Caso del día: El exequátur y la competencia de la Sala de Casación Social en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes

Por Claudia Madrid Martínez

La escasa claridad de las normas venezolanas en materia de competencia para conocer de los casos de exequátur de sentencias extranjeras ha dado pie, por un lado, a casos de múltiples remisiones entre tribunales con la consecuencial pérdida de un valioso tiempo, y, por otro, a la creación de nuevos criterios en casos especiales.

Ambos fenómenos pueden apreciarse en el caso resuelto por la Sala de Casación Civil del Tribunal de Justicia venezolano, en fecha 13 de mayo de 2014.

En efecto, ante la citada Sala se presentó un caso que ya había hecho un largo recorrido, y al cual aún le quedaba un trecho por recorrer. Se trata de la solicitud de exequátur de una sentencia de divorcio dictada en fecha 10 de enero de 2007, por el Tribunal de Gran Instancia de Nanterre, Juez en Asuntos Familiares de la República de Francia.

La solicitud fue presentada por Gerald Jean Gabriel Fabresse contra su ex cónyuge Anne Marie Camille Falgayrac, ante el Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Luego de la distribucion, el conocimiento de la causa le correspondió al Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mas éste se declaró incompetente, argumentando que “…en el caso de autos se encuentra involucrado un menor de edad, tal como se desprende de la decisión cuyo exequátur se solicita, así como de la propia solicitud…”, razón por la cual declinó la competencia en el Tribunal Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial.

Este último, a su vez, se declaró incompetente pues “…el procedimiento que dio lugar a la sentencia de divorcio objeto del presente exequátur, tuvo carácter contencioso”, por lo que, de conformidad con el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, declinó la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

La remisión a esta Sala obedece a que la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorga competencia tanto a la Sala de Casación Civil (art. 28,2) como a la Sala Político Administrativa (art. 23,26). Esta doble atribución de competencia se debió probablemente a un error material. Recordemos que, hasta 2004, la competencia estuvo en manos de la Sala Político Administrativa.

El caso es que la Sala Político Administrativa planteó un conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión a la Sala Plena del Tribunal Supremo para dirimirlo, en virtud de que ambos tribunales tienen competencias materiales distintas. Finalmente la Sala Plena reconoció la competencia de la Sala de Casación Civil, fundamentándose en el carácter contencioso de la causa y sobre la base de los artículos 28,2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala Civil, sin embargo, consideró necesario “…previo cualquier otro pronunciamiento, analizar el alcance y aplicación de las sentencias dictadas de manera sobrevenida por la Sala Social en fecha 8 de octubre de 2013 y de la Sala Constitucional de fecha 20 de febrero de 2014, relacionadas con la determinación de la competencia en los casos vinculados con niños, niñas y/o adolescentes, a los fines de determinar su aplicación al caso concreto”.

En las citadas decisiones, se resolvió que en los casos en que, la sentencia extranjera cuya fuerza ejecutoria se solicite, involucre “…directamente la esfera jurídica de un niño, niña o adolescente, la autorización judicial para darle eficacia jurídica a la misma, debe estar a cargo de un órgano especializado inserto dentro del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, esto es, en el caso que las sentencias extranjeras sean de naturaleza contenciosa, deberán ser resueltos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y en los casos no contenciosos, corresponderá su conocimiento a los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos”.

La propia Sala Constitucional –en la decisión, antes citada– ha reconocido la competencia de la Sala Social para conocer de aquellas solicitudes de exequátur de sentencias extranjeras en las que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes, siempre que el asunto sea de carácter contencioso.

Así la cosas, la Sala Civil procedió a la desaplicación, por control difuso de la constitucionalidad, del artículo 28,2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala afirmó que “…la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita, además de pronunciarse sobre la disolución del vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos Gérald Jean Gabriel Fabresse y Anne Marie Camille Falgayrac, también se pronunció sobre las consecuencias del divorcio para el niño nacido de dicha unión, en el que se acordó el régimen de visitas, el ejercicio de la patria potestad, la residencia habitual del menor, la manutención del niño, entre otros; de allí que a tenor de lo estipulado en el referido fallo, se puede apreciar que en el caso bajo se examen se ha producido la incompetencia sobrevenida de esta Sala por tratarse de un asunto contencioso que repercute directamente sobre la esfera jurídica de un menor de edad”.

Sobre la base de tales razonamiento, la Sala declinó su competencia en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la remisión del expediente a la mencionada Sala para su sustanciación y posterior decisión, conforme a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano para la tramitación del procedimiento de exequátur.

Luego de este recorrido, debería seriamente pensarse en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que aclare las reglas del juego, y no exponga a las partes al criterio del juez en relación con el control difuso de la constitucionalidad del artículo 28,2 en cada caso concreto.

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