Caso del día: Azar vs Azar. Amparo contra sentencia. La Sala Constitucional venezolana se pronuncia sobre la citación del no presente en Venezuela.

Por Javier Ochoa Muñoz

En fecha 17 de julio de 2014 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió sobre un amparo contra sentencia, relacionado con la citación del no presente en el territorio nacional.

Los antecedentes del caso son los siguientes: la demandante, María Fabiola Azar Guédez, venezolana y domiciliada en Venezuela, había logrado el reconocimiento de su condición de hija de Jorge Azar Aris, mediante un juicio de inquisición de la paternidad que se extendió durante 7 años. A la muerte de Jorge Azar Aris, María Fabiola Azar Guédez interpuso ante los tribunales venezolanos una demanda de partición de la comunidad hereditaria (admitida en junio de 2013) en contra de la viuda del causante y sus hijos, todos los cuales se encontraban residenciados en Miami. Sin embargo, tanto la viuda como los hijos del señor Jorge Azar Aris, habían conferido poder a varios abogados para administrar y disponer de los bienes de la sucesión, con expresas facultades para darse por citados.

La citación de los demandados se efectuó por medio de uno de sus apoderados en julio de 2013, quien firmó la citación y actuó como tal en el expediente, consignando el poder que acreditaba su representación. Sin embargo, en agosto de 2013, el mismo apoderado solicitó la reposición de la causa al momento de admitirse la demanda, alegando que la demandante no había cumplido con los requisitos relativos a la citación del no presente contemplados en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil venezolano. De conformidad con la norma y con la práctica judicial, el demandante debe demostrar la ausencia del demandado, lo cual se hace generalmente a través de un informe de movimientos migratorios expedido por la autoridad venezolana de inmigración. Una vez que se demuestra la ausencia del demandado, se puede citar en la persona de su apoderado si lo tuviere.

A pesar de que el poder de los demandados mencionaba su domicilio en Miami, y a pesar de que dicho poder había sido consignado en autos por el propio apoderado, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, consideró que debía reponerse la causa al momento de la admisión de la demanda, decisión que confirmó el Tribunal Superior que conoció en apelación. Este último consideró que “…una vez admitida la acción, le correspondía a los demandantes agotar la citación de los Co-demandados mediante su citación personal, y de no lograrse ello, dependiendo de si los Co-demandados se encontraban en el país o no, se debió proceder con la publicación de carteles.

En realidad, lo que establece el artículo 224 es lo siguiente:
Cuando se compruebe que el demandado no está en la República, se le citará en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado por Carteles, para que dentro de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser menor de treinta días ni mayor de cuarenta y cinco, según las circunstancias, comparezca personalmente o por medio de apoderado. Estos carteles deberán contener las menciones indicadas en el artículo anterior y se publicarán en dos diarios de los de mayor circulación en la localidad, que indicará expresamente el Juez, durante treinta días continuos, una vez por semana. Si pasado dicho término no compareciere el no presente, ni ningún representante suyo, el Tribunal le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación.”

Contra la decisión de la apelación, la demandante interpuso una acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El amparo fue decidido de “mero derecho”, esto es, sin procedimiento de audiencia, por cuanto “…existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?

Respecto del artículo 224 del Código de Procedimiento Cevil, la Sala observó que “(l)a intención que subyace en su redacción no es simplemente el cumplimiento de los requisitos que establece per se, si no agotar la posibilidad cierta de que aquél que no se encuentre dentro del país, se entere de que ha sido demandado y pueda defenderse frente a la pretensión de condena propuesta en su contra por el accionante. Por ello, la norma autoriza a emplazar a la persona de su apoderado, si lo tuviere, y si no lo tuviere, o si habiendo constituido apoderado éste se negare a representarlo, se convocará al demandado por carteles. Nótese que el dispositivo normativo privilegia la citación del apoderado, y sólo si ello no es posible, bien porque no tenga o porque teniéndolo no lo quiera representar, se procede a la publicación por carteles. La finalidad última de la norma no es la mera publicación de carteles, ante la circunstancia comprobada de que el accionando se encuentra fuera de la República, si no la circunstancia cierta de que a través de éstos llegue a tener conocimiento de la demanda. Así las cosas, los carteles son sólo el canal o el instrumento en que confía el legislador para hacer posible el principio de publicidad que exige el proceso judicial que se inicia.”

En virtud de estas consideraciones decidió la Sala que una reposición de la causa en este caso era “…no sólo contraria a Derecho sino además inútil… Es decir, no puede interpretarse el mandato del artículo 224 del Código de Procedimiento Civil en su aspecto formal por encima de la realidad de las circunstancias de hecho, que en el presente caso, evidenciaban el hecho cierto e inequívoco de que la citación se había practicado en persona capaz y facultada para ello.”

En consecuencia consideró que a la demandante se le habían violado los derechos constitucionales contemplados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, violándose también su artículo 257 según el cual:

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”

Así, pues, el recurso de amparo fue declarado con lugar, anulándose las decisiones impugnadas y ordenando la continuación del juicio de partición.

Un comentario en “Caso del día: Azar vs Azar. Amparo contra sentencia. La Sala Constitucional venezolana se pronuncia sobre la citación del no presente en Venezuela.

  1. Ese argumento de que “por costumbre” siempre se han realizado las cosas de cierta forma (contrarias a la Ley, por lo general) se desarticula afirmando que “siempre se han hecho MAL”. Estoy de acuerdo con la decisión de la Sala con respecto a la citación del no presente, el artículo es muy claro en que los carteles solo se libran en caso de no poder contar con representación la persona accionada.

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