Caso del día: acción mero declarativa de concubinato interpuesta por Xiaoqiong Dai

De nuevo el interés superior del niño como criterio atributivo de jurisdicción

Por Claudia Madrid Martínez

En fecha 4 de junio de este año, la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó una sentencia, en la cual se pronunció sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de una acción merodeclarativa de concubinato entre Xiaoqiong Dai –la solicitante– y Rutain Peng (en mandarín) o Yu Tim Pong (en cantonés), quien había fallecido en Canadá, país al que acudió para tratarse una enfermedad que le fuera diagnosticada y que le causó la muerte.

El caso fue presentado por Xiaoqiong Dai ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Allí, además de solicitar la declaración de la existencia de la unión concubinaria por casi 12 años –y durante la cual se procrearon dos hijas, aun menores del edad–, solicitó medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles propiedad del de cuius, situados en Venezuela, y el cese del poder general de administración y disposición otorgado por el finado tanto a su concubina, como a los ciudadanos Liufang Peng, John Yu Chung Sien Yuen, Peng Ruhua, Liang Min y Peng Bai Cheng, debido a que, a pesar de su fallecimiento, estos seguían disponiendo de los bienes del finado, los cuales habían pasado a formar parte del acervo hereditario que corresponde a la ciudadana Xiaoqiong Dai y a sus dos hijas.

Una vez designada, la Defensora Pública asumió la representación judicial de las menores de edad, para posteriormente rechazar su nombramiento y solicitar la falta de jurisdicción frente al juez extranjero, por cuanto las niñas tenían su residencia habitual en China.

El juez de instancia declaró la falta de jurisdicción, argumentando que “…las niñas, hijas de la peticionante residen fuera del país bajo los cuidados y más concretamente bajo la custodia de su abuela, que en concreto desconoce este juzgador el status y las condiciones legales de la representación y otros aspectos vinculados a las instituciones familiares, pero que en definitiva constituyeron su residencia habitual en aquel país lejano, en el que cursan sus estudios regulares. Por lo que siguiendo las normas mencionadas y de los hechos fácticos expuestos por la peticionante en el escrito libelar, permiten a este sentenciador considerar que en este caso el Poder Judicial no tiene JURISDICCIÓN para conocer y decidir del presente asunto por disposición propia de la Ley, y así debe ser declarado”.

Posteriormente, el apoderado judicial de Xiaoqiong Dai, afirmó que las hijas de su representada habían terminado de cursar sus estudios en China, por lo que regresaron a Venezuela, donde fijaron su residencia definitiva. Para probar tal afirmación, consignó constancias de residencia de las niñas en Venezuela.

Ahora bien, declarada la falta de jurisdicción por el tribunal de instancia, el caso, conforme a los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil venezolano, fue remitido en consulta a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo.

A los fines de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer y decidir de la solicitud de reconocimiento de una unión concubinaria, la Sala estimó necesario considerar los siguientes aspectos:
i) se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento correspondería, en principio, a la jurisdicción civil ordinaria;
ii) la solicitante, quien ejerce la patria potestad de las menores de edad, está domiciliada en Venezuela;
iii) el ciudadano Rutain Peng ó Yu Tim Pong (fallecido) tenía, igualmente, su domicilio en este país;
iv) la unión estable de hecho se desarrolló en territorio venezolano;
v) las niñas son de nacionalidad venezolana y se encuentran viviendo en el territorio de la República;
vi) los bienes inmuebles propiedad del hoy difunto y sobre los cuales se está solicitando medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, se encuentran en Venezuela.

“Aunado a lo anterior, visto que hay dos niñas de edad involucradas en el caso bajo estudio, resulta imperativo hacer referencia al principio de interés superior del niño previsto en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece… ‘Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes’. (Destacado de la Sala)”.

Así, sobre la base del principio del interés superior del niño, también consagrado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Sala afirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de la causa, considerando que en virtud del tal principio “…existe una vinculación efectiva del asunto bajo estudio con la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la solicitante se encuentra domiciliada en este país, al igual que sus hijas, quienes además son venezolanas. Motivo por el cual son los tribunales venezolanos los que deben conocer del caso, debido a que el juez podrá estar en contacto directo con las niñas y evaluar su entorno social, asegurándoseles, de esa forma, el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. Aunado al hecho de que, conforme al artículo 1° de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Estado venezolano debe garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en su territorio, siendo este un tema de orden público”.

Luego concluye que “…una eventual declaratoria de la falta de jurisdicción supone un perjuicio para las niñas de edad, quienes estando residenciadas en territorio venezolano deberán esperar los resultados de un juicio que se sigue en un país extranjero sin su presencia, y que, al mismo tiempo, tendrá efectos directos sobre ellas”.

No es esta la primera vez en la cual, la jurisdicción de los tribunales venezolanos, se fundamenta en el principio del interés superior del niño, dejando de lado los criterios de jurisdicción consagrados por el sistema venezolano de Derecho internacional privado.

En efecto, a pesar que la jurisprudencia venezolana, en general, reconoce el carácter de orden público de la determinación de la jurisdicción, lo cual imposibilitaría cualquier intento de flexibilización, algunas decisiones de la Sala Políticoadministrativa parecen admitir una solución diferente.

Así, en 2010, a través de una decisión posteriormente reiterada, la Sala afirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos, en el juicio de divorcio de una pareja con hijos menores de edad. En este caso, el demandado tenía su domicilio fuera de Venezuela, por lo que el juez debió recurrir a los criterios supletorios en materia de relaciones familiares contenidos en el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Así, comprobó que no hubo sumisión y que no había transcurrido el tiempo exigido por la Ley para que el demandante se considerase domiciliado en Venezuela, de manera que pudiera aplicarse el principio del paralelismo.

La Sala, en lugar de declarar la falta de jurisdicción pues no se verificó ninguno de los criterios consagrados por el sistema venezolano, afirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos, dejando claro que ella “…como todas las autoridades del Estado, está en la obligación de atender como consideración primordial al interés superior del niño. Por tanto, al encontrarse directamente interrelacionada la presente demanda de divorcio, con los derechos de los menores de edad antes referidos en lo atinente a la guarda, obligación alimentaria y régimen de visitas, siendo tales instituciones materia de orden público de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, corresponde en consecuencia a los tribunales venezolanos conocer del presente caso. Ello así, aunado al hecho de que la cónyuge demandante es de nacionalidad venezolana y estuvo domiciliada en este país con anterioridad a la interposición de la demanda, que ambos niños nacieron en territorio nacional, y que el matrimonio fue celebrado en Venezuela, debe por tanto este Alto Tribunal declarar que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción para conocer del caso de autos”.

Esta flexibilidad a la hora de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos abre, sin duda, algunas puertas cuyas ventajas o desventajas solo podrán evaluarse con el tiempo.

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