Un trago amargo desde Lago Agrio: Las vicisitudes en la ejecución de la multimillonaria sentencia ecuatoriana dictada contra la Chevron Corporation por daños ambientales.

Por Manuel A. Gómez*

En el panorama actual de los litigios transnacionales, muy pocos asuntos pueden medirse en notoriedad y complejidad con la batalla legal librada entre la multinacional petrolera Chevron Corporation y un grupo de indígenas ecuatorianos por más de dos décadas.

La pieza central del caso, que se conoce como “Lago Agrio”, es un litigio ecuatoriano que concluyo a finales de 2013 con la confirmación parcial de una sentencia que condenó a la Chevron a pagar 8.640 millones de dólares a la parte demandante (Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Sala de lo Civil y Mercantil, en Aguinda Salazar y otros contra Chevron Corporation, Juicio verbal sumario 174-2012).

Sin embargo, durante los últimos ocho años las partes también han recurrido a múltiples otras vías incluyendo arbitrajes internacionales, procedimientos ante el sistema interamericano de derechos humanos, juicios penales, procedimientos administrativos, procedimientos de ejecución y otros mecanismos procesales, en por lo menos cinco países diferentes.

Una de las aristas del caso que más ha ocupado la atención de los analistas y expertos es la tramitación de un procedimiento por fraude incoado por Chevron contra todos los participantes en el litigio ecuatoriano (U.S. District Court SDNY, Chevron Corporation v. Steven Donziger et al. 11 Civ. 0691 (LAK)) con fundamento en la ley contra la corrupción y el crimen organizado (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act 18 U.S.C. §§ 1961–1968, o RICO Act por sus siglas en inglés). Uno de los seguimientos más exhaustivos y valiosos comentarios sobre este caso los ha venido haciendo Ted Folkman a través de Letters Blogatory.

El procedimiento judicial RICO, en el que recientemente una corte federal de distrito en Nueva York sentenció a favor de la transnacional petrolera, constituye un trago amargo para los demandantes pues les ha impedido ejecutar la sentencia ecuatoriana en los Estados Unidos, que es el lugar donde Chevron tiene sus activos más importantes.

Sin embargo, desde 2012, los demandantes también han iniciado trámites para obtener el reconocimiento y la ejecución de la sentencia ecuatoriana en Argentina, Brasil y Canadá, lo cual a su vez ha representado un trago amargo para Chevron. En cada una de estas jurisdicciones, se han presentado vicisitudes procedimentales interesantes que ponen de relieve lo difícil que resulta en la práctica el trámite de la ejecución judicial de una sentencia extranjera.

En el caso argentino, la solicitud de ejecución fue sobre un mandamiento de embargo ejecutivo dictado en Ecuador contra bienes propiedad de Chevron Argentina SRL, Ing. Norberto Priú SRL, CDC ApS y CDHC ApS, bajo la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares (CIDIP-II). Luego de haber obtenido un embargo en primera y segunda instancia, los demandantes sufrieron una derrota cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó los embargos por considerar que la ejecución había obrado contra personas distintas a la demandada Chevron Corporation, lo cual a su criterio violaba el orden público internacional argentino.

En las cortes canadienses, la solicitud de ejecución también fue presentada contra una empresa afiliada (Chevron Canada) y no contra la demandada en el juicio ecuatoriano, lo cual trajo a colación la posible utilización de la teoría del levantamiento del velo corporativo durante la ejecución de una sentencia extranjera. El basamento legal de la ejecución no fue por virtud de un tratado sino de las normas de ejecución canadienses. Luego de un revés en primera instancia, los demandantes obtuvieron un fallo favorable por la Corte de Apelaciones de Ontario ante lo cual Chevron ejerció un recurso extraordinario. Por tanto, el caso aún está pendiente por decisión ante la Corte Suprema de Canadá.

En Brasil, la solicitud fue presentada directamente contra Chevron Corporation, también con basamento en las normas pertinentes del derecho brasileño, pero aún está pendiente de decisión por el Tribunal Superior de Justicia (Superior Tribunal de Justiça o STJ por sus siglas en portugués). Una particularidad interesante de lo que ha ocurrido en Brasil es que la demandada le ha pedido al STJ que rechace la solicitud de ejecución de la sentencia ecuatoriana tomando en cuenta la decisión dictada en el procedimiento de fraude norteamericano que concluyó que la misma había sido obtenida mediante fraude y que por tanto –a la luz del derecho norteamericano- estaría viciada y no podría ejecutarse. La pregunta central para el STJ es si ello también viola el orden público de Brasil. Aunque el STJ aún no ha decidido, en un comentario posterior nos referiremos con más detalle a los argumentos de las partes y a su posible viabilidad a la luz de las leyes vigentes en el país suramericano y su posible utilización en otras jurisdicciones.

Mientras tanto, ambas partes continuarán experimentando la amargura de un litigio que se resiste a terminar y que se complica cada día.

* Profesor Asociado, Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (EUA), Investigador Libre Asociado de la Universidad Metropolitana (Venezuela), e Investigador del Centro para la Profesión Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford (EUA).

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