Venezuela: Amparo constitucional contra un arbitraje en el extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

El primero de agosto pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por Enterprise Renta Car, C.A., contra Enterprise Rent A Car Company y National Arbitration Forum.

El caso se planteó porque, a raíz de una solicitud de registro de marca intentada por la empresa venezolana ante las autoridades de registro marcario venezolanas y la posterior oposición presentada por la empresa estadounidense, se inició un procedimiento de arbitraje ante el National Arbitration Forum, en el cual se incluyó a la empresa venezolana, sin que, según la demandante, ésta haya consentido en el compromiso arbitral.

Paralelamente al inicio del arbitraje, la empresa norteamericana Enterprise Rent A Car Company había presentado una demanda judicial en la Isla de Curazao, contra la empresa Erca Rent A Car N.V, cuyos accionistas eran los mismos de la empresa venezolana demandante en amparo.

En la acción de amparo se alega que las acciones intentadas por la empresa norteamericana buscan generar una vinculación del caso con el extranjero y “violar el principio de jurisdicción”, afectándose también su derecho a la defensa y al debido proceso.

En síntesis, la empresa accionante en amparo solicitó: “1- Que no sea afectada de forma alguna por ningún acto legal o cuasi legal emanado de Autoridad Judicial Extranjera, declarando en su oportunidad la ineficacia de dicho acto y sus resultas dentro del Territorio de la República Bolivariana de Venezuela y el no Acatamiento del mismo por ninguna autoridad o persona natural o jurídica legalmente establecida en la República Bolivariana de Venezuela. 2- Que se oficie lo conducente a cualquier Autoridad Extranjera en la cual se haya instaurado algún Proceso en contra de la empresa ENTERPRISE RENTA CAR C.A. haciéndole saber que la única exclusiva y excluyente Jurisdicción de la misma es la República Bolivariana de Venezuela, por la condición de ser la mencionada una empresa netamente Nacional sin intereses fuera de las fronteras Patrias y por así establecerlo tanto nuestro Ordenamiento Jurídico Vigente así como la Ley de Derecho Internacional Privado”.

La Sala declara “improponible en Derecho” la acción de amparo. Para llegar a tal conclusión la Sala comienza por analizar su propia competencia para conocer del caso. A tales efectos, la Sala reconoce que la acción de amparo constitucional encuentra su regulación en el artículo 27 de la Constitución, norma de conformidad con la cual:

“Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales”.

Al tratarse de un control mixto en la Constitución, la competencia para conocer de las acciones de amparo se encuentra distribuida atendiendo a criterios relativos a la materia –naturaleza del derecho constitucional invocado–; al sujeto agraviante y al territorio –lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. Esta diversidad de criterios es reconocida por el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En este caso concreto, la Sala aprecia que los hechos denunciados no se verifican dentro del territorio venezolano. La controversia se produce entre Enterprise Rent-A-Car (Enterprise Holdings, Inc.) y la sociedad mercantil accionante, en relación al conflicto que se desarrolla ante los Tribunales de Curazao, así como por ante la National Arbitration Forum.

La demandante tampoco cuestiona o alega violación alguna dentro del procedimiento administrativo respecto a la oposición de un registro de marca ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, “…el asunto planteado excedería respecto de las competencias de esta Sala Constitucional o de otros órganos jurisdiccionales, en primer lugar, por cuanto el control de la presunta denuncia carece de un control jurisdiccional por parte de los tribunales venezolanos, por lo que mal podría pronunciarse respecto de la competencia o remitirse la competencia a otro órgano jurisdiccional, en virtud de que se denuncian posibles violaciones constitucionales derivadas de procedimientos arbitrales y judiciales de tribunales extranjeros, en los cuales la parte accionante tendrá la carga de ejercer su derecho a la defensa, ya que, en principio, escapan del control constitucional por parte de esta Sala y, en segundo lugar, como consecuencia indefectible de la anterior, en virtud de que los presuntos hechos denunciados no son objeto de control de la misma –conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como en el artículo 25 numerales 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia–”.

Tampoco consta, según aprecia la Sala, que se esté tramitando una solicitud de exequátur, para declarar la ejecutoria de sentencias de autoridades extranjeras, “…cuestión que, excepcionalmente, si podría ser controlada por las Salas competentes para el conocimiento de la misma…”. Pero tratándose de una acción preventiva respecto de una posible decisión del tribunal arbitral y una demanda ante un tribunal de Curazao, “…su control escapa de la revisión de los órganos jurisdiccionales venezolanos mientras no se haya resuelto internacionalmente la disputa judicial entre particulares y se pretenda su ejecución en el territorio de la República”.

En definitiva, “…no existe una decisión judicial que pueda ser objeto de control y ejecución por parte de los órganos jurisdiccionales, ya que el presente amparo se ejerce con una finalidad preventiva, ante lo cual, mal podría otorgarse protección alguna cuando no existe una solicitud de autoridad extranjera sobre la ejecución preventiva de bienes en la República o la ejecución de una decisión firme, y más aún cuando en los referidos procesos judiciales pueden resultar satisfechos, tanto sus derechos constitucionales como sus pretensiones procesales”.

La Sala, además, parece deslindarse del criterio que hasta hace muy poco tiempo había seguido en materia de amparo contra laudos arbitrales extranjeros, al declarar que “…en relación a la ejecución del laudo arbitral en el territorio venezolano… el mismo se encontraría sujeto a una efectiva solicitud de ejecución, pero no a la impugnación mediante esta vía –amparo constitucional–, dado al reconocimiento absoluto del efecto negativo del principio kompetenz-kompetenz que rige el arbitraje, siendo el objeto de control solo la ejecución en el territorio venezolano del laudo, sin que pueda extenderse dicho control a otras jurisdicciones, ya que el juez ordinario no es el juez natural para conocer sobre el fondo de la controversia y por el reconocimiento efectivo del referido principio”.

La Sala, luego de reconocer la importancia del principio Kompetenz-Kompetenz citando decisiones anteriores del propio Tribunal Supremo y los artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial y II,3 del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, concluye que “…resulta necesario destacar que ante la posibilidad que el propio accionante señala respecto de la eventual ‘ejecución’ del Laudo en la República, ello habilitaría en todo caso a la parte ‘perdidosa’ a oponerse a tal ‘ejecución’ por ante la misma autoridad a la que se le haya pedido semejante ‘ejecución’; todo ello conforme a las normas procedimentales del foro, y a los tratados internacionales aplicables al país de que se trate”.

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