Costa Rica: La contratación internacional de trabajadores frente a la Ley de Reforma Procesal Laboral.

Por Juan José Obando

En un tema de alta relevancia actual para el país centroamericano y sus socios comerciales, sin duda la decisión del Presidente Luis Guillermo Solís de levantar el veto al proyecto de ley 15.990 – ahora ley 9076- será un acto que determinará la percepción, positiva o negativa de su gobierno dependiendo de una diversidad de factores.

El apoyo y el rechazo que se pueda tener, dependerá en mucho de la visión ideológica y política de cada individuo. Lo cierto es que el impacto del proyecto en nuestra sociedad es evidente y será el tiempo el que demuestre que sector tendrá mayor razón en su visión.

Por ello pareciera pertinente, dado el momento actual en donde es posible que el Código entre en vigencia en 2016, presentar algunos comentarios sobre los aspectos de derecho internacional privado de la ley y en particular mostrar las similitudes y diferencias que se presentan con las actuales disposiciones del Código de Trabajo:


a) Regulación especial para las relaciones privadas internacionales de trabajo: Las modificaciones presentadas al Código de Trabajo mediante le Ley de Reforma Procesal Laboral vienen a dar un tratamiento diferenciado a las situaciones con elementos de extranjería. Esto es un factor positivo porque parte de una realidad que es el análisis diferenciado que debe realizarse para los contratos laborales que poseen elementos de extranjería. Para ello posee regulaciones específicas sobre competencia judicial internacional y derecho aplicable, algo inexistente en el Código de Trabajo actual. Hoy en día se debe acudir a las normas de competencia judicial internacional del Código Procesal Civil así como a las normas de conflicto del Código Civil.

b) Análisis específico de cada norma de derecho internacional privado: Las reglas del artículo 435 son las existentes en ésta materia. De ahí que resulta importante comentar cada inciso por separado:

ARTÍCULO 435.- En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales costarricenses:
1.- Para conocer pretensiones de personas domiciliados en Costa Rica, contratadas laboralmente en el país para trabajar fuera del territorio nacional. Se incluyen dentro de este supuesto los contratos iniciados en el territorio nacional y continuados en otros territorios.

Comentario: La norma de competencia internacional sigue el principio del domicilio, el cual mezcla con el lugar de contratación. De ésta forma parece de inicio haberse superado la antigua noción de vinculación de un foro judicial con las personas nacionales de un estado. Sin embargo, puede verse que existe una contradicción con el artículo 432.10 el cual es una norma de competencia interna, que viene a intentar complementar a la regla de competencia internacional, pero que termina por indicar que el tribunal costarricense competente para tramitar el proceso será aquel del lugar de celebración del contrato pero solamente se refiere a los contratos con trabajadores costarricenses, dejando así de lado el criterio del domicilio.

De ahí que en éste punto es muy evidente que no existió una lectura adecuada del proyecto por parte de ninguna de las instituciones públicas y privadas relacionadas con su aprobación. Esto sucede porque la norma del artículo 432.10 es una copia de la actual regla del numeral 427.f del Código de Trabajo. No se pensó por ello en la existencia de un cambio y se limitó a la repetición sin mayor análisis de una norma de competencia interna.

La norma del artículo 435.1 viene a otorgar competencia a los tribunales costarricenses si se presentan entonces varios factores acumulados. El primer factor es que se celebre un contrato de trabajo en territorio costarricense. El segundo factor es que se celebre entre un patrono –de quien no importa su nacionalidad o domicilio- y un trabajador domiciliado en Costa Rica –como indicamos no importa su nacionalidad-.

El tercer factor es que la labor vaya a ser realizada fuera del territorio costarricense. De ésta forma, por primera vez, nuestro sistema de normas laborales crea una cláusula de competencia internacional que rompe con el principio de territorialidad de forma expresa y que consolida un foro exorbitante o abusivo frente a la relación de trabajo.

Esto además se agrava con el hecho de que de acuerdo con inciso 3 in fine, el derecho aplicable debe siempre ser el costarricense.

Ésta norma llevará a varias consecuencias para las empresas extranjeras que contraten trabajadores que tengan su domicilio en Costa Rica.

Consecuencia primera: Si desean evitar la aplicación de la ley costarricense y de la forzada tramitación en Costa Rica de un contrato de trabajo realizado en otro país, deberán siempre celebrar el contrato en algún país distinto a Costa Rica o bien a través de internet.

Consecuencia segunda: Las cláusulas contractuales de competencia internacional y de derecho aplicable que indiquen una solución distinta a la indicada por el artículo son nulas, lo cual implica que nunca será posible reconocer una sentencia extranjera incluso si la obra o trabajo se realizó en ese país. Esto generará con facilidad contradicciones entre sentencias del país de realización de la obra y las costarricenses. La norma por ello potencia la inseguridad jurídica.

Consecuencia tercera: Será mejor para las empresas extranjeras evitar la contratación de trabajadores domiciliados en Costa Rica para realizar obras en el extranjero. Esto, claro está, no beneficia en nada a las personas con altos conocimientos técnicos y científicos que en muchas ocasiones logran colocarse en el extranjero.

Siempre será obligatorio, según esta norma, el pago de aspectos como el aguinaldo, las vacaciones, preaviso y cesantía, incluso si el trabajo se realiza fuera de nuestras fronteras. Por ello no es favorable para una empresa localizada fuera de Costa Rica arriesgarse a una potencial duplicidad de procesos laborales. A mi juicio, ésta no es una norma protectora del trabajador nacional o domiciliado en nuestro país, sino lo contrario.

2.- Cuando las pretensiones se originen en contratos de trabajo realizados en el extranjero, para ser ejecutados en forma indefinida y permanente, o por períodos que impliquen permanencia, en el territorio nacional.

Comentario: Según éesta norma, incluso si el contrato de trabajo es celebrado (realizado) en el extranjero, si la labor se ejecuta ya sea total o parcialmente en el territorio costarricense, los tribunales de Costa Rica gozarán de competencia y las normas sustantivas laborales aplicarán igualmente.

Para esta norma, es irrelevante tanto la nacionalidad y el domicilio de las partes. No se enfoca en aspectos subjetivos sino objetivos: el lugar de ejecución del contrato. Por ejemplo, una empresa localizada en Paris, no podrá escapar de la jurisdicción costarricense, si contrata a un trabador francés en Francia para realizar el diseño de un proyecto de bienes raíces desde Francia y con visitas temporales a Costa Rica.

Dado que la norma no da importancia al plazo de estancia en Costa Rica sino a la simple permanencia en el país aunque fuera temporal, la empresa francesa estaría siempre sujeta a una jurisdicción poco conectada con la realidad del contrato laboral.

Nuevamente nos encontramos frente a un foro exorbitante o abusivo y a una aplicación igualmente abusiva de la ley costarricense. Nótese que la empresa francesa, en ese ejemplo tan extremo debe pagar aguinaldo, auxilio de cesantía, preaviso y vacaciones.

Consecuencia: Será mejor no permitir que trabajadores extranjeros o costarricenses, que son contratados fuera de nuestro país, realicen obras acá. El contacto con dos jurisdicciones es penalizado y se potencia la duplicidad de sentencias. Esto porque las normas de competencia de los otros países sin duda dan protección especial también a los foros de ejecución principal de las obras y no las simples estancias en un territorio.

3.- Cuando las partes así lo hayan establecido contractualmente, siempre que alguno de ellos sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión con el territorio nacional. En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicará siempre a toda la relación de trabajo la legislación nacional, en lo que resulta más favorable al trabajador o trabajadora.

Comentario: Con el inciso tercero se presentan varias imprecisiones y contradicciones. Es de notar que se vuelve al principio de nacionalidad tan cuestionado en nuestros días. Es evidente que por razón de la nacionalidad no se puede discriminar a un individuo. De ahí que buscar otorgar una protección –buena o mala- a los nacionales y no a los extranjeros domiciliados en Costa Rica, atenta contra las normas prohibitivas de la discriminación consolidadas en el sistema de derecho local.

La norma en sí regula la llamada sumisión internacional. Ésta sumisión opera de forma limitada. Solamente podrá escogerse el foro costarricense y la aplicación consecuente de la ley costarricense si el trabajador o la empresa tienen la nacionalidad costarricense y se presenta un “criterio de conexión” con Costa Rica. Éste criterio podría ser el lugar de pago por ejemplo.

Consecuencia: La norma es muy contradictoria. Parece de inicio potenciar la autonomía de la voluntad, pero en realidad lo hace desde una perspectiva unilateral. Si se escoge el foro costarricense, incluso con el mínimo vínculo de la nacionalidad, todo parece estar bien. Pero si se intentara escoger un foro extranjero por las mismas razones esto será nulo. La norma consolida una visión chauvinista del sistema jurídico costarricense. Lo nuestro es mejor porque es nuestro.

4.- Cuando así resulte de tratados o convenios internacionales o de la prórroga expresa o tácita que pueda operarse en los términos de esos instrumentos. En el caso de la prórroga debe respetarse la competencia legislativa aplicable a la relación substancial, según el contrato o las normas y principios del Derecho Internacional, salvo pacto expreso en contrario.

Comentario: El último inciso busca respetar las disposiciones sobre competencia judicial Internacional expresadas en tratados internacionales. En éste momento únicamente el Código de Bustamante realiza ese tipo de regulaciones y se limita a los casos entre patronos y trabajadores nacionales de estados miembros.

La norma, al ser redactada de forma unilateral, solamente está indicando que se respeta la competencia otorgada por el tratado o bien en respeto a la prórroga o sumisión de las partes cuando los tribunales de Costa Rica son los elegidos. No hay referencia clara a los casos en donde se escoja por esas mismas razones un tribunal extranjero. Ciertamente debiera interpretarse que, acorde con el propio tratado internacional, dicho pacto o bien la solución de competencia internacional debe ser también respetada.

Finalmente se regula la determinación del derecho aplicable pero únicamente para los casos de prórroga de competencia. Se deja por fuera entonces la mención al respecto que debe darse al derecho aplicable que determinen las normas de conflicto del tratado internacional en los casos en que no exista prórroga de competencia.

Sin embargo, es de entender que debiera igualmente respetarse ese resultado. Se hace un intento de clarificar que esa “competencia legislativa” (o derecho aplicable) se respetará en virtud de la autonomía del las elección de las partes indicada en el contrato o bien pactada posteriormente así como se revisarán las normas de conflicto que determinen el derecho aplicable.

Consecuencias: Siendo que únicamente existe un tratado internacional que regula contratos laborales (Código de Bustamante) es necesario determinar conforme al mismo las posibles soluciones dadas en materia de competencia judicial internacional y de derecho aplicable.

El Código de Bustamante en realidad si permite que las partes elijan el foro competente (art. 318) siempre que una de las partes tenga la nacionalidad o el domicilio en el país elegido. Sin embargo, si la norma del inciso 4 del artículo 435 acá comentado se interpreta restrictivamente y de forma unilateral solo para beneficio de los tribunales costarricenses, únicamente será posible con ello respetar la competencia de los tribunales nacionales más nunca la de los extranjeros.

Esto volvería a causar una posible duplicidad de procedimientos incluso bajo el marco de la aplicación de un tratado internacional, generando una vez más inseguridad jurídica.

CONCLUSIONES: La Ley de Reforma Procesal Laboral contiene normas de conflicto y normas de competencia judicial internacional, lo cual la hace diferente al Código de Trabajo actual.

Sin embargo, el tratamiento de los casos internacionales se hace desde la óptica de un proteccionismo que va más allá de la territorialidad, lo cual rompe no solo el esquema inicial de protección del trabajador costarricense, sino que conlleva a la existencia de múltiples foros exorbitantes o abusivos que en realidad no potencian la atracción de inversión extranjera y que se consolidan como un serio desestimulo para la contratación de trabajadores nacionales o domiciliados en Costa Rica para labores en el extranjero.

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