Venezuela: validez del acuerdo arbitral concluido por medios electrónicos

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 8 de octubre, la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronunció sobre la validez de un acuerdo arbitral concluido a través de Internet.

En efecto, en una demanda por cumplimiento de contrato incoada por Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., contra la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., esta última opuso la falta de jurisdicción como cuestión previa, fundamentándose en la existencia de un acuerdo arbitral. Ante este planteamiento, el tribunal de instancia la declaró sin lugar, debido a que el acuerdo arbitral “…no cumplía con los requisitos de validez y eficacia, por haber constatado el Juez de las actas procesales que dicho contrato de arbitraje nunca fue suscrito por las partes; en razón de lo cual declaró la jurisdicción de los Tribunales para conocer y decidir la causa”.

En este caso, el acuerdo de arbitraje resultó de un extenso intercambio de correos electrónicos entre las partes. Por lo tanto, la Sala entró a analizar la validez del mismo, pues de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.

La Sala acoge la doctrina asentada por la Sala Constitucional en el caso ASTIVENCA Astilleros de Venezuela, C.A., en el cual se aceptó que los órganos del Poder Judicial sólo pueden realizar un examen o verificación prima facie, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, examen que debe limitarse a la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje quedando excluido cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que puedan derivarse de la cláusula por escrito.

en el mismo caso, la propia Sala Constitucional calificó lo que ha de entenderse con la expresión “por escrito”. Así, “…el carácter escrito no se limita a la verificación de un documento -cláusula compromisoria- firmado por las partes a tal efecto -en el mismo documento del negocio jurídico u en otro instrumento-, sino además de circunstancias tales como la manifestación de voluntad que se colige del intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímiles u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo o del cual se derive la manifestación de voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, con lo cual el juez debe remitir el conocimiento de inmediato de la controversia al órgano arbitral que corresponda…”.

Partiendo de estos antecedentes jurisprudenciales, la Sala estima que “…de los correos electrónicos intercambiados entre las partes, se aprecia el acuerdo alcanzado por los contratantes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, para someter las controversias que pudiesen surgir a la decisión de un tribunal arbitral, sin que pueda inferirse en forma alguna renuncia expresa ni tácita al acuerdo arbitral… Igualmente, se observa que la parte demandada hizo valer oportunamente el pacto arbitral, por lo que en aplicación de la Ley y de los criterios jurisprudenciales expuestos, constata la Sala en el caso bajo examen elementos suficientes para concluir que la acción planteada debe ser admitida, sustanciada y decidida por un tribunal arbitral, en razón de lo cual la Sala establece que el Poder Judicial no tiene jurisdicción y, en consecuencia, declara con lugar el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la demandada y revoca el fallo recurrido dictado por el Juzgado remitente…”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *