Venezuela: El poder judicial venezolano no tiene jurisdicción para conocer las solicitudes de restitución internacional de niños que han sido sustraídos de Venezuela

Por Javier Ochoa Muñoz

Nuestro caso del día fue decidido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 29 de octubre.

Se trata de una solicitud de restitución internacional planteada por Virgelina Carrascal Cárdenas, madre de la niña sustraída, asistida por un defensor público en el Estado Mérida, Venezuela.

Según el relato de la solicitante en fecha “14 de diciembre de 2013, mientras se encontraba trabajando, su pequeña hija… estaba en su casa ubicada en Guayabones vía Cuatro Esquinas, Barrio Los Áticos calle principal casa s/n, cerca del estadio de Futbol, jurisdicción de la Parroquia Eloy Paredes del Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, en compañía de su hermana (…) y de manera repentina se presentó el progenitor… y se llevó a su hija …., sin su consentimiento y autorización, para la República de Colombia, Departamento Sucre del Municipio de San Juan de Betulia, Barrio Azul, cerca de la Plaza de Bolívar, donde vive el padre …” Asimismo expuso que “se ha comunicado por vía telefónica, con hijos y hermanos del progenitor, a quienes les ha manifestado su malestar por la forma arbitraria e inhumana que fue separada de su hija, una niña de apenas dos (02) años de edad.”

La madre fundamentó su solicitud en diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

El 10 de julio de 2014, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, declaró la “FALTA DE JURISDICCIÓN DEL PODER JUDICIAL para conocer de la presente solicitud de RESTITUCIÓN JUDICIAL”, por considerar que la misma es “una actividad que corresponde a la jurisdicción administrativa, en este caso al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (Departamento de Relaciones Consulares) actuando como Autoridad Central del Estado venezolano, quien es el competente en materia de restitución Internacional, teniendo la solicitante (personalmente o mediante apoderado), la carga de presentarse por ante ese despacho a los fines de tramitar la Restitución de su hija.” De manera que se trató como un asunto de falta de jurisdicción frente a la administración pública.

El expediente fue elevado a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de la consulta obligatoria que al respecto establece la legislación procesal venezolana. La decisión de la Sala, luego de citar normas y sentencias relacionadas a la materia, llegó a la misma conclusión del Tribunal de Primera Instancia, es decir, que corresponde a la Autoridad Central venezolana y no al poder judicial conocer dicha solicitud de restitución. Por esta razón, la Sala confirmó la decisión consultada, ordenando sin embargo, “la remisión inmediata de las copias certificadas de las actas procesales que conforman el expediente, así como de la presente decisión al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, por órgano de la Autoridad Central en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que se inicie el procedimiento de restitución internacional de la niña cuya identificación consta en autos.”

Los editores de Cartas Blogatorias generalmente tratamos de no emitir opiniones y cuestionamientos críticos, a fin de establecer un espacio más abierto para el debate y las contribuciones de cada uno de nuestros colaboradores y lectores.

En este caso, por tratarse de un asunto que afecta el Interés Superior del Niño, nos vemos en el deber de señalar que la sentencia contradice el texto de Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, amén de ir en contra de las tendencias y desarrollos actuales en la materia.

Son varios los puntos de desencuentro que tenemos con el fallo. En primer lugar, la Convención Interamericana sobre Restitución establece expresamente el carácter optativo entre las autoridades jurisdiccionales y las administrativas para presentar la solicitud de restitución:

“Artículo 6: Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención.
A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado Parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente, ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación.
El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo anterior no conlleva modificación de las normas de competencia internacional definidas en el primer párrafo de este artículo.”

Si bien la Autoridad Central es el órgano idealmente competente para tramitar la solicitud de restitución hacia el extranjero, ello no niega la jurisdicción de los tribunales, ni les impide tomar medidas que garanticen y protejan de manera más eficiente los derechos e intereses en juego.

El Tribunal de Primera Instancia podía dictar pautas para establecer la ilicitud de la sustracción, asegurar y clarificar la institución de la custodia de la niña y requerir el trámite de la restitución a la Autoridad Central venezolana.

Dicho carácter optativo entre las autoridades judiciales y administrativas, aunque no está explícitamente consagrado en la Convención de La Haya, ha sido siempre sobreentendido, pues se trata del derecho de acceso a la justicia. También es oportuno recordar que la Convención de la Haya, entre otras cosas, establece lo siguiente:

“Artículo 14.- Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrá tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, ya estén reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables.
Artículo 15.- Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, antes de emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solicitante obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor una decisión o una certificación que acredite que el traslado o retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, siempre que la mencionada decisión o certificación pueda obtenerse en dicho Estado. Las Autoridades Centrales de los Estados contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtenga una decisión o certificación de esa clase.”

Así, el tribunal que conoció el asunto en primera instancia habría contribuido mucho más a resguardar el interés y los derechos de la niña, si hubiere avanzado en relación a estos aspectos.

De modo que pensamos que la decisión de la Sala Político Administrativa, así como la sentencia de primera instancia consultada, deben ser discutidas y eventualmente corregidos sus planteamientos.

Ya hemos comentado en otro post que el Tribunal Supremo de Justicia ha elaborado un proyecto de Ley sobre Sustracción Internacional de Niños, cuyo contenido no conocemos todavía. Sería importante determinar qué dice este proyecto al respecto.

¿Qué piensan nuestros lectores?

2 comentarios en “Venezuela: El poder judicial venezolano no tiene jurisdicción para conocer las solicitudes de restitución internacional de niños que han sido sustraídos de Venezuela

  1. Gracias por compartir el caso!
    Comparto la opinión y cada uno de los argumentos que mencionan.
    Además, entiendo que resulta indudable que la protección de los derechos de los niños en estas situaciones y la urgencia que caracteriza a todos estos supuestos son motivos suficientes para que se active el principio de cooperación internacional y se ofrezcan soluciones dotadas de celeridad y eficiencia y no trabas legales.
    Coincido en que si bien la Convención de La Haya no contempla expresamente la opción de plantear la solicitud ante autoridades judiciales o administrativas se trata del acceso a la justicia y, agrego que, tanto la finalidad como el espíritu de este instrumento justifican la intervención de las primeras.
    En definitiva la demora y la respuesta negativa en el ámbito judicial van en detrimento de los derechos de la niña en este caso.
    Por último, a pesar de que no se ha aprovechado la oportunidad que ofrecen los arts. 14 y 15 de la Convención de la Haya, como uds. mencionan, considero positivo que el fallo ordene la remisión de las fotocopias certificadas de las actuaciones a las autoridades administrativas para que se inicie el proceso de restitución, que estimo debería cumplirse de oficio por el tribunal.

    1. Nieve, muchas gracias por tu comentario!! Para nosotros es un inmenso orgullo que la profesora Nieve Rubaja comparta sus opiniones en Cartas Blogatorias. Nieve es una distinguida profesora argentina, de la Universidad de Buenos Aires, autora de diversos artículos y libros en la materia, incluyendo el libro: “Derecho Internacional Privado de Familia Perspectiva desde el ordenamiento jurídico argentino.” Sus líneas de trabajo son precisamente los asuntos de familia, y entre tales, los problemas de sustracción internacional de niños han constituido uno de sus principales temas de enseñanza. De manera que su opinión tiene una gran relevancia en la región.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *