Venezuela: la legalización o apostilla en un documento extranjero no influye en su valor probatorio

Por Claudia Madrid Martínez

En meses pasados, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó una sentencia, en el caso Sergio de Pánfilis Gutiérrez vs. Zulia Towing And Barge Company, C.A., en la que dejó clara la relación entre la legalización o, en su caso, la apostilla, y el valor probatorio de los documentos extranjeros.

En efecto, al decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el demantante, la Sala se pronunció, entre otras cosas, sobre la denuncia de suposición falsa fundamentada en el hecho de que el juez superior calificó de forma incorrecta algunos de los documentos promovidos, toda vez que en su criterio tales instrumentos se encuentraban debidamente apostillados y en consecuencia debían ser considerados como documentos públicos y como tal debieron ser valorados.

 
La Sala califica como inadecuada la fundamentación del demandante, pues éste no se refiere a un hecho positivo y concreto, limitándose a denunciar la calificación jurídica que hace el juez ad quem y la tarifa legal aplicable, lo cual resulta de tal calificación.

Así, fundamentándose en el principio de la tutela judicial efectiva, la Sala entra a analizar las características y efectos del proceso de legalización, así como a las normas jurídicas aplicables al tratamiento de las pruebas en cuestión, aun cuando tengan elementos de Derecho extranjero.

En primer término, la Sala define el proceso de legalización como “…el método tradicional para autenticar documentos públicos, en sentido amplio, verbigracia actas de nacimiento, matrimonio y defunción, sentencias; también puede incluir documentos provenientes de un funcionario o vinculados a una corte, tribunal o comisión; una certificación notarial de firmas o una constancia de registros comerciales entre otros, para ser usados en el extranjero, expresado en otras palabras, lo que se pretende mediante la legalización es que dicho documento pueda ser utilizado en un país diferente a aquel en el cual ha sido emitido, por ello debe autenticarse su origen”.

Además, precisa la Sala, Venezuela es parte del Convenio de La Haya para suprimir la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, instrumento que facilita la circulación de los documentos públicos emitidos por un Estado parte y que deban ser utilizados en otro, también parte del Convenio, siempre que el documento esté debidamente apostillado. así, la apostilla sustituiría el proceso de legalización entre los Estados partes del Convenio.

Ahora bien, la Sala aclara que la apostilla estampada en un documento público autentica su origen, pero no hace que el mismo adquiera la máxima valoración legal como instrumento probatorio, con lo cual, no es la apostilla lo que hace que su fuerza se equipare a la de un documento público interno.

La valoración de la prueba depende, más bien, de otras reglas, en este caso, los artículos 38 y 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado. La primera de la normas citadas ordena la aplicación del Derecho que regula la relación jurídica correspondiente a los medios de prueba, su eficacia y la determinación de la carga de la prueba; y del Derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa la prueba a su sustanciación procesal.

La valoración de la prueba está sometida así a la Lex causae, y, por tratarse de documentos relativos al funcionamiento de una persona jurídica, se hace necesario recurrir al artículo 20 de la misma Ley, norma de conformidad con la cual la existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el Derecho del lugar de su constitución. Por lugar de su constitución se entiende aquél donde se cumplen los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.

La Sala concluye que “De las normas supra transcritas se desprende, por una parte, que las reglas de derecho que resultan aplicables a la prueba de los actos, al medio, su eficacia y la distribución de la carga de la prueba, cuando estén vinculadas con elementos foráneos, es el derecho que rige la relación jurídica respectiva, y por la otra, si la relación jurídica consiste en la existencia, funcionamiento y disolución de personas jurídicas privadas, deberán observarse las normas que rigen en el lugar de constitución, es decir, donde se cumplan los requisitos de forma o fondo que evidencien su nacimiento”.

Sobre la base de estas consideraciones la Sala desestima la denuncia de la parte recurrente, quien, como se ha afirmado, vincula la apostilla al valor probatorio de los documentos que la contienen.

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