España: el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y Mercantil

Por Laura Carballo Piñeiro*

El Consejo de Ministros recibió el día 4 de julio el informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y mercantil.

Aunque todavía queda un largo e impredecible trecho por recorrer para que este anteproyecto realmente pueda convertirse en Ley, la noticia es una novedad en sí misma considerada, si se tiene en cuenta que la Disposición Final Vigésima de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 ordenaba la aprobación de la susodicha ley en el plazo de seis meses tras su entrada en vigor, ocurrida en 2001.

Contraviniendo este mandato, el Derecho procesal civil internacional ha sido largamente ignorado por el Parlamento español a salvo algunas puntuales correcciones y la imprescindible reforma de los artículos 955 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Allí se contiene la reglamentación del procedimiento de reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, y su reforma se produjo principalmente para remediar el anacronismo de que todavía fuera el Tribunal Supremo español el único competente para conocer del exequátur.

La misma Ley de 1881 regula otros procedimientos de Derecho internacional privado, la Ley Orgánica del Poder Judicial se ocupa del auxilio judicial internacional y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 también toca algunas cuestiones como la abstención de oficio de los tribunales españoles en caso de incompetencia judicial internacional o la prueba del Derecho extranjero.

El Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y Mercantil viene a paliar esta dispersión legislativa y, sobre todo, a llenar lagunas y modernizar instituciones que precisan adaptación al nuevo contexto internacional.

El creciente protagonismo de la Unión Europea y la firma de muchos otros convenios internacionales remedian grosso modo la carencia de leyes especiales de Derecho internacional privado en España. Pero generan otros problemas, señaladamente la falta de coherencia interna, que ponen de relieve la ausencia de un modelo de cooperación jurídica internacional.

El citado Anteproyecto busca proveer este modelo, siempre asumiendo su condición de subsidiario respecto de las citadas fuentes del Derecho por razón de los principios de jerarquía y de primacía, y de otras leyes del ordenamiento jurídico español que se aplican de forma prioritaria sobre la base del principio de especialidad, como puede ser la Ley 22/2003, Concursal.

Es por ello que su ámbito de aplicación material es limitado, dejando fuera cuestiones que ya están reguladas en leyes especiales como la asistencia jurídica gratuita internacional, la adopción internacional o la sustracción internacional de menores.

Concretamente y como indica la Exposición de Motivos, “se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo y atiende al principio de reciprocidad, pudiendo el Gobierno exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente, debiendo en la interpretación y aplicación de la presente Ley procurarse una tutela internacionalmente efectiva de los derechos e interés legítimos de los particulares”.

De los aspectos substantivos regulados en el Anteproyecto cabe destacar los siguientes:

–       Asistencia judicial internacional: se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central y se detalla el auxilio judicial, tanto pasivo como activo, en materia de notificación y traslado de documentos judiciales, y de obtención de pruebas. Expresamente se permite el empleo de cualesquiera medios tecnológicos en la práctica de diligencias procesales siempre y cuando no tenga coste alguno para la jurisdicción española.

De particular interés es la habilitación a los órganos jurisdiccionales españoles para que se comuniquen directamente con órganos jurisdiccionales de otros Estados, siempre dentro del respecto a los respectivos ordenamientos jurídicos y la independencia judicial.

–       Prueba del Derecho extranjero: se introducen disposiciones aclaratorias del modelo contenido en el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que ha dado lugar a diversas interpretaciones en la práctica de los tribunales. Por ejemplo, se aclara que se ha de aplicar el Derecho español en el caso de que sea imposible la prueba del Derecho extranjero. Por otra parte, se regula la petición de informaciones de Derecho extranjero, pero también de Derecho español por parte de autoridades extranjeras.

–       Litispendencia y conexidad internacionales: el nuevo Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ya prevé la litispendencia y conexidad internacionales respecto de terceros Estados. La reglamentación del Anteproyecto español alcanza a aquellas materias no incluidas en el citado Reglamento con una propuesta muy similar a la allí contenida.

–       Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras: a pesar de las reformas sufridas, los artículos 951-958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 mantienen una redacción decimonónica que ha debido de ser actualizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el Anteproyecto, esta institución recibe la atención que se merece destacando la mejora de los procedimientos, puesto que, por ejemplo, se regula el reconocimiento incidental, hasta ahora sólo admitido de forma puntual en materia de familia. También se contempla expresamente el caso del reconocimiento de sentencias dictadas en procesos colectivos.

–       Cooperación jurídica internacional en materia extrajudicial: el Anteproyecto también se ocupa de la notificación y traslado de documentos públicos, incluidos los notariales, previendo expresamente la posibilidad de comunicación directa de los autorizados por notario.

Igualmente, se regula la ejecución de documentos públicos ejecutivos para la que no se requiere exequátur, aunque sí la comprobación de que en el ordenamiento donde se han formado cumplen una función equivalente a los españoles y no contravienen el orden público. Parte también de la cooperación jurídica internacional es la inscripción de documentos públicos extranjeros en los Registros públicos españoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de títulos extranjeros, que ha de hacerse en aplicación de la ley española.

En general, el Anteproyecto también se preocupa de la adaptación de títulos extranjeros, esto es, cuando se contemplen medidas o se refieran a instituciones o derechos desconocidos para el ordenamiento jurídico español, el Registrador español u otras autoridades competentes han de proceder a adaptarlos al Derecho español sin que, por ello, puedan producir más efectos que los previstos en el ordenamiento de origen.

Desde un punto de vista técnico, el Anteproyecto merece una valoración positiva siendo mérito importante su coherencia con otras fuentes del ordenamiento jurídico español, en particular el Derecho de la Unión Europea, pero también otros convenios internacionales.

Ello sólo puede contribuir al buen funcionamiento de la justicia española en la medida en que facilita el trabajo de los operadores jurídicos y, en consecuencia, las relaciones internacionales. A estos efectos, es importante destacar que, aunque presidido por el principio de reciprocidad, esta medida de retorsión tiene una presencia residual en su articulado donde predomina otro principio, el de cooperación leal.

Todo ello presidido por el fundamento constitucional que lo inspira, el derecho a la tutela judicial internacional efectiva.

*Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad de Santiago de Compostela

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