Caso del día: Cardona et al. vs. Chiquita Brands International Inc. y Chiquita Fresh North America Llc.

La justicia quedó “Chiquita” para más de 4.000 demandantes colombianos.

Por Javier Ochoa Muñoz

Las empresas bananeras Chiquita Brands International Inc. y Chiquita Fresh North America Llc. lograron que se desestimaran las demandas presentadas en los Estados Unidos por más de 4.000 colombianos, que solicitaban una indemnización por el asesinato y tortura de sus familiares, presuntamente perpetrados por grupos paramilitares colombianos con los cuales Chiquita habría hecho negociaciones.

La sentencia fue dictada el pasado jueves 24 de julio, por la Corte del Undécimo Circuito de Apelaciones del estado de Florida. En ella se decidió, dos votos contra uno, que los tribunales estadounidenses no tenian jurisdicción para conocer del caso, porque todos los hechos relevantes sucedieron fuera de ese país.

La decisión vuelve a levantar uno de los temas quizás más relevantes de la actualidad de los litigios civiles internacionales, como lo es la posibilidad de demandar civilmente a las corporaciones transnacionales, por violaciones a derechos humanos en jurisdicciones diferentes del lugar donde ocurrieron los hechos.

Defensores de los derechos humanos habían encontrado en el Alien Torts Statute Act (ATS) de Estados Unidos, una vía ideal para reclamar en ese país, los daños ocasionados por empresas en otros territorios, cuando dichos daños comportasen violaciones del Derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, estos intentos encontraron un fuerte revés en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., decidido en abril de 2013 por la Corte Suprema de Justicia de ese país. Palabras más, palabras menos, la Corte estableció que el ATS no aplicaba a la responsabilidad de las corporaciones por hechos acaecidos fuera de territorio estadounidense, a menos que el caso se relacionase o concerniese de alguna manera al territorio de ese país “con suficiente fuerza”.

La empresa Chiquita se había declarado culpable de haber realizado pagos entre 1997 y 2004 al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Argumentaron que ésta había hecho tales pagos bajo amenaza de sufrir hechos de violencia contra sus trabajadores. Los demandantes, constituidos esencialmente por familiares de trabajadores de las plantaciones bananeras, presuntamente asesinados y torturados por las AUC, responsabilizaron a Chiquita de los hechos y solicitaron indemnizaciones.

Los abogados de algunos demandantes colombianos dijeron a Reuters que planean pedir más revisiones en el Undécimo Circuito y en la Corte Suprema, si es necesario. A diferencia del precedente de Kiobel, en este caso las dos empresas demandadas sí son empresas norteamericanas, domiciliadas, una en Delaware y otra en Ohio, tal como lo sostuvo el Juez Martin, en su opinión disidente.

Aunque sin duda seguiremos informando de este caso, que seguramente atraerá mucha atención de la comunidad profesional y académica, conviene considerar que poco antes de la decisión del caso Kiobel, un informe de la International Law Association (ILA) había advertido que ni el reconocimiento de la inmunidad a las corporaciones por reclamaciones fundamentadas en el ATS, ni una limitación territorial de la jurisdicción de los tribunales federales de Estados Unidos en el marco del ATS, pondrían fin a la litigación internacional por los derechos humanos, para lo cual el ILA ha propuesto las “Sofia Guidelines on Best Practices on International Civil Litigation for Human Rights Violations”, aprobadas por la reunión de esa asociación, llevada a cabo en Sofía, Bulgaria en 2012.

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