La deuda argentina y el proyecto de Ley de Pago Soberano

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 20 de agosto, el gobierno argentino presentó al congreso un proyecto de Ley de Pago Soberano. Este instrumento, cuyo objetivo fundamental es el pago soberano local de la deuda de Argentina, declara como de interés público la reestructuración de la deuda externa llevada a cabo en 2005 y 2010, “…así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina; y, por consiguiente, la aplicación de los contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones…” (art. 1).

Mas según informó el Ministro de Economía Axel Kicillof, “…no se trata de un cambio de jurisdicción sino de una nueva modalidad para asegurar que la Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos”.

La idea es “…implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los Títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010…”, en salvaguarda del orden público nacional y de los contratos celebrados en el marco de dicha Reestructuración…” (art. 2).

Una de esas medidas es la remoción del Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y la designación, en su reemplazo, de Nación Fideicomisos S.A., “…todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a los Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los Títulos Reestructurados…” (art. 3).

Para mantener en fiducia los fondos depositados y aplicarlos al pago de los bonos de deuda renegociada, se creará una cuenta especial (art. 4), con la se harán los pagos y para cuyo manejo se ha autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (art. 5). Las divisas distribuidas entre los tenedores serán de libre disponibilidad de los mismos (art. 6).

De conformidad con el artículo 7 del proyecto de Ley, “En caso que con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados, sus tenedores optaren –en forma individual o colectiva– por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a los títulos…”, el Ministerio de Economía podrá realizar un canje por títulos que, en condiciones financieras idénticas y de igual valor, estarán sometidos a la Ley y la jurisdicción argentinas.

También se autoriza al Ministerio de Economía a realizar el canje de títulos que, fueren elegibles y que no hubieran entrado en la reestructuración de 2005 y 2010 (art. 8).
Se crea además, una cuenta especial de Nación Fideicomisos S.A. en el Banco Central de la República Argentina, abierta “…en virtud de la buena fe de la Nación Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente aceptada del término pari passu” (art. 9).

Finalmente, ha de destacarse que el artículo 12 califica la Ley como de orden público, con lo cual su aplicación no podrá ser excluida convencionalmente.

Recordemos que fue el orden público, precisamente, el principal motivo por el cual, en fecha 6 de marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, negó el exequátur a la sentencia dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez Thomas Griesa, el 12 de diciembre de 2007, en la cual se condenó a la República Argentina a pagar a la Claren Corporation la suma de USD 7.507.089, por concepto de capital e intereses vencidos de los títulos Bonos Externos Globales 1997/2017.

En tal decisión, la Corte afirmó que las normas dictadas por los Órganos constitucionalmente habilitados, y mediante los cuales el Estado Nacional ejerce facultades respecto de la posibilidad de que en épocas de graves crisis económicas limite, suspenda o reestructure los pagos de la deuda para adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas, a la prestación de los servicios esenciales y al cumplimiento de las funciones estatales básicas que no pueden ser desatendidas, “…integran el orden público del Derecho Argentino, por lo cual no puede concederse el exequátur a la sentencia de un Tribunal extranjero que es claramente opuesta a esas disposiciones”.

Por su parte, el juez Griesa reaccionó calificando la presentación del proyecto como un acto “inválido e ilegal”. El magistrado convocó con urgencia a una audiencia, a solicitud del fondo Elliot, y reiteró su llamado a las partes para negociar. Además rechazó el pedido de algunos de los fondos de declarar en desacato a la República Argentina, por considerar la inutilidad de semejante declaración.

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