Venezuela: Derecho aplicable a los contratos internacionales, la autonomía conflictual y el valor de la Lex mercatoria

Por Claudia Madrid Martínez

Ayer, 2 de diciembre de 2014, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó una decisión en la cual reconoció el valor de la Lex mercatoria para nuestro sistema de Derecho internacional privado.

En tal decisión, la Sala define a la Lex mercatoria como un conjunto de “Leyes de carácter privado, no coercibles, cuyo cumplimiento no es impuesto, sino que tienen efectiva vigencia en la práctica. Aceptadas y obedecidas voluntariamente por los intervinientes en el Derecho Comercial Internacional. Recopiladas por organizaciones internacionales que desempeñan actividades mercantiles”. Se destacan así las dos características principales del Derecho espontáneo: su carácter anacional y su falta de poder vinculante ex proprio vigore.

Así, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo según lo ordenado por esta Sala de Casación Civil en fecha 1 de junio de 2012, dictó sentencia el 18 de octubre de 2013, estimando “…SIN LUGAR la demanda…” por cobro de bolívares intentada por la sociedad mercantil Banque Artesia Nederland, N.V. contra Corp Banca, Banco Universal C.A.,

La decisión vuelve por ello a Casación, alegándose la falta de aplicación de los artículos 30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado, 9 del Código de Comercio y 12 del Código de Procedimiento Civil, además de las Reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, emitidos por la ICC, en su publicación UCP500 de 1993.

Para decidir, la Sala comienza por reconocer la imprecisión en la formalización del recurso de casación, lo cual, en condiciones normales, habría dado lugar a un rechazo del recurso. Sin embargo, en este caso, “…en su constante y firme afán de garantizar la efectiva aplicación de la justicia y la flexibilización de sus criterios, la Sala, procede a conocer el asunto que se le presenta, en virtud de la importancia que el tema comporta en la resolución de la controversia, advirtiéndose que lo que se desprende de los autos, es el desacuerdo de las partes con la ley aplicable al fondo del asunto, respecto a lo cual difieren, demandante y demandado”.

Aclarado este punto, la Sala se ubica en el terreno contractual y acude a las normas que, en la Ley de Derecho Internacional Privado, regulan la materia, pues no hay un tratado internacional vigente entre las partes involucradas en este caso (art. 1 LDIPV). Así, reconoce la Sala que las partes serán las llamadas en primer término a elegir el Derecho que deseen ver aplicado a su relación (art. 29 LDIPV) y, en defecto de elección, como ocurre en este caso, el Derecho aplicable habrá de determinarse de conformidad con los artículos 30 y 31 de la citada Ley.

Así, de conformidad con el artículo 30, “…a falta de la ya referida elección de las partes del derecho aplicable (al contrato), deberá el tribunal utilizar para resolver, el ordenamiento jurídico con el cual se encuentra más directamente vinculada la convención de la cual se trate. El vínculo más estrecho, denominado como el principio de proximidad, para cuya determinación el tribunal debe tomar en cuenta elementos objetivos y subjetivos, como por ejemplo: lugar de celebración y ejecución del contrato; y, nacionalidad o domicilio de las partes, respectivamente, así como los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales”. Dentro de estos últimos, se cuenta especialmente el caso de los Principios sobre Contratos Comerciales Internacionales, elaborados por UNIDROIT.

Por su parte el artículo 31 dispone que “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto…”.

En criterio de la Sala, “En armonía con las transcritas disposiciones, queda claro, que, ante una eventual controversia, cuando se trata de un contrato internacional, a falta de la elección de las partes o cuando ésta resultare ineficaz, debe el juzgador aplicar ‘…cuando corresponda…’, (esto es, de acuerdo con el caso concreto); la lex mercatoria, en la cual se incluyen los usos, costumbres y prácticas comerciales de general aceptación internacional”.

Para apoyar su decisión, la Sala cita el comentario que al artículo 31 de la Ley hiciera nuestro compañero Javier Ochoa Muñoz, en la Ley de Derecho internacional privado comentada que publicó la Universidad Central de Venezuela en 2005, bajo la coordinación de la doctora Tatiana Maekelt. En su opinión, los artículos 29, 30 y 31 deben ser interpretados de manera coordinada, pues tales normas constituyen una “clara unidad sistemática”.

En tal contexto, “el artículo 31 constituye un complemento de los artículos 29 y 30, en tanto que ordena aplicar ‘además de lo dispuesto en los artículos anteriores’, las ‘normas, principios, costumbres, usos y prácticas’ del comercio internacional”. Esta norma admite la aplicación de la Lex mercatoria, como un orden jurídico sustantivo llamado a complementar las disposiciones de la Lex contractus”.

Reconocido el valor de la Lex mercatoria, la Sala pasa a determinar el Derecho aplicable al contrato y determinó, acogiendo el criterio del tribunal de alzada, que resultaría aplicable el Derecho venezolano. Sin embargo, en opinión de la alzada, tal aplicación vendría dada “…por tratarse de una acción de daños derivados de una alegada relación contractual, siendo que el demandado y los hechos señalados en la demanda ocurrieron en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, situación de hecho, el lugar de verificación de los hechos litigiosos, que no ha sido controvertida en la presente causa, y así se decide…”.

Con semejante afirmación, la alzada aplica un criterio atributivo de jurisdicción, consagrado por el artículo 40,3 de la Ley para las acciones de contenido patrimonial, para determinar el Derecho aplicable.

De hecho, la propia Sala afirma que “…el juez superior, como ya ha sido descrito, atribuyó la aplicación del ‘…Derecho Venezolano…’ al ‘…lugar de verificación de los hechos litigiosos…’, cuando contrario a ello, por tratarse lo demandado, de una cobranza documentaria, como lo narra la parte actora en el libelo respectivo dicha convención debe regirse, en aplicación del artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado y por las razones suficientemente explanadas previamente; ‘…por el derecho indicado por las partes…’. En defecto de ello, por ‘…el derecho con el cual se encuentren más directamente vinculadas…’, para lo cual el tribunal debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato, los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales y como lo dispone el artículo 31 de la ley en mención, ‘…además…’, ‘…se aplicarán cuando corresponda…’, conforme al caso concreto, ‘…las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación…’”.

La Sala concluye entonces que, al haberse negado aplicación a las Reglas emitidas por la ICC en materia de créditos documentarios, además de falta de aplicación de las mismas, calificadas como expresiones de la Lex mercatoria, tampoco se dio debida aplicación a los artículos 30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Razón por la cual “…necesariamente se declara con lugar la falta de aplicación delatada”.

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