Estados Unidos: Citaciones judiciales Internacionales en aplicación de las Convenciones de La Haya sobre Notificación y Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil y Mercantil e Interamericana Sobre Exhortos y Cartas Rogatorias.

Por Javier Ochoa Muñoz

El caso del día lo hemos tomado de nuestro amigo Ted Folkman, quien lo publicó recientemente en lettersblogatory.com.

El asunto trata de una demanda planteada por Mateo Mazoff ante tribunales de Florida en virtud de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en ese Estado. La demandada es Paola Alvarado-Fernández, de nacionalidad y domicilio colombianos. El accidente ocurrió con un vehículo rentado a la empresa Alamo por la hoy demandada.

Alvarado-Fernández interpuso una moción para que se desestimara el caso por defectos en la citación. La citación se había intentado practicar por diversas vías de manera infructuosa, hasta que finalmente se practicó mediante correo, conforme a las disposiciones correspondientes del Derecho de Florida.

El tribunal de primera instancia denegó la moción, y Alvarado-Fernández apeló. La decisión sobre la apelación fue dictada por la Corte Distrital de Apelaciones del Estado de Florida, Cuarto Distrito, el pasado 8 de octubre.

El alegato de la demandada se sostenía en que la citación no había cumplido con los requisitos establecidos por diversos tratados internacionales simultáneamente vigentes entre los Estados Unidos y Colombia: la Convención de La Haya sobre Notificación y Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil y Mercantil, la Convención Interamericana Sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y el Protocolo Adicional de esta última.

La Corte de apelaciones planteó un análisis de la aplicabilidad y obligatoriedad de los tratados internacionales. Sobre la base de los criterios asentados por precedentes jurisprudenciales de los Estados Unidos, la Corte hizo la distinción entre tratados “auto-ejecutables” (self-executing) y tratados “no auto-ejecutables” (non self-executing). De manera muy resumida podría decirse, siguiendo lo expuesto por la Corte de Apelaciones, que se consideran auto-ejecutables aquellos tratados cuya eficacia opera de manera automática una vez que son ratificados. Los tratados que no son auto-ejecutables son aquellos que requieren la promulgación de algún acto legislativo especial para adquirir obligatoriedad frente a los tribunales.

En ese sentido, el tribunal trajo a colación diversas sentencias de Cortes de Estados Unidos, en las cuales se ha aclarado que la Convención Interamericana no es de carácter obligatorio ni exclusivo, es decir, que no debe aplicarse de manera obligatoria y única en sus supuestos de aplicación.

Es de recordar, en efecto, que la propia Convención Interamericana establece lo siguiente:
“Artículo 15: Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.”

La Corte de Apelaciones estableció que la Convención Interamericana no es auto-ejecutable y no tiene carácter de ley suprema en ese país, razón por la cual carece también de fuerza obligatoria. Se trata de un particular enfoque técnico de la eficacia del tratado. Realmente, en el ámbito internacional, la Convención Interamericana no requiere de actos legislativos posteriores a la ratificación para entrar en vigencia. Cuando un Estado parte solicita cooperación a través de esta convención, empleando las vías y requisitos previstos en ella, el otro Estado parte requerido está obligado a cumplir con la solicitud en los términos de la Convención. Pero ésta última deja claro que pueden aplicarse otros tratados o prácticas más favorables de los Estados en esta materia.

En todo caso, la Corte estimó correctamente que la falta de cumplimiento de los requisitos de la Convención Interamericana no acarrea necesariamente la invalidez de la citación, pues realmente esta no es carácter exclusivo ni obligatorio.

En cuanto a la Convención de La Haya, la Corte sí la consideró un tratado auto-ejecutable y obligatorio, pero dicha Convención habría entrado en vigencia para Colombia el 1º de noviembre de 2013, y la citación impugnada se había efectuado con anterioridad a esa fecha, por lo cual se consideró que su falta de aplicación no afectaba tampoco la validez de la citación.

Tal como advierte nuestro colega Ted Folkman, la Convención de La Haya no se considera en la jerga técnica de las convenciones provenientes de ese foro de codificación como una convención “obligatoria”, sino “exclusiva”. Esta distinción es realmente confusa. En todo caso, la Convención no aplica obligatoriamente a todos los supuestos, pero cuando concurren los casos previstos en ella, ésta tiene que aplicarse de manera exclusiva, lo que en realidad la convierte de algún modo en obligatoria.

En el caso comentado, sin embargo, la falta de vigencia de la Convención para el momento en que se practicó la citación conforme a las reglas del Estado de Florida, llevó al tribunal a sostener que la citación era válida, por lo cual denegó la apelación.

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