Brasil: vigencia del Convenio para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia

Por Luciane Klein Vieira

Finalmente, el 14 de noviembre de 2014, entró en vigencia, en el derecho interno brasileño, el Convenio de La Haya, del 25 de octubre de 1980, sobre el acceso internacional a la justicia, tras su publicación en el Diario Oficial del país, como Decreto nº 8.343.
La publicación del Decreto referido, expedido por el Presidente de la República, es el último acto necesario a la internalización de un tratado al derecho brasileño, autorizando, en otras palabras, a que sean aplicadas sus disposiciones a las relaciones privadas internacionales que tengan conexión con el Estado brasileño.
El 1º de septiembre de 2010, el Congreso Nacional había autorizado a que el país se obligase por los términos del Convenio, por medio del Decreto Legislativo nº 658. Esta medida fue necesaria para que el Presidente de la República o un plenipotenciario pudiesen comprometer el país con el cumplimiento del tratado. Respecto al tema, en esta ocasión, el Congreso determinó que se hiciera una reserva al art. 7º, apartado 2, que autoriza a que los pedidos de asistencia judicial sean tramitados en francés o inglés, ante la imposibilidad de traducción de los documentos al idioma oficial del país requerido.

Ante la aprobación del Convenio por el Poder legislativo brasileño, el depósito del instrumento de adhesión fue realizado el 15 de noviembre de 2011, en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. De este modo, el tratado pasó a entrar en vigencia internacional, para Brasil, a partir del 1º de febrero del 2012.
El Convenio, entre otras medidas, establece la igualdad de trato procesal, permitiendo que los nacionales de un Estado contratante, así como las personas que tengan residencia habitual en un Estado contratante, tengan derecho a obtener asistencia judicial en materia civil y comercial en cada uno de los Estados contratantes, en las mismas condiciones de sus nacionales o residentes habituales. Del mismo modo, como expresión de la igualdad referida, no permite que sea exigido, en virtud de la condición de extranjería, depósito o caución como garantía del pago de las costas judiciales.
Asimismo, otro punto de destaque del Convenio se refiere a la gratuidad y celeridad de los pedidos de asistencia judicial, que deben ser tramitados por medio de Autoridades Centrales designadas por los Estados, con el empleo de formularios, destinados a facilitar y simplificar el procedimiento.
En la actualidad, son 26 los Estados contratantes, siendo Brasil el único representante de América que, a la fecha, se ha adherido al Convenio. Aunque sea recomendable una actualización del mismo, en el sentido de privilegiar el uso de las modernas tecnologías para la trasmisión de las solicitudes entre Autoridades Centrales, entre otros aspectos, conviene señalar la importancia de su adopción por un número más expresivo de países, como medida destinada a ofrecer protección al litigante extranjero, asegurándole que esta condición no se constituya en una causal que autorice la discriminación en el acceso a la justicia.

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