México: normas aplicables a la carta rogatoria proveniente del extranjero

Por María Mercedes Albornoz*

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió a principios de este año, por mayoría de votos, el Amparo en Revisión 391/2012, interpuesto en un caso relativo a una carta rogatoria proveniente de Estados Unidos, cuya finalidad consistía en emplazar a juicio a una empresa establecida en la ciudad de Puebla, estado de Puebla, México.

La Tesis Aislada extraída de dicha resolución reza:

“CARTA ROGATORIA. CUANDO SU TRAMITACIÓN SE SUSTENTA EN EL CONVENIO SOBRE LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, RESULTA INAPLICABLE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA RELATIVA A ESA MATERIA.

Si se considera que en el contenido de la declaración I y de los artículos 1 a 7 del Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2001, se prevén los requisitos concernientes a la solicitud de notificación, la autoridad a quien se dirigen y a la que corresponde verificarlos y establece, además, los documentos que deben adjuntarse, la certificación que tiene que levantarse, así como las fórmulas modelo que deben requisitarse; ello trae consigo que resulte inaplicable, para validar los requisitos de la carta rogatoria, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, dado que en México la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores es a quien corresponde verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos, al haber sido designada como autoridad central para su recepción, conforme a la declaración I del citado convenio, en atención al principio de derecho que establece que la ley especial prevalece sobre la general.”

La empresa mexicana cuestionó la legalidad de su emplazamiento al juicio instaurado ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, División Houston, practicado por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y, por consiguiente, de todo lo actuado posteriormente en el juicio extranjero. Obtuvo la protección constitucional de la justicia federal (Juez de Distrito), cuya sentencia, sometida a revisión, fue revocada por la presente resolución del Tribunal Colegiado.

El cuestionamiento del emplazamiento llevado a cabo como consecuencia de una carta rogatoria se fundaba en que el notificador verificó el domicilio de la empresa a emplazar con el dicho de vecinos, sin haber asentado sus nombres y domicilios. Pero, además, resulta que la persona con quien entendió la diligencia manifestó que era empleada de la empresa a emplazar.

Se trataba entonces de un problema de formalidades de la notificación y para resolverlo era preciso identificar las normas aplicables al mismo, comenzando por las de fuente internacional, dada su superioridad jerárquica con respecto a la legislación común.

El solicitante de amparo alegaba que se habían violado los artículos 14 y 16 constitucionales –por no habérselo emplazado al juicio de origen–, así como los artículos 8, 10 y 11 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, más lo establecido en la legislación local. Adujo que, dado que el Código de Comercio no tiene una reglamentación específica para el emplazamiento, resulta por ende aplicable lo dispuesto en los artículos 309 a 312, 317 y 318 de la ley adjetiva civil federal, de los cuales se desprende, en relación con los artículos 49, 57, 58 y 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que en el emplazamiento deben observarse todas las formalidades.

Mientras que el Juez de Distrito otorgó el amparo sustentándose en el incumplimiento de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional, el Tribunal Colegiado resolvió que la misma es inaplicable en este caso. Partiendo de la constatación de que, al efectuar el emplazamiento, el notificador dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, sus argumentos centrales son dos:

• si la solicitud de emplazamiento se sustentó en el Convenio de La Haya “éste es el que resulta aplicable para la validación de los requisitos de la carta rogatoria, evidenciándose que es a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien le corresponde verificar que las solicitudes cumplen con los requerimientos ahí previstos, al haberse designado como autoridad central”, y

• “si el juicio seguido en el extranjero en contra de la persona moral quejosa, es de naturaleza comercial, es inconcuso que sí cobra aplicación el Convenio sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, al regir sobre dichos actos; sin que sea aplicable la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional, como lo sostuvo el resolutor federal, en virtud de que, atendiendo al principio de derecho donde se establece que la ley especial prevalece sobre la general, se llega a la conclusión de que el primero de los convenios citados es el que debe regir, porque se particulariza sobre las materias civil y comercial, mientras que el segundo de los nombrados es de carácter general al regir sobre los exhortos y cartas rogatorias”.

El Tribunal Colegiado agrega, sin embargo, que el Convenio de La Haya no establece “las formalidades que deben seguirse en la práctica del emplazamiento” y que entonces se debe atender a la norma aplicable. Dado que se trata de un asunto de quiebras, que en México estaría regido por la Ley de Concursos Mercantiles, busca las formalidades allí. Comprueba no obstante que existe una laguna normativa, por lo que debe acudirse a las legislaciones que sean supletoriamente aplicables.

En este sentido, se toma en consideración lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Concursos Mercantiles, a saber:

“Artículo 8°. Son de aplicación supletoria a este ordenamiento, en el orden siguiente: I. El Código de Comercio; II. La legislación mercantil; III. Los usos mercantiles especiales y generales; IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y V. El Código Civil en materia federal.”

El tribunal continúa la búsqueda en el Código de Comercio, donde no halla una respuesta, que finalmente logra encontrar en el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículos 310, 311 y 317) y considera cumplida en el emplazamiento en cuestión.

Asimismo, destaca que “conforme a la secuencia establecida en esa norma [artículo 8° de la Ley de Concursos Mercantiles], la legislación a la que debe acudirse en forma supletoria, es el Código Federal de Procedimientos Civiles, sin que surta aplicación la ley adjetiva civil del Estado, como lo refiere la impetrante de garantías, debido a que esa norma no se encuentra en el listado de las leyes que son supletorias a la de concurso mercantil”.

Y agrega que, “en oposición a lo indicado por la solicitante de amparo, el emplazamiento no se torna ilegal, por el hecho de que el notificador en el acta respectiva, indicara que verificó el domicilio con el dicho de los vecinos, sin asentar sus nombres y domicilios, toda vez que el elemento que cobra relevancia en tal verificación, no es éste, sino el dicho de la persona con quien entendió la diligencia, la cual manifestó que era empleada de la empresa quejosa, siendo esto suficiente para tener por satisfecho ese cercioramiento”.

Por consiguiente, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa quejosa contra los actos del notificador, siendo legal el emplazamiento efectuado.

* Profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, México. Doctora en Derecho, Université de Paris II.

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