Venezuela: Se acepta la derogatoria convencional de la jurisdicción venezolana en un asunto laboral

Por Javier Ochoa Muñoz

Nuestro caso del día fue decidido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el pasado 23 de julio. Se trataba de una demanda de daño moral y cobro de prestaciones sociales planteada por un ciudadano venezolano, en virtud de una relación laboral convenida en Venezuela y ejecutada principalmente en Venezuela, según el demandante. La empresa demandada, Control Components Inc., CCI, tenía sede en California, Estados Unidos. En el contrato de trabajo habían estipulado una cláusula sometiéndose a las leyes y a los tribunales de California.

El análisis de la Sala sigue la metodología acostumbrada en los casos de Derecho Internacional Privado, según la cual, luego de identificar los elementos de conexión con el extranjero, se invoca el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, que establece el orden de prelación de las fuentes de esta rama del Derecho. Se descarta la existencia y posible aplicación de tratados internacionales vigentes con Estados Unidos, que rijan la materia, por lo que se determinó que la jurisdicción debía resolverse conforme a las respectivas normas de la propia Ley de Derecho internacional privado.

De manera un poco ambigua la Sala estima que, en principio, habría jurisdicción conforme al criterio del domicilio del demandado establecido en el artículo 39 de la Ley citada. Al respecto, observa que aunque se trata de una sociedad con domicilio en California, en este caso aplica la presunción establecida en el Código de Comercio venezolano, norma de conformidad con la cual “…Las sociedades que constituidas también en país extranjero sólo tuvieren en la República sucursales o explotaciones que no constituyan su objeto principal, conservan su nacionalidad, pero se les considerará domiciliadas en Venezuela…”

La Sala parece suponer que dicha compañía, en efecto, tenía una sucursal o explotación en el territorio venezolano, pues deja sentado que a partir de esta regla puede afirmarse la jurisdicción.

Sin embargo, al analizar la cláusula contractual sobre la jurisdicción, la Sala observa que en el caso no se presentan ninguno de los impedimentos para renunciar válidamente a la jurisdicción venezolana previstos en la propia Ley de Derecho internacional privado (art. 47 “La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o de árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano”).

Aun tratándose de un asunto relativo a daños morales y de naturaleza laboral, la Sala consideró que el caso, además de no versar sobre bienes inmuebles situados en Venezuela y no tratarse de materia de prohibida transacción, tampoco afectaba principios esenciales del orden público venezolano. En consecuencia, debía declararse la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos.

Se trata de un precedente que se separa del criterio tradicionalmente adoptado, según el cual en materia laboral, la jurisdicción se considera inderogable por acuerdos entre las partes.

No obstante, luego de tales análisis, la sentencia observa que las partes llegaron a una transacción para poner fin a los litigios. En virtud de la transacción, la Sala asumió jurisdicción para homologarla y finalizar el proceso de esa manera.

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