prestación habitual de trabajo o, en su defecto, del lugar donde se encuentre el establecimiento que hubiere contratado al trabajador.

No se hace mención en el artículo 6 del Reglamento Bruselas I bis a la sumisión tácita prevista en el artículo 26. Sin embargo, todo apunta a que este precepto también se aplicará siempre, con independencia del domicilio del demandado.

Por último, digno de mención especial es igualmente la modificación operada en las reglas de litispendencia y conexidad previstas en el Reglamento Bruselas I bis, que se refieren ahora también a procedimientos paralelos pendientes en terceros Estados, “tomando especialmente en consideración si las resoluciones de un tercer Estado podrán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado miembro de que se trate con arreglo a su legislación nacional y a la buena administración de justicia. A la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto de que conoce. Esta valoración puede incluir las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate, la fase a la que se ha llegado en el procedimiento en el tercer Estado en el momento en que se inicia el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro, y si cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable. En esa valoración se puede examinar asimismo si el órgano jurisdiccional del tercer Estado tiene competencia exclusiva para conocer del asunto concreto en circunstancias en las que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro tendría competencia exclusiva” (Considerandos 22 y 24).

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