Panamá: la Ley que contiene el Código de Derecho internacional privado en entredicho

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 8 de mayo se promulgó en Panamá, la Ley que contiene el Código de Derecho internacional privado, un instrumento que en poco más de 180 artículos regula “…los conflictos de jurisdicción internacional que tienen por objeto determinar el ámbito de competencia judicial de los tribunales panameños, ante una relación jurídica de carácter internacional o frente a toda causa que el juez panameño como un hecho o negocio jurídico de orden internacional que incida o produzca sus efectos en la República de Panamá. Además se aplicará para determinar la ley aplicable a las relaciones jurídicas que comporten tráfico jurídico internacional”.

Este instrumento entrará en vigencia el 8 de noviembre de este año. Sin embargo, según reporta la prensa local, algunos gremios empresariales y de abogados han manifestado cierto rechazo a la Ley y la diputada Ana Matilde Gómez ha presentado un anteproyecto de ley que propone su derogatoria. En su opinión, debe buscarse más bien “…un texto que regule las relaciones privadas en el ámbito internacional sin afectar de manera adversa los intereses económicos de Panamá y los panameños, ni contravenir las mejores prácticas internacionales en la materia”.

Además, el pasado 16 de octubre, la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, una modificación al proyecto para postergar la entrada en vigencia de la Ley 7 por un período de seis meses.

Los principales argumentos para oponerse a la vigencia de la Ley están relacionados con el hecho de que la Ley podría causar un impacto en la competitividad de Panamá en sentido general y, especialmente, para importantes sectores, como el bancario y el marítimo, y para la atracción de inversiones.

Además, según afirmaron las principales firmas legales panameñas, en una carta dirigida al Ministro de la Presidencia, la Ley perjudicará la competitividad de Panamá como jurisdicción. Su redacción, según se afirma en la carta es poco clara y dificulta las opiniones que son solicitadas a los abogados panameños por inversionistas extranjeros.

En concreto, se ha cuestionado la forma y el fondo de algunas de las soluciones contenidas en la Ley. Destaca entre las críticas, las soluciones dadas en materia de contratos de préstamo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la jurisdicción, el sometimiento de estas relaciones a una “jurisdicción neutral”, que no coincide ni con los tribunales del Estado de la entidad que hace el préstamo ni con los de aquel en que tiene su sede quien lo recibe.

Por otro lado, se cuestiona el hecho de introducir la obligación de redactar los contratos de préstamo e inversión en el idioma del prestatario y en español. Actualmente, según afirman los abogados que han redactado la carta, estos contratos se redactan generalmente en inglés, una solución diversa podría traducirse en la necesidad de traducciones que resultarán complejas y costosas en términos de tiempo y dinero. Lo cual impactará, en definitiva en la competitividad de Panamá

Por su parte, el Consejo de Servicios Internacionales afirmó que “Los bancos extranjeros no tendrán incentivos para hacer préstamos en Panamá, mientras que los inversores extranjeros no van a tener incentivos para comprar activos en Panamá”. De hecho, las restricciones vinculadas al idioma y a los tribunales competentes “…harán que los bancos corresponsales limiten el acceso del centro bancario panameño a financiamiento internacional y ello supondrá reducción de sus operaciones, liquidez, comercio internacional, que impactará los puestos de trabajo e ingresos para el país”.

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